El Gobierno de Nicaragua reclamó este lunes por la ausencia de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la continuación de las negociaciones para superar la crisis local, que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado, reportó EFE.
En un comunicado leído por el canciller Denis Moncada, el Gobierno nicaragüense indicó que la "negociación por la paz se estableció sobre la base de la confianza, respeto y buena voluntad, que consideramos debe prevalecer".
La Alianza Cívica ya había anunciado este domingo que "retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz".
En el comunicado, Moncada destacó que, de no haber "confianza, respeto y buena voluntad" en las negociaciones, "se estaría golpeando la esperanza de los nicaragüenses y el derecho de las familias de nuestro país a afianzar la seguridad, la estabilidad, la paz y la prosperidad".
Al levantarse de la mesa de negociaciones, la Alianza indicó que vería como muestra de "buena voluntad" por parte del Gobierno la libertad de los manifestantes presos por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, el cese de la represión y "secuestros", así como del hostigamiento a los familiares de los convictos.
La Alianza también demandó plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los "presos políticos" para evitar que sigan recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la pronta asistencia médica de los detenidos.
El Gobierno no se refirió a las muestras de buena voluntad exigidas por los opositores, e insistió en su compromiso "para llegar a acuerdos sobre la reconciliación, la estabilidad, y la paz", de forma "tentativa" el 28 de marzo.
Además reiteró sus puntos de agenda para solucionar la crisis, divulgados el fin de semana, luego de que el Episcopado se negó a actuar como "acompañante y testigo" de las negociaciones, y un día antes de que la Alianza anunciara su retiro de la mesa por falta de voluntad del Gobierno en avances reales.
La agenda del Gobierno consiste en "perfeccionar" el sistema electoral con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), propiciar justicia y reparación en Nicaragua, liberar a una parte de los manifestantes presos y revisar los expedientes de otros, pedir que se suspendas las sanciones internacionales, y cumplir con los acuerdos.
La apertura del Gobierno se da cuando penden sobre Nicaragua sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Por su parte el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.