"Cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo es de revolucionarios. Los liberales y conservadores defendemos la separación de poderes, no el cierre de los poderes", declaró Kim Kataguiri, líder del Movimiento Brasil Libre (MBL), para justificar la no participación de su organización en las manifestaciones celebradas el domingo pasado en todo el país, en apoyo al presidente Jair Bolsonaro.
Por motivos parecidos, la plataforma Movimiento Ven a la Calle (MVPR, por sus siglas en portugués) también se distanció de las marchas. Tanto el MBL como el MVPR fueron determinantes en las movilizaciones callejeras que llevaron a la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
Estos posicionamientos son sintomáticos del desconcierto que causa aun en sectores de la derecha brasileña la actitud del presidente y de sus partidarios en estos primeros meses de mandato.
Las marchas del domingo no fueron convocadas por Bolsonaro pero sí alentadas por él, incluso en un momento anunció que participaría en ellas. Sin embargo, después de las controversias que estas suscitaran en el propio oficialismo, el mandatario decidió no asistir.
Y es que en las redes, luego en las calles, entre las consignas de la movilización era recurrente la exigencia del cierre del Congreso y del Tribunal Supremo, acusados por los seguidores de Bolsonaro de entorpecer los planes del Ejecutivo. Una veta autoritaria que ha suscitado no pocos recelos en el panorama político del gigante suramericano.
Quizás las protestas de la diputada Janaina Paschoal, miembro del oficialista Partido Social Liberal (PSL) y que en su momento figurara entre los aspirantes a la vicepresidencia, sean la expresión más explícita de una preocupación que recorre las propias filas de los afines al mandatario brasileño: "Estas manifestaciones no son racionales. El presidente fue elegido para gobernar según las reglas democráticas".
Las marchas han sido percibidas como una manera, por parte del ala dura del oficialismo, de poder presionar a los congresistas para que den su aval a los proyectos de ley más ambiciosos que el Gobierno está tramitando en el Legislativo, como la reforma de las pensiones y el paquete de leyes diseñado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, para combatir el crimen y la corrupción.
Una popularidad en picada
La movilización de los incondicionales de Bolsonaro llega en un momento particularmente delicado para la Presidencia. Así, según las encuestas, el mandatario registra el nivel de aprobación más bajo (35%) obtenido por un presidente, desde 1992, durante sus primeros meses.
En el rápido desplome de la imagen de Bolsonaro coinciden varios factores. Uno de ellos es la persistencia del estancamiento económico, que amenaza con precipitar la economía brasileña a una nueva recesión. De hecho, el PIB se contrajo un 0,2% el primer trimestre del año, sembrando serias dudas sobre las previsiones de crecimiento para este 2019.
La situación económica del país no es imputable a un Gobierno que lleva menos de medio año en funciones. Sin embargo, sus inicios erráticos han hecho crecer en los mercados y en la ciudadanía la sospecha de que no logrará revertir con celeridad el marasmo de la economía.
En este sentido, los frecuentes desencuentros dentro del propio Ejecutivo han resultado particularmente nocivos. En apenas cinco meses han sido destituidos el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, a raíz de una polémica con uno de los hijos de Bolsonaro, y el ministro de Educación, Ricardo Vélez, debido a la fuerte resistencia que sus planes encontraron en el seno mismo del ministerio.
No menos visibles son las fuertes tensiones en el Gobierno entre los militares, agrupados tras el vicepresidente Hamilton Mourão, y un sector mucho más radical de derechistas y religiosos bajo la tutela de Olavo de Carvalho, un profesor radicado en Estados Unidos y uno de los principales ideólogos de la extrema derecha brasileña.
Los enredos con la Justicia de la familia Bolsonaro también han hecho mella en la imagen presidencial. Por un lado, el primogénito del mandatario, Flavio, está bajo escrutinio de la Fiscalía por lavado de dinero y, por el otro, las investigaciones del asesinato de la concejala Marielle Franco han destapado vínculos entre el clan Bolsonaro y miembros de las milicias paramilitares que operan en Río de Janeiro, entre ellos un prófugo sospechoso de estar involucrado en el crimen.
La negociación a todo precio
Por si fuera poco, Bolsonaro acumula los reveses políticos. En el Congreso, por ejemplo, los diputados han revertido la decisión del mandatario de dejar en manos del Ministerio de Agricultura la demarcación de los territorios indígenas. También ha tenido que revisar un decreto destinado a liberar la compra de armas.
Por último, tras las multitudinarias manifestaciones de mediados de mayo, el mandatario ha disminuido los recortes que en un principio había anunciado en el presupuesto de la Educación Superior.
El encallamiento de las iniciativas gubernamentales podría en cierta medida encontrar explicación en la poca experiencia de los miembros del Gabinete en la gestión de los proyectos parlamentarios. En un Congreso sumamente fragmentado, la capacidad de negociación resulta clave para sacar adelante reformas de calado, como la de las pensiones.
Por lo pronto, el mandatario no ha mostrado grandes dotes de negociador. De ahí la esperanza depositada en la presión de la calle para influenciar a los poderes legislativo y judicial.
Sin embargo, las manifestaciones del domingo no fueron lo suficientemente numerosas como para permitirle al presidente ostentar un respaldo masivo de la ciudadanía.
Este miércoles Bolsonaro se reunió con los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con el presidente del Tribunal Supremo, con el objetivo de alcanzar un pacto de no agresión entre los tres poderes. La cita concluyó sin un acuerdo.
Si bien existe la conciencia en amplios sectores de la clase política brasileña de la necesidad de implementar ciertas reformas para sacar el país del estancamiento económico, el contenido final de estas dependerá de un complejo proceso de negociación.
Jair Bolsonaro se verá probablemente obligado a alterar su estrategia de gobierno para evitar que su plan de reformas termine empantanado.