El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, canceló este miércoles con "carácter urgente" la personalidad jurídica al organismo defensor de los derechos humanos CENIDH y a la ONG dedicada a los derechos civiles Hagamos Democracia, reportó EFE.
Esa decisión, solicitada por el Ejecutivo nicaragüense y adoptada en el contexto de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, se da un día después de que el Congreso de EEUU aprobara una ley que sancionará al Ejecutivo y limitará su acceso a préstamos internacionales hasta que se celebren elecciones "libres, justas y transparentes".
También ocurre dos semanas después de que Mark Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, sus siglas en inglés), anunciara que su país concederá cuatro millones de dólares para organizaciones civiles nicaragüenses que están documentando "los abusos" y "violaciones" de Derechos Humanos.
La mayoría sandinista y sus aliados votaron a favor de retirar la personalidad jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fundado en 1990, con base en un informe del Ministerio de Gobernación que acusa a ese organismo de "alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país".
Además, porque la junta directiva del CENIDH, que preside Vilma Núñez, de 80 años, se encuentra vencida desde marzo pasado y por no haber reportado su estado financiero en 2017.
El CENIDH rechazó las razones ofrecidas y afirmó que sus integrantes seguirán defendiendo los derechos de las personas.
El Parlamento también canceló este miércoles la personalidad jurídica a Hagamos Democracia, dirigida por el político Luciano García.
El diputado sandinista José Figueroa justificó la decisión basado en que Hagamos Democracia recibía financiación de EEUU, recomendó un adelanto de elecciones en medio de la crisis y apoyó las protestas contra Ortega.
El Congreso hizo lo mismo la semana pasada con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y el martes con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), del académico Félix Maradiaga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión del Parlamento de cancelar la personalidad jurídica a por lo menos cuatro organismos sociales y políticos.
La CIDH advirtió que "las restricciones a la libertad de asociación, un instrumento por el que comúnmente se materializan las demandas de defensores y defensoras de derechos humanos, constituyen un serio obstáculo para la reivindicación de derechos".
Por su lado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, advirtió al presidente Ortega que, aunque suspendan personalidades jurídicas no podrá evadir la justicia.
"Se equivoca el presidente Ortega si cree que al intentar silenciar al CENIDH podrá evadir la justicia", sostuvo Guevara, en una declaración escrita, en la que denunció "otra maniobra" del mandatario nicaragüense "para reprimir y tratar de encubrir las graves violaciones de derechos humanos que su Gobierno ha cometido".
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) denunció que el Gobierno ejecuta una "ofensiva contra la libertad de asociación" y "contra todos aquellos esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil a favor de todo el pueblo".
En tanto, el diputado indígena Brooklin Rivera advirtió que la retirada de personalidades jurídicas representa "una nueva etapa de represión" y que "hay criminalización para los defensores de los derechos humanos".
Para Alfredo César, presidente del Partido Conservador (PC), detrás de la cancelación de la personalidad jurídica a cuatro ONG, está el anuncio de EEUU de conceder cuatro millones de dólares a organizaciones civiles nicaragüenses.
La agencia de cooperación de EEUU ha otorgado unos 13 millones de dólares a grupos en Nicaragua en lo que va de año, según cifras oficiales.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos, y 674 "presos políticos", más cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que clasifica como "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que las protestas forman parte de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.