El Gobierno de Nicaragua ordenó la captura de dos periodistas críticos del presidente Daniel Ortega, mientras que una informadora huyó del país por temor a ser detenida por la Policía, informó este domingo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reportó EFE.
La orden de captura fue emitida este domingo por el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del político Jaime Arellano, según la CPDH.
Al conocerse de dichas órdenes, la periodista Leticia Gaitán huyó del país, hacia un destino desconocido, por temor a ser capturada y enjuiciada, informaron personas allegadas.
Orozco se exilió hace varios meses tras ser agredido por grupos afines al Gobierno y recibir amenazas de muerte; Galeano huyó este fin de semana, y Arellano lleva más de un mes fuera de Nicaragua "por razones de salud", según diversas fuentes del gremio periodístico de Nicaragua.
Tanto los acusados como Gaitán trabajaban en el canal de televisión 100% Noticias, que la noche del viernes fue allanado en un operativo en el que la Policía detuvo a sus dueños y a seis trabajadores.
La orden de captura fue emitida la mañana de este domingo durante la audiencia preliminar contra la periodista Lucía Pineda Ubau, también crítica de Ortega, quien enfrentará juicio acusada del delito de "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas", indicó la CPDH.
Pineda, de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, también trabajaba en 100% Noticias, cuyo dueño, Miguel Mora enfrenta cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo contra periodistas, ONG y empresarios, como la más reciente etapa de "represión del Gobierno de Nicaragua", y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican "crímenes de lesa humanidad".
Nicaragua atraviesa una crisis que, en ocho meses, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 273 reos, que acusa de ser "golpistas", "terroristas", y "delincuentes comunes".
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega no reconoce responsabilidades y afirma que venció un intento de "golpe de Estado", que la ACNUDH y la CIDH han puesto en duda.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.