"Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador", lanzó Martín Vizcarra, a fines de marzo, en su discurso de investidura como presidente de Perú.
La mención de la lucha contra la corrupción caía por su propio peso. Vizcarra acababa de sustituir a Pedro Pablo Kuczynski. Este perdió todo crédito al revelarse que sus aliados compraban votos en el Congreso para evitar su destitución por las transacciones sospechosas que hizo en el pasado con la constructora brasileña Odebrecht.
Kuczynski no es el único político peruano de peso implicado en la trama Odebrecht. También lo están sus predecesores Ollanta Humala (que acaba de salir de la cárcel), Alan García y Alejandro Toledo. Al igual que Keiko Fujimori, hija del antiguo mandatario Alberto Fujimori y líder de la principal fuerza de oposición, o aun la izquierdista Susana Villarán, exalcaldesa de Lima.
Un peligro para la democracia
Puede decirse que la corrupción es un mal que corroe todo el tablero político de la nación andina.
En una entrevista concedida a DIARIO DE CUBA, Javier Mujica, un activista peruano de derechos humanos, precisaba que "la corrupción no solo vulnera el patrimonio público, que es de todos, sino que también impide a los gobiernos cumplir con su obligación de maximizar sus recursos disponibles para alcanzar la completa realización de derechos fundamentales [...] Igualmente excluye a la mayoría de una participación política igualitaria en un escenario de gestión de lo público capturado por parte de una minoría corrupta".
No es de sorprender que un estudio reciente del Barómetro de las Américas muestre que solo el 7,5% de los peruanos tiene confianza en los partidos políticos. Un sentimiento que se traduce en una merma en la ciudadanía del apoyo a la democracia, durante los últimos cinco años, del 59% al 52%.
De ahí que el nuevo mandatario no haya tardado en anunciar dos directivas significativas, en el plano institucional, para contrarrestar esta dinámica.
La primera es que la Comisión de Alto Nivel de Corrupción dejará de ser una simple instancia de asesoría. En lo adelante sus recomendaciones tendrán carácter de obligatoriedad, pues pasará a integrar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La segunda concierne la creación de una Secretaría de Integridad Pública, que será el órgano rector de la política de transparencia y lucha contra la corrupción y también formará parte de la PCM.
Sin embargo, queda por ver hasta dónde podrá llegar Vizcarra en su empeño por sanear la vida pública peruana. Pues, al no contar con una mayoría en el Congreso, tendrá que hacer gala de dotes de equilibrista para no verse continuamente arrinconado por la oposición fujimorista, como fue el caso de su predecesor.
El desafío económico
La otra cara del pacto social propuesto por Vizcarra se refiere a un desarrollo económico que incluya al conjunto de la sociedad.
En lo que va de siglo, Perú ha experimentado un espectacular descenso de la pobreza. Así, mientras que en 2001 esta afectaba al 55% de la población, en 2016 la franja de peruanos pobres se había reducido a un 21%.
Sin embargo, en 2017 el índice de pobreza aumentó al 22%. Esta alza porcentual, aparentemente ligera, se traduce en el incremento en el rango de los pobres de 375.000 personas. Un rebrote sorprendente si se considera que el crecimiento económico del país siguió siendo positivo el año pasado (2,5%).
Esto deja en evidencia dos constantes. En primer lugar, que las clases medias bajas son sumamente vulnerables a las contingencias desfavorables. Y, por otra parte, que la bonanza económica no basta para sacar de la pobreza a ciertos sectores sociales.
Como indica el semanario británico The Economist, aparte del nivel de ingresos, la pobreza contempla varias dimensiones: el escaso acceso a la sanidad, a la educación y a la vivienda, la dependencia de transportes públicos deficientes, la residencia en zonas peligrosas, etc.
Por ello el grueso de la pobreza en Perú se concentra en zonas rurales y aisladas, que viven de una agricultura de subsistencia, o bien en los suburbios.
Con una economía ralentizada, debido en buena medida a la parálisis política en la que se vio sumido el Gobierno de Kuczynski, la recaudación de fondos para las políticas públicas se vuelve un asunto espinoso.
Prueba de ello, esta semana ha renunciado el ministro de Economía, David Tuesta, después de las fuertes protestas que, en varias regiones del país, obligaron al Gobierno a revisar el alza del combustible aprobada a principios de mayo.
Naturalmente, el incremento en el transporte repercute en el precio de los alimentos. Y Martín Vizcarra se apuró en reafirmar su voluntad de "estar siempre al lado del pueblo" y de ajustar cualquier medida que afectara a este.
Para evitar, por ahora, más encontronazos con la ciudadanía, el mandatario ha anunciado la formación de una comisión que cobre a las grandes empresas las deudas tributarias que tienen con el Estado y que representarían más del 1% del PIB.
Se trata de un giro razonable. Pero el Ejecutivo habrá de mostrarse sumamente cuidadoso en cómo presentar a mediano plazo sus políticas fiscales, si no quiere sembrar dudas entre los inversionistas –o provocar su simple estampida–.
Vizcarra tiene pues ante sí no solo los desafíos de la corrupción y de la pobreza, sino también las dificultades de tener que tratar estos temas con un empresariado que puede resultar susceptible y con una mayoría opositora en el Congreso.