"DENUNCIA. Se escuchan fuertes disparos, como de ametralladoras, en las cercanías del barrio La Estación, en Masaya. La población está aterrorizada. ¡CESE LA REPRESIÓN!", escribía en la noche de sábado a domingo, en su cuenta de Twitter, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez.
DENUNCIA. Se escuchan fuertes disparos, como de ametralladoras, en las cercanías del Barrio La Estación en Masaya. La población está aterrorizada. ¡CESE LA REPRESIÓN!
— Silvio José Báez (@silviojbaez) 22 de abril de 2018
Pocas horas antes había lanzado otra alerta: "La Universidad UPOLI en Managua asediada por fuerzas del Gobierno, sin luz ni agua, y están disparando sobre los muchachos".
Estos tuits dan idea de la violencia vivida en los últimos días en Nicaragua, a raíz de la ola de protestas contra las reformas del Seguro Social decretadas por el Gobierno, que se ha saldado al menos con una treintena de muertos.
Por lo pronto, el país parece sumido en un escenario catastrófico: escuelas públicas cerradas, restos de barricadas y de neumáticos quemados en las arterias de los centros urbanos, impresionante despliegue de la Policía y del Ejército en las principales ciudades.
Todo comenzó el lunes 16 de abril cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció un paquete de medidas destinadas a sanear su situación financiera.
Entre ellas se establecía un aumento tanto para los trabajadores (del 6,25% al 7%) como para las empresas y los empleadores (del 19% al 21%) de las contribuciones al INSS.
Además, se estipulaba que los jubilados aportasen el 5% de sus pensiones en concepto de cobertura por enfermedades.
Dos días después, de modo unilateral, el presidente Daniel Ortega selló el controvertido paquete de medidas mediante un decreto publicado en el diario oficial del Estado.
A partir de ese momento, marchas de protestas empezaron a ocupar las calles de Managua y de otras ciudades del país.
En un principio, los manifestantes eran los principales afectados por las reformas, sobre todo ancianos (que verían sus prestaciones caer) y estudiantes (quienes se enfrentan a un mercado laboral en el que la tasa de desempleo de los jóvenes es superior al promedio nacional).
Tanto va el cántaro a la fuente...
Sorprende, sin embargo, la magnitud que llegaron a alcanzar las protestas si se toma en consideración que la gestión de Daniel Ortega se ha caracterizado, en los últimos años, por un crecimiento económico que ronda anualmente el 4,5%.
Además de haber hecho hincapié en la implementación de toda una serie de programas sociales, basados en la distribución de viviendas y de bonos de ayuda a la alimentación, en la planificación familiar o aun en incentivos a la escolarización.
Esta conjunción de bonanza económica y políticas sociales ha logrado disminuir ligeramente la tasa de pobreza y propiciado el aumento de la clase media.
Aun así, Nicaragua sigue siendo, después de Haití, el país más pobre del continente. Y, por lo tanto, sus habitantes cuentan con un margen económico sumamente frágil —más de la mitad de los hogares, por ejemplo, vive en condiciones de hacinamiento—.
En este contexto todo tipo de aumento tributario, por tenue que parezca, puede acarrear serias dificultades a amplios sectores de la población.
A esto se suma la desconfianza que ha ido generando Daniel Ortega y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por el secuestro de las instituciones democráticas.
Desde que llegó al poder en 2007, el oficialismo se ha empeñado en vaciar de contenido la división de poderes. Así, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral han sido convertidos en apéndices del Gobierno.
El sometimiento de la Justicia ha sido justamente de gran ayuda para sistematizar procesos electorales llenos de irregularidades y en los que la oposición se ve continuamente obstaculizada. Todo esto en beneficio del mandatario.
Por si fuera poco, la familia de Ortega y sus allegados controlan sectores importantes de la economía nicaragüense (empresas productoras de combustibles, canales de televisión, proyectos públicos de construcción).
En este sentido, el ucase de Ortega al oficializar las reformas pasando por alto la Constitución, que estipula que la modificación tributaria es prerrogativa del Congreso, ha sido percibido como el símbolo mismo de un poder ya sin freno.
¿La hora de la encrucijada?
Si al inicio las manifestaciones contemplaban ante todo los grupos afectados por las nuevas medidas, luego fueron engrosadas por el resto de la población que reaccionó indignada ante la estrategia adoptada por el Gobierno.
El corte de transmisión de las dos principales cadenas de televisión independientes del país ha sido acompañado por una campaña de descrédito de los manifestantes, asociándolos al narco o al terrorismo internacional.
Pero lo más chocante ha sido la cruenta represión llevada a cabo por las fuerzas del orden y grupos de choque afines al oficialismo. Por si fuera poco, existen sospechas de que el Gobierno ha organizado saqueos para justificar el despliegue del Ejército en las principales ciudades del país.
La estrategia represiva se ha revelado, sin embargo, contraproducente. Nicaragua ha conocido en estos días las manifestaciones más importantes desde que Ortega volviera al poder en 2007. Y un frente de fuerzas heterogéneas, que abarca desde los estudiantes hasta el empresariado, parece no cejar en su movilización, pese a la revocación de la reforma del INSS.
Queda por ver si la arrogancia mostrada por el mandatario en los inicios de la crisis, cuando declaró que solo negociaría con "la empresa privada", terminará siendo el comienzo del fin de su fuga hacia adelante dictatorial.
No veo condiciones para ningún diálogo con el gobierno de Nicaragua. Hay que detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del Canal 100% Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores del país.
— Silvio José Báez (@silviojbaez) 23 de abril de 2018
"No veo condiciones para ningún diálogo con el Gobierno de Nicaragua. Hay que detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del canal 100% Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores del país", zanjaba monseñor Silvio Báez en uno de sus tuits.