La proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha representado un sismo en la escena internacional por el gran número de países que lo han reconocido como tal y porque a la vez supone un cambio de paradigma en el derecho internacional público.
Tradicionalmente, la práctica más aplicada y extendida en la esfera internacional consiste en no pronunciarse sobre el reconocimiento de gobiernos, independientemente de su posible legitimidad, sino en mantener relaciones con el gobierno efectivo.
Por lo general, se da por sentado que existen dos doctrinas directrices en derecho internacional público: la de la efectividad y la de la legitimidad. La primera estipula mantener las relaciones con quien posea el poder efectivo, mientras que la segunda se decanta por que los estados reconozcan a los gobiernos en base a su legitimidad democrática.
El reconocimiento de Guaidó por más de 40 países supone el abandono, en el caso venezolano, de la práctica hasta ahora dominante.
Por lo general, la prioridad dada al poder efectivo se basa en cuestiones de orden pragmático como la necesidad de tener un interlocutor capaz, por ejemplo, de implementar tratados entre Estados o de mantener un mínimo de orden dentro de sus fronteras.
Estos últimos días, la presión de buena parte de la comunidad internacional, en particular de EEUU, busca dotar de poder real al presidente proclamado por la Asamblea Nacional venezolana.
La gestión de la ayuda humanitaria dará una idea de hasta qué punto esta estrategia ha funcionado.
Líneas cruzadas
Sin embargo, la división en dos bandos opuestos de la esfera global respecto al reconocimiento se desdobla en otra división en el seno mismo de los bloques enfrentados, lo cual enreda el posicionamiento de los países en el tablero.
En primer lugar, la línea divisoria no corresponde al simple esquema democracia versus autoritarismo.
Por ejemplo, países democráticos como Italia, Irlanda y Noruega se han abstenido de reconocer el Gobierno de Guaidó. Si bien se han alineado con la posición de la UE de exigir el respeto de los derechos democráticos y la convocación de nuevos comicios en Venezuela, han mantenido la doctrina de la efectividad. "Noruega tiene como tradición reconocer a Estados, no a gobiernos", declaró la ministra de Exteriores nórdica, Ine Eriksen Søreide.
La escisión tampoco se atiene a un choque entre gobiernos de izquierda y de derecha. Así, estados como Costa Rica, Portugal, España y Ecuador, dirigidos por gobiernos de izquierda, han decidido reconocer la proclamación de Guaidó.
Estos contrastes también se reflejan en la ausencia de unanimidad dentro de los distintos grupos.
Por el momento, entre los países que reconocen a Guaidó como presidente, es EEUU el que se ha mostrado más activo, aplicando toda una batería de sanciones entre las que destaca el bloqueo de los activos de la petrolera estatal venezolana PDVSA bajo jurisdicción estadounidense.
El presidente norteamericano ha señalado en más de una ocasión que "todas las opciones están sobre la mesa", dando a entender que no es de excluir una posible intervención militar.
¿Una salida negociada?
Este parece ser justamente el límite de los gobiernos latinoamericanos y europeos que han respaldado a la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, en el juramento de Guaidó. Tanto desde el Grupo de Lima como desde la UE insisten en que el objetivo es una transición "democrática y pacífica".
En los primeros, como señala el excanciller mexicano Jorge Castañeda, el escepticismo respecto a un despliegue militar es comprensible, ya que "existen demasiados casos en los que el Gobierno de EEUU se ha inmiscuido en los países de América Latina incitado por las peores razones, y con las peores consecuencias, como para que haya algún tipo de entusiasmo ante la posibilidad de una interferencia estadounidense".
Los europeos, por su parte, se sienten más bien frenados por el caos que impera en Libia desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. Un derribamiento que fue liderado por tropas francesas y británicas y con la colaboración logística estadounidense.
De igual modo, las aguas están divididas en el campo que no ha avalado a Guaidó.
Cuba es el ejemplo más cabal de respaldo incondicional al régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno de la Isla ha desplegado sus antenas diplomáticas para contrarrestar lo que considera una injerencia en los asuntos venezolanos, a la vez que parece mantener su contingente de asesores militares y de servicios de inteligencia en Venezuela.
En cambio, los gobiernos de México y Uruguay han insistido en su neutralidad y en oficiar como mediadores para encontrar una salida negociada al impasse institucional venezolano.
Este jueves en Montevideo, una reunión de urgencia entre varios países europeos, entre ellos Francia y España, y latinoamericanos, encabezados por México y Uruguay, debería constituir un primer paso para sondear las posibilidades de una negociación entre la oposición y el régimen venezolano.
Una de las incógnitas principales es si el grupo de países reunidos en Montevideo pondrá sobre la mesa la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias, tal como lo exige la oposición venezolana para iniciar un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.