"Bolivia dijo no", "democracia sí, dictadura no", corearon miles de bolivianos la semana pasada en las principales ciudades del país andino. Las marchas conmemoraban la reinstauración de la democracia el 10 de octubre de 1982.
Convocada por organizaciones civiles como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la movilización reclamaba que el Gobierno respetara el referendo celebrado el 21 de febrero de 2016, en el que la ciudadanía rechazó una modificación de la Constitución que permitía la reelección (por dos veces continuas) del presidente del país.
La reelección a toda costa
En los dos últimos años, sin embargo, el oficialismo ha dado una serie de pasos destinados a allanar el camino para un nuevo mandato del presidente Evo Morales.
Así, en noviembre de 2017, en un polémico fallo el Tribunal Constitucional optó por dar prioridad a los "derechos políticos" de los representantes del pueblo por encima de los artículos constitucionales que restringen las veces que pueden ser reelectos.
Además, en septiembre pasado Evo Morales promulgó la controvertida Ley de Organizaciones Políticas, votada días antes por la Asamblea Legislativa, que establece que los partidos políticos deben celebrar elecciones primarias para la designación de los candidatos presidenciales a los comicios generales de 2019.
La ley se venía gestando en el Parlamento desde hacía tiempo con la intención de democratizar y hacer más transparente el funcionamiento de los partidos políticos.
Pero el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aceleró de pronto los trámites para que la ley se aplicara en los comicios del año próximo.
Esto implica un adelanto brusco de los plazos electorales para que los partidos formen alianzas e inscriban a sus precandidatos.
Semejante premura busca poner en aprietos a una posible unión de la oposición, sin la cual será prácticamente imposible vencer a Morales, puesto que recorta los tiempos de negociación para alcanzar acuerdos y diseñar un programa común.
El otro objetivo de la precipitada entrada en vigor de la ley es limitar el margen de acción político de las plataformas ciudadanas que han ido surgiendo en el país desde que se hizo evidente que el MAS no respetaría los resultados del 21 de febrero.
Dichas plataformas se han concentrado esencialmente en movilizaciones de protesta contra las pretensiones del actual mandatario de postularse una vez más como candidato presidencial en 2019.
No era de excluir, sin embargo, que candidatos independientes, ajenos al sistema de partidos, pudiesen surgir de ellas. Con la obligatoriedad de las primarias esta opción ha quedado excluida.
La única vía para estos nuevos actores políticos será pues insertarse en las listas de los distintos partidos en lisa, corriendo el riesgo de perder la ventaja comparativa que les concedía el no pertenecer a las fuerzas políticas tradicionales.
Una carrera presidencial sin garantías
Por lo pronto, Carlos Mesa, quien presidiera el país entre 2003 y 2005 y es actualmente la figura mejor situada en las encuestas para enfrentar a Evo Morales, anunció a principios de mes que se presentaría a los comicios presidenciales del año venidero.
Su candidatura saldrá inicialmente sin el apoyo de los partidos importantes de la oposición y bajo las siglas del Frente Revolucionario de Izquierda, un partido de origen maoísta casi desaparecido, pero con registro en el sistema electoral nacional, un requisito imprescindible para postularse a la jefatura del Estado.
Puede resultar sorprendente que una personalidad como Mesa, quien a lo largo de su carrera ha labrado un perfil liberal y ante todo defensor de las instituciones democráticas, concurra al amparo de una formación maoísta.
Contactado por DIARIO DE CUBA, Ernesto Bascopé, politólogo y colaborador del periódico paceño El Diario, explica que "el proceso para obtener una personería jurídica que permita participar en las elecciones es sumamente complejo, costoso y largo".
En ese sentido, no es excepcional que los partidos políticos moribundos "presten" sus siglas. Por lo general, mediante un acuerdo económico que obviamente no es de conocimiento público.
Por tanto, Mesa optó por "acercarse a un partido pequeño, casi inexistente de hecho, que tuviera, sin embargo, una personería jurídica reconocida por la Corte Electoral. Pero, objetivamente, no se trata de un partido que tenga realidad alguna".
No es de excluir que más adelante se cambie el nombre del partido o desaparezca bajo la denominación de una alianza. El apelativo no es sinónimo pues de la línea ideológica de la plataforma.
Algo parecido, por cierto, hizo el oficialista MAS en sus inicios al adquirir las siglas del Movimiento al Socialismo-Unzaguista, una escisión de la Falange Socialista Boliviana, formación de corte nacionalista, cuando no de extrema derecha.
El hacerse con un partido sin vida le permitirá a Mesa, tal como lo exige la nueva ley de partidos, organizar lo antes posible unas primarias que endosen su candidatura.
Según Bascopé, la decisión de Mesa de saltar al ruedo es sintomático de cierto pragmatismo de la oposición, donde "a nadie se le ocurre no participar en las elecciones y dejar solo al Gobierno en el proceso electoral".
Sin embargo, debido a las movidas del oficialismo para asegurar a toda costa la perpetuación de Evo Morales en el poder, no es poco probable que, a petición del Gobierno, el aparato judicial busque torpedear la candidatura de Carlos Mesa.
A día de hoy, sería pues optimista afirmar que existen garantías de que se respete una eventual victoria de la oposición en las presidenciales.