La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó este martes la entrada a militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países, "con fines de ejercicios humanitarios, de adiestramiento, e intercambio de experiencias", informó El Nuevo Diario.
Hoy el parlamento de Nicaragua,autorizò ingresos de militares cubanos y venezolanos para perservar la tiranìa de Daniel Ortega. 13 n
— Nerio Rodríguez (@NerioRod) 14 de noviembre de 2018
La entrada ha sido autorizada gracias a 74 votos de la mayoría oficialista parlamentaria y sus aliados, de un total de 92, ante una petición de urgencia del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno enfrenta la peor crisis desde que retorno al poder, en 2007, precisó un reporte de EFE.
"Hoy aprobamos un decreto de urgencia enviado por la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Daniel Ortega, en esta aprobación está presente una planificación realizada por el Ejército de Nicaragua acerca de intercambios para fines de adiestramiento y humanitarios", dijo la primera secretaria de la Junta Directiva del parlamento nicaragüense, Gloria Dixon, a través de medios del Gobierno.
La Asamblea también aprobó la entrada de militares de EEUU, Taiwán y de los países centroamericanos, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos en protestas contra Ortega.
Todas las fuerzas armadas llegarán a Nicaragua en el primer semestre de 2019, como parte de un ejercicio anual "de adiestramiento e intercambio de experiencias", según el Poder Legislativo.
Aunque la entrada de tropas extranjeras a territorio nicaragüense es aprobada cada seis meses por la Asamblea, independientemente del contexto político, esto causa controversia desde el estallido social del 18 de abril pasado.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado entre 552 y 558 "presos políticos" tras manifestaciones contra Ortega, además de 325 a 528 muertos, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 273 reos, que presenta como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", así como 199 víctimas.
Críticos de los regímenes de Cuba y Nicaragua han acusado a La Habana de exportar los métodos represivos con los que Managua ha confrontado a los manifestantes y con los que ha manejado la situación en general.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega niega ser responsable e insiste en que venció un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.