"Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes", ha enfatizado en más de una ocasión el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Esta supuesta fusión del gobernante con el pueblo es un rasgo característico de todo populismo.
El populismo de izquierda, en que se enmarca López Obrador, tiende además a concebir el campo político dividido entre los desposeídos (el pueblo) y los privilegiados (la elite). Este es en buena medida el trasfondo ideológico que impulsa los pasos del mandatario mexicano.
Con un 80% de aprobación tras casi tres meses en el cargo y mayoría absoluta del oficialismo en el Congreso, López Obrador ha comenzado su sexenio con un respaldo indiscutible de la sociedad mexicana para cambiar la realidad del país.
Y, por lo pronto, ha tomado medidas de fuerte repercusión que apuntan en ese sentido.
Así, ha enterrado el polémico Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que había alcanzado el 30% de su ejecución; ha lanzado la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo militar encargado de la seguridad pública que deberá contar con 120.000 efectivos; y ha declarado una guerra contra el robo de combustibles ("huachicoleo"), un delito que supone pérdidas anuales de cerca de 3.000 millones de dólares para la petrolera estatal PEMEX.
También ha aumentado las partidas presupuestarias destinadas a inversión pública e infraestructura, ha fijado un incremento del salario mínimo de 88 a 102 pesos diarios (aproximadamente cinco dólares).
No menos relevante ha sido la creación de una Comisión de la Verdad para la elucidación de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Todos estos pasos se enmarcan en la promesa presidencial de hacer de México una nación más próspera y segura.
Reforzamiento del Ejército
Ahora bien, en el populismo es frecuente la desconfianza hacia el engranaje institucional y la exaltación del voluntarismo, cuando no de la oferta de soluciones que pasan por alto las complejidades de la realidad.
En estos tiempos las críticas al flamante presidente se centran justamente en su tensa relación con el entramado institucional que rige la vida política mexicana, un contencioso que puede perjudicar los resortes democráticos del país.
Ya antes de asumir la presidencia, la celebración de una consulta popular para decidir del destino del NAIM le había valido fuertes reproches a López Obrador. Se cuestionó la legitimidad de un referendo organizado fuera del dispositivo jurídico previsto para ello, así como su representatividad —solo participó un millón de votantes, cuando el padrón electoral del Estado cuenta con 90 millones de personas—. Aun así, López Obrador le dio carácter vinculante a la consulta.
También en la lucha contra el "huachicoleo" han saltado irregularidades en la gestión de la Administración. Para llevar a cabo el cierre de los ductos, se adquirieron con toda urgencia más de 600 camiones cisterna para el transporte de combustibles. No solo la compra se realizó sin concurso alguno de por medio, lo cual supone una asignación discrecional de fondos del Estado, sino que, debido justamente a la ausencia de control en el procedimiento, condujo a la adquisición de pipas que no cumplen con los requerimientos legales para transportar combustibles. El costo total fue de 192 millones de dólares.
De igual modo, la entronización de un cuerpo castrense, que durante un tiempo indefinido sustituirá prácticamente a las fuerzas policiales para velar por la seguridad pública, arroja serios temores sobre la militarización de la vida pública.
Más allá de las controversias respecto al fracaso que ha significado el llamado al Ejército para asumir asuntos de seguridad interior, desde que Felipe Calderón lanzara la guerra contra la droga en 2006, los pasos que ha dado López Obrador apuntan a reforzar las Fuerzas Armadas, involucrándolas en la economía del país, pero sin proveer suficientes dispositivos de control y contrapeso.
Al aumento de un 14% de la partida presupuestaria destinada a la defensa, hay que sumar la cesión al Ejército del desarrollo inmobiliario de los terrenos de la armería de Santa Fe y la gestión de las obras de construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la base de Santa Lucía.
En este último caso, tener al Ejército como proveedor le permitiría al Gobierno lanzar las obras ahorrándose los procedimientos habituales de licitación. Algo que podría acarrear un uso discrecional y deficiente de los fondos estatales.
Además, la compra de armas sigue siendo una prerrogativa de las Fuerzas Armadas para la que no hay verdaderos mecanismos de control que certifiquen su transparencia.
La autonomía de las instituciones en juego
Otro punto que suscita inquietud es la reciente embestida del mandatario contra los organismos autónomos y los entes reguladores, a los que ha acusado de corruptos, de favorecer los intereses de una minoría, incluso de formar parte de un "Gobierno paralelo".
En México existen varios organismos con autonomía constitucional, lo cual les permite cumplir sus funciones, y hasta manejar su propio presupuesto, sin estar supeditados al Ejecutivo. Fueron creados con el objetivo de sustraer ciertas instituciones a los designios del Gobierno de turno y como contrapeso a las posibles derivas de la administración pública.
Entre ellos se cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Desde que asumió la presidencia López Obrador ha protagonizado encontronazos con distintos representantes de estos órganos, pero en los últimos días ha hablado sin tapujos de "purificarlos", sugiriendo el reemplazo de sus integrantes.
Con el mismo impulso ha sostenido una dura campaña, acusándolo de tener conflictos de interés, contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer. El funcionario había criticado anteriormente a los candidatos presentados por López Obrador para ingresar en el Consejo de Gobierno del organismo.
Lo que está aquí en juego es la autonomía, y la existencia como tal, de tales órganos administrativos. En la oposición y la prensa crítica con el presidente abundan últimamente los temores de que se esté iniciando una fase de desmantelamiento de las instituciones.
López Obrador puede tener razón al señalar el disfuncionamiento de estas, pero no es con su cooptación o eliminación que erradicará los efectos indeseados, sino más bien, al contrario, con un reforzamiento del tejido institucional.
También resulta sospechosa la insistencia del mandatario en dejar claro que no piensa ser reelegido. Como si ello fuera una decisión personal y no sencillamente lo estipulado por la ley, es decir que la reelección está prohibida para los gobernadores y el presidente.
¿Sería esta negación recurrente un modo de poner sobre el tapete una posible reelección? Por ahora, no hay indicios claros en este sentido. No obstante, a principios de mes López Obrador declaró que no debía descartarse, dado el calado de las reformas que piensa llevar a cabo, la redacción de una nueva Constitución.
La instauración de otra Carta Magna abriría un nuevo frente en la política mexicana, ya que para reformar la Ley Fundamental, pese a contar con la mayoría absoluta en el Legislativo, el oficialista MORENA no posee la mayoría cualificada para ello —es decir, las dos terceras partes de los diputados—.
Queda entonces por ver si los roces con las instituciones, que ha tenido el presidente mexicano durante sus primeras semanas en el cargo, se deben a una entrada en funciones atípica (por arrolladora) o si bien si constituirán un rasgo característico de su mandato.
La última opción representaría un serio peligro para la estabilidad democrática del país.