El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el año próximo en su país se celebrará una elección presidencial como establece la Constitución, al vencerse el período para el que fue electo inicialmente Hugo Chávez en octubre de 2012, cinco meses antes de su fallecimiento, reportó EFE.
"En el año 2018 llueva, truene o relampaguee vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución, y confío en el voto del pueblo, en su conciencia. Confío en la democracia y la libertad como valor supremo de nuestra patria", dijo Maduro durante una reunión con jefes de las Fuerzas Armadas.
El mandatario aseguró que la llamada revolución bolivariana está preparándose desde ya para esa contienda, aunque hasta ahora no ha confirmado si él aspirará a la reelección.
Criticó que algunos de los partidos opositores que integran la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hayan decidido no participar en la elección de alcaldes que se celebrará el 10 de diciembre al alegar que lucharán por cambiar el sistema electoral, que tildan de fraudulento, con miras a la elección presidencial.
En este sentido, el gobernante aseguró que la elección presidencial del año próximo será regido por "el mismo" Consejo Nacional Electoral (CNE), se utilizarán "las mismas máquinas" de votación y "va a ser la misma Tibisay Lucena (presidenta del CNE) quien dirá quién ganó la Presidencia de la República".
La oposición y buena parte de la comunidad internacional no reconocen el conjunto de los resultados de la elección de gobernadores del 15 de octubre, en la que el chavismo obtuvo 18 de las 23 plazas en disputa.
El mismo rechazo ha recibido la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado únicamente por oficialistas cuya elección fue deslegitimada por Smarmatic, la empresa que brindó soporte al CNE para el recuento de los votos durante años y hasta esas votaciones.
La empresa acusó al CNE de "inflar" el dato de participación mientras que la oposición y varios gobiernos recriminan la "parcialización" del ente electoral a favor del chavismo que gobierna el país petrolero desde 1999.
'Ley contra el odio'
La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el oficialismo en Venezuela aprobó el miércoles una "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover "delitos de odio", reportó EFE.
"Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de esa ley.
Esta ley es un encargo personal del presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente para acabar con los supuestos mensajes "de odio" social, racial y político que según el oficialismo provocaron la ola de protestas contra el Gobierno que vivió el país entre abril y agosto de este año y que dejó 120 muertos.
Mediante esta normativa, el Gobierno también allana el camino clausurar aquellos medios que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en dicho texto.
"El prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión", según se lee en uno de los artículos de la ley aprobada.
El texto establece además multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes "de odio", así como sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la "tolerancia".
Los citados medios, públicos o privados, deberán dedicar a "mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco" un mínimo de 30 minutos de su programación semanal.
Decenas de medios de comunicación han visto cerrar sus puertas en Venezuela desde que comenzara en 1999 la llamada Revolución Bolivariana por decisiones administrativas.