Un grupo de familiares de presos políticos y de opositores venezolanos acudieron este 30 de octubre y por cuarta vez en el mes de octubre a la sede de las Naciones Unidas en Caracas para pedir la visita "urgente" de la alta comisionada para los derechos humanos de la organización, Michelle Bachelet, a Venezuela, reportó EFE.
"Como todos los martes estamos en la ONU, en Caracas, en Venezuela, entregando un escrito, esperando respuesta, no nos vamos a cansar de venir a las Naciones Unidas a esperar respuestas positivas ante los venezolanos", dijo Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López.
En una actividad en la que los opositores se acostaron en el asfalto simulando a las personas que fallecieron en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, Tintori remarcó que es "urgente" que se dé la visita de Bachelet para que constate la situación de los presos políticos y la crisis humanitaria en el país.
"Esta visita es urgente para que ellos (la ONU) vean cómo se va la luz, cómo no se consigue comida, cómo los venezolanos luchan todos los días para lograr pagar un mercado que no les alcanza porque hay una crisis humanitaria, la peor de nuestra historia", dijo.
La opositora indicó que aunque el organismo les ha dicho que se están realizando los preparativos para la visita de la alta comisionada, los venezolanos exigen una "respuesta formal" donde se anuncie una fecha.
Además hizo un llamamiento a la región y la comunidad internacional a actuar ante lo que sucede en Venezuela.
En la actividad, el padre del diputado Juan Requesens, quien se encuentra preso tras ser acusado de participar en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido en agosto, denunció nuevamente el deterioro de la salud de su hijo ante una "celulitis facial" producto de un problema en un diente.
El grupo que acompaña a Tintori en estas actividades, en la que también participan excarcelados opositores, ha exigido en múltiples oportunidades la libertad de todos los detenidos por razones políticas.
Según la oposición, en Venezuela hay cerca de 400 presos políticos, mientras que la ONG Foro Penal señala que son más de 200.
A fines de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide al Gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria "para solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente erradicadas en Sudamérica".
Michelle Bachelet explicó entonces que, en reunión con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra, le pidió "acceso al país" y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos.
Pero el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó de inmediato la resolución y la consideró "el comienzo de una escalada intervencionista" para conseguir la caída del Gobierno y "establecer un mecanismo de tutela" foráneo sobre Venezuela.