Un grupo de opositores venezolanos que sufrieron prisión y familiares de otros que están aún detenidos protestaron este martes, tirándose en el piso simulando estar muertos, para reclamar la visita al país de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, reporta la AFP.
"La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, tiene que venir a Venezuela porque desde el Consejo de Seguridad se afirmó que es urgente que lo haga (...). La dictadura de Nicolás Maduro viola los derechos humanos", dijo Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien cumple en su casa una condena de casi 14 años de prisión.
Los opositores, entre ellos el exalcalde de la ciudad de San Cristóbal (oeste) Daniel Ceballos, se acostaron en el suelo frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.
Otras personas les dibujaron con tiza las siluetas de sus cuerpos, en protesta también por la muerte del concejal Fernando Albán el 8 de octubre pasado en la sede del Servicio Bolivariado de Inteligencia (SEBIN) en Caracas.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, el concejal se suicidó lanzándose desde el décimo piso del edificio donde estaba detenido, pero la oposición denuncia que murió torturado durante un interrogatorio y que su cuerpo fue arrojado sin vida al vacío para borrar evidencias de su muerte.
"Hay 404 presos políticos en Venezuela y es urgente la liberación de todos porque están en riesgo, no queremos que los maten, que les sigan violando sus derechos humanos. En representación de Fernando Albán, nos hemos tirado al piso", explicó Tintori.
Albán fue arrestado por su supuesta participación en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que el presidente Nicolás Maduro daba un discurso el 4 de agosto, durante un acto militar.
Por el hecho, que Maduro denunció como un intento de magnicidio, hay una treintena de presos.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 226 presos políticos.
Entretanto, el Gobierno de Costa Rica anunció que secunda una iniciativa de seis países que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, reportó EFE.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó en un comunicado que "en seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones" ante la CPI iniciadas en septiembre pasado por Argentina, Perú, Canadá, Paraguay, Chile y Colombia
El pasado 25 de septiembre, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en ocasión de la Asamblea General de la ONU una carta sellada por los líderes de sus respectivos países solicitando a la CPI que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía de la CPI ya había comenzado, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
El Gobierno costarricense indicó en su comunicado que la decisión de secundar la iniciativa ante la CPI está acorde con su "defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia".
"Costa Rica confía en la independencia de la Corte que, como institución permanente de justicia penal internacional, hará el examen necesario y tomará las medidas que amerite esta situación. Asimismo, reitera su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional", afirmó en el comunicado.
El Gobierno de Costa Rica también hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para que "cumplan las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales, se liberen los presos políticos y se ponga fin a la impunidad".
Costa Rica también reiteró su compromiso de colaboración con la CPI y anunció que continuará utilizando los foros multilaterales y canales diplomáticos para "contribuir con la superación de la grave crisis que vive Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada, en el marco del Derecho Internacional".
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, así como en hiperinflación.
La oposición y diversas ONG han denunciado que el país sufre una crisis humanitaria y han exigido la apertura de un canal para el ingreso de comida y fármacos, una petición que el Gobierno de Maduro rechaza diciendo que daría puerta a una invasión armada.