El régimen comunista de Vietnam incrementa la presión sobre los disidentes políticos con una nueva ley de ciberseguridad que obliga a las empresas tecnológicas como Facebook o Google a eliminar contenidos críticos con el Gobierno y a proporcionarle datos personales de sus usuarios, reportó EFE.
En vigor desde el 1 de enero, la norma compromete aún más a los activistas, que en los últimos años habían encontrado en las redes sociales un canal idóneo para difundir mensajes críticos y convocar manifestaciones, ante el férreo control del Estado sobre la prensa.
"Las redes sociales son el único medio para que la gente corriente exprese sus puntos de vista. Espero que empresas como Facebook y Google no acepten exigencias del Gobierno que violan derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión", dijo el bloguero apodado Anh Chi.
Tanto Chi como otros activistas ya habían extremado las precauciones ante la creciente represión en un país con más de 100 presos por motivos ideológicos o religiosos y con activistas encarcelados por sus publicaciones en redes sociales.
"La diferencia —comenta Chi— es que ahora tienen un instrumento legal para exigir datos personales de los usuarios a empresas como Facebook o al proveedor de internet".
Según la norma, las empresas deben almacenar datos básicos como la profesión, la información bancaria y el estado de salud del internauta y también todos los contenidos de internet creados por usuarios dentro de Vietnam y entregárselos al Gobierno si así se lo pide.
Si una empresa extranjera no respeta estas condiciones, el Gobierno puede obligarle a abrir una sede dentro del país para seguir operando, lo que haría más sencillo el control de los datos.
Denunciada por organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por sus efectos "devastadores" sobre la libertad de expresión, Hanoi justifica la ley como un medio para controlar la "información tóxica" que circula por la red.
Con 64 millones de usuarios sobre una población de 92 millones, Facebook se ha situado en el centro de la polémica al ser criticada esta semana por el Ministerio de Información y Comunicaciones por no acceder a todas sus peticiones de eliminar contenidos críticos.
La compañía respondió que ha borrado todas las publicaciones ilegales y recordó que todas las peticiones de los gobiernos son revisadas para cumplir con sus condiciones de servicio y con las leyes locales.
La empresa creada por Mark Zuckerberg también está en el punto de mira de los propios disidentes, que la acusan de plegarse a las exigencias gubernamentales desde hace meses.
La cantante Mai Khoi, una de las voces críticas más prominentes del país, denunció en un artículo en The Washington Post el pasado octubre que "han sido congeladas las cuentas de muchos periodistas independientes y defensores de los derechos humanos".
"Nos arriesgamos a perder el único espacio en el que podemos hablar libremente", advirtió.
Meses antes, medio centenar de disidentes enviaron una carta a Zuckerberg en la que acusaban a Facebook de cooperar con las autoridades comunistas en la eliminación de cuentas y contenidos.
Según el propio Ministerio de Información vietnamita, Facebook y la matriz de Google (propietario de Youtube) habían eliminado 3.367 publicaciones "de contenido venenoso" y 600 cuentas hasta julio de 2017.
Aunque el régimen trató de censurar Facebook hace diez años, su falta de medios y la habilidad de los internautas para burlar la prohibición le hicieron dar marcha atrás y decidir usarlo para su propia propaganda.
Hace un año, el Gobierno puso en marcha la Fuerza 47, una unidad militar de 10.000 agentes que pretende combatir "los puntos de vista equivocados" en la red.
En su afán por controlar internet, altos cargos comunistas han propuesto la creación de una red social propia, siguiendo el ejemplo de Weibo en China, un objetivo inalcanzable según el activista Anh Chi.
"No creo —afirma— que el Gobierno pueda desarrollar con éxito su propia red social. Además, los vietnamitas nunca confiarían en ese tipo de plataforma. Sabemos que sería un instrumento para controlar a los usuarios más que para prestarnos un servicio".