Un juez de Chile condenó este lunes a 20 exagentes de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) por el asesinato de tres guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), según indica el documento del Poder Judicial.
De acuerdo con Ad Prensa Chile, Roberto Urbano Schmied Zanzi fue condenado a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán purgar diez años y un día, como autores de los ilícitos.
En la causa, los exmiembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Sergio María Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas Gozánlez Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el exagente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto.
En resumen, informa la agencia AP, un hombre fue condenado a 15 años; cuatro a diez años y 15 a tres años de prisión.
El juez Mario Carroza, que se dedica exclusivamente a revisar casos de violaciones a los derechos humanos, estableció que tras el asesinato de un Intendente Regional en 1986 se creó una brigada especial para perseguir a los miristas.
Siete días después de eso se ordenó la detención de tres militantes del MIR en una residencia de un acomodado barrio de Santiago. Aquella tarde, dos brigadas ordenaron instalar frente a la casa una base de fuego que constaba de una potente ametralladora en el techo de un jeep con capacidad para disparar 500 tiros por minuto.
Carroza dice en su resolución que un oficial ordenó disparar un minuto contra el inmueble y luego pidió rendirse a sus ocupantes.
Uno de los miristas salió con las manos en la nuca y mientras caminaba hacia los agentes, estos les dispararon ocasionándole la muerte, ante lo cual la única mujer del trío los enfrentó con un arma. Acto seguido, el oficial Alvaro Corbalán ordenó nuevamente disparar. La nueva ráfaga ocasionó la muerte de la mujer y desató un incendio en la casa, donde el tercer opositor falleció calcinado.
Está resolución judicial es de primera instancia, por lo que los acusados podrían acudir a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema.
Quienes sean encontrados culpables en última instancia deberían ingresar a un penal especial para violadores a los derechos humanos, pero como ya está lleno, podrían ser derivados a una especie de filial.
En Chile la dictadura dejó un saldo oficial de unas 40.000 víctimas, 3.095 de ellas muertas —de las cuales aún no aparecen los cuerpos de poco más de un millar—, más detenidos y torturados.