La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a Venezuela del miércoles al viernes de la próxima semana, con una agenda que incluye reuniones separadas con el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, según un comunicado citado por Reuters.
Guaidó se proclamó presidente interino en medio de una crisis política que se ha profundizado por sanciones de EEUU que buscan derrocar al Gobierno socialista.
Bachelet, que fue presidenta de Chile, había dicho en un informe publicado en marzo que las fuerzas de seguridad de Venezuela, apoyadas por milicias progubernamentales, habían reprimido protestas pacíficas con un uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas.
La visita, por invitación del Gobierno, precede a una sesión de tres semanas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se espera que los países occidentales critiquen al Gobierno de Maduro por el uso excesivo de la fuerza y una mala gestión que, acusan, ha provocado escasez crónica de alimentos y medicinas.
"Bachelet estará con víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos y con sus familiares. También se reunirá con representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad empresarial y sindicatos, líderes religiosos y académicos", dijo la declaración de su oficina.
"Hemos tenido años denunciando las sistemáticas violaciones de derechos humanos y hemos conseguido que la ONU venga a Venezuela, ahora tienen que ver lo que está pasando", dijo Guaidó el viernes en gira en el estado Mérida, en el oeste del país sudamericano.
El también jefe del Parlamento hizo un llamado a protestar en los próximos días para que "la ONU vea, el mundo lo vea, para que no puedan ocultar la tragedia". No precisó cuándo se reuniría con la Alta Comisionada.
Maduro dice que es víctima de un intento de golpe de estado liderado por Estados Unidos, mantiene el apoyo de las fuerzas armadas y el control de las funciones estatales.
El colapso económico de Venezuela ha causado una hiperinflación, escasez de abastecimiento y la migración de más de cuatro millones de personas.
Miles de venezolanos trataron de cruzar a Perú sin visa antes de la medianoche del sábado
Miles de venezolanos se apresuraron el viernes por llegar a la frontera norte de Perú con la esperanza de ingresar al país andino antes de la medianoche, cuando entrarían en vigor nuevos requisitos legales para los migrantes de la nación petrolera, reportó Reuters.
Los niños eran los más numerosos entre la multitud de migrantes que llegaron a la ciudad fronteriza peruana de Tumbes el viernes. El 15 de junio era la fecha límite para que Perú comenzara a pedir pasaporte y visa a los migrantes venezolanos, como parte de una nueva medida que busca velar por la seguridad interna.
Solo el jueves, 5.849 venezolanos cruzaron la frontera, un aumento de alrededor de 1.500 y 2.000 personas por día en los meses anteriores, según la oficina de inmigración de Perú.
"Fue fatal!", dijo una migrante venezolana que pidió ser identificada solo como Rosmaura sobre su viaje de una semana desde Maracaibo, Venezuela, a Tumbes con sus dos hijos.
En medio de la presión en la frontera, el Gobierno de Lima relajó su medida en favor de niños, mujeres embarazadas y para los mayores de 60 años que tengan a familiares viviendo en Perú.
La oficina de migraciones dijo el viernes que por razones humanitarias se admitirá el ingreso al país de ese grupo de personas solo con su documento de identidad, sin la exigencia del pasaporte, para que se reúnan con sus parientes residentes.
Rosmaura, de 25 años, temía que después del sábado no pudiera traer a Perú a su hija de cinco años porque carece de pasaporte, que según ella cuesta entre 200 y 500 dólares por adquirirlo en Venezuela, una tarifa imposible para la migrante.
La mujer afirmó que espera llegar a Chile. "La mayoría de mi familia está allí", dijo desde el punto de control fronterizo en Tumbes, donde los niños dormían en las aceras.
Temor a un ingreso masivo
La agobiante crisis humanitaria y económica en Venezuela bajo el Gobierno de Maduro ha desencadenado la peor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina, obligando a países como Perú, un país en desarrollo de unos 32 millones de personas, a lidiar con un aumento de la migración sin precedentes.
Hace dos años, Perú había introducido nuevas leyes migratorias para acoger a los migrantes venezolanos. Se repartieron cientos de miles de tarjetas de residencia a los venezolanos para que pudieran trabajar, ir a la escuela y acceder a la atención de salud pública.
Pero el masivo ingreso cambió la percepción del Gobierno, en medio de crecientes temores de que los migrantes venezolanos estén presionando los salarios hacia la baja y aumentado el crimen.
El Gobierno de Martín Vizcarra advirtió la semana pasada que seguirá expulsando a los venezolanos con antecedentes criminales y dijo que comenzaría a exigir a los migrantes que obtengan una visa de sus consulados en Venezuela antes de ir a la frontera, una política similar a la de su vecino Chile.
Mientras los migrantes tomaban autobuses y caminaban hacia la frontera el jueves, Vizcarra defendió su nueva postura de inmigración de un evento en la ciudad norteña de Piura.
"Nuestro país ha abierto sus brazos a más de 800.000 venezolanos. Creo que es completamente lógico y justificado pedirles que traigan visas para asegurar un mejor control de quién ingresa", dijo Vizcarra a los periodistas.
Unos cuatro millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, un 12% de su población, buscando escapar de una crisis que ha privado a muchos de los alimentos y medicamentos básicos, según un cálculo de la ONU.