"No es no", clamaban miles de manifestantes en las principales ciudades de Bolivia el pasado mes de febrero. La consigna conmemoraba el referendo celebrado justo un año antes, el 21 de febrero de 2016, en el que la ciudadanía rechazó una modificación de la Constitución que permitía la reelección (por dos veces continuas) del presidente del país.
Las movilizaciones, reclamando que se respetara el resultado de las urnas, se reanudaron cuando, en septiembre, un grupo de diputados oficialistas presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el tope establecido en la Carta Magna para los mandatos electivos (que los limita a una reelección de manera continua).
Un ciclo de concentraciones que en octubre coincidía con los 35 años del restablecimiento de la democracia en Bolivia.
Sin embargo, este martes, en un fallo controvertido, el Tribunal Constitucional optó por dar prioridad a los "derechos políticos" de los representantes del pueblo por encima de los artículos constitucionales que restringen las veces que pueden ser reelectos.
Una decisión que allana el camino para que el mandatario boliviano, Evo Morales, pueda presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo.
No es la primera vez que el Tribunal Constitucional emite una decisión polémica que favorece las intenciones del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). Ya en 2013 le había permitido a Morales presentar su candidatura a las presidenciales del año siguiente, alegando que la limitación constitucional a dos mandatos consecutivos no contemplaba su primer periodo de presidencia (2006-2010), puesto que la nueva Constitución había entrado en vigor en 2009.
Deriva autoritaria
El fallo de esta semana supone en realidad un episodio más en la deriva autoritaria del MAS. Pese a haber votado una Constitución que, en el papel, suponía un progreso en la democratización de la arena política boliviana, el partido oficialista se ha dedicado sistemáticamente a encorsetar los alcances posibles de la ley fundamental del Estado.
Esa estrategia ha abarcado varios frentes: la cooptación (cuando no el simple quiebre) de los movimientos sociales que propiciaron su ascenso al poder; la anulación progresiva de la autonomía de la Justicia (sea ya de los tribunales Supremo y Constitucional o del Órgano Electoral); la judicialización de la política (que le ha permitido, mediante el control de las instancias judiciales, procesar a varios opositores o disidentes de sus propias filas).
Varios factores entran en juego en esta fuga hacia el autoritarismo. El primero radica en la génesis misma del MAS. Inicialmente concebido como instrumento político de un conglomerado de organizaciones campesinas que buscaban aunar sus reivindicaciones, el partido responde a una estructura en que la cohesión prima en detrimento de la pluralidad.
El imperativo de unidad se vuelve aún más acuciante en los cocaleros, la base incondicional del MAS, ya que su región, el Chapare, fue donde tuvieron lugar los conflictos más duros con el Ejército durante la guerra contra la droga de las dos últimas décadas del siglo pasado. Este gremio está habituado, por lo tanto, a modos de movilización impregnados por una lógica del enfrentamiento.
La conversión del MAS en partido nacional también desempeña un rol significativo. Las divergencias entre las corrientes históricas y las últimas camadas de militantes (por lo general procedentes de las clases medias) terminan encontrando en la figura del líder, Evo Morales, el verdadero punto de mediación y de solución. Lo cual desemboca inevitablemente en una personalización extrema de la conducción del partido.
Además, la fuerte polarización que caracterizó la primera legislatura del MAS, sin dudas contribuyó al reforzamiento de las dinámicas de cohesión y de lucha. Aunque el Gobierno boliviano ha sabido pactar con fuerzas inicialmente rivales, sobre todo las élites del Oriente del país, en su percepción los adversarios políticos cobran más tintes de enemigos que de opositores.
Por si fuera poco, como destacara Gonzalo Rojas Ortuste en Cultura de las élites políticas en Bolivia, debido a la fragilidad histórica del país, el MAS no está exento del sentimiento de urgencia que tradicionalmente ha lanzado a las élites políticas bolivianas en una carrera contrarreloj para enderezar el rumbo de la nación.
Esa urgencia se traduce en una radicalidad de las prácticas políticas, que termina socavando la sedimentación del engranaje institucional.
El imposible consenso
La derrota en el referendo del año pasado debía haberle permitido al MAS iniciar un proceso de renovación de la cúpula. Pero, por lo visto, sus propias disensiones internas y el desgaste después de una década en el poder lo han impulsado a dejar su destino en manos de Evo Morales; el único capaz dentro del oficialismo —sin sucesor en el horizonte— de revalidar una victoria en las presidenciales venideras.
Pero esta fuga hacia delante amenaza con revelarse funesta para el futuro inmediato de Bolivia. Si Morales llegase a conseguir otra reelección, es probable que continúe el desmantelamiento de la vida institucional y se acentúen los rasgos autoritarios del Gobierno actual.
Por otra parte, dada esta última jugada del MAS que pasa por alto la decisión del pueblo de no permitir la reelección de Morales, ¿qué garantías existen entonces de que se respete una eventual victoria de la oposición en las presidenciales?
Y es esto justamente, una probable suspensión del juego democrático, lo que vaticina Raúl Penaranda en Página Siete. Ante la eventualidad de una derrota electoral, Morales y sus asistentes harían todo lo posible por evitar "las investigaciones que una futura administración desarrollará por los numerosos hechos de corrupción registrados en los últimos años, además de otras violaciones de la ley".
¿Ceder o no ceder? Algo huele a podrido en el país andino.