La construcción de políticas públicas para una eventual transición democrática en Cuba centró los debates de la quinta mesa del III Foro DDC: "Para la Cuba de mañana", donde especialistas en diferentes disciplinas analizaron los desafíos que enfrentaría un nuevo gobierno en ámbitos tan diversos como la protección social, la salud, la educación, el urbanismo y la reforma de las instituciones de seguridad.
Los participantes en la mesa "Políticas públicas, prioridades y propuestas" coincidieron en la necesidad de diseñar instituciones capaces de garantizar derechos, estabilidad y gobernabilidad tras décadas de centralización política y económica.
"Los derechos sociales necesitan recursos, infraestructura y financiamiento"
Maylin Fernández Suris, asesora legal de DIARIO DE CUBA, advirtió sobre el profundo deterioro del sistema de protección social cubano. Señaló que las pensiones actuales se encuentran "desconectadas del costo real de la vida", una situación que ha convertido a numerosos jubilados en dependientes de remesas familiares para sobrevivir.
Fernández Suris sostuvo que el reconocimiento formal de derechos sociales no ha garantizado su cumplimiento efectivo y denunció la existencia de una "ineficacia normativa" que vacía de contenido las garantías recogidas en la legislación.
"Cuando la ley no representa la realidad, la ley se convierte en un disfraz que enmascara lo que realmente sucede", afirmó.
A su juicio, una transición democrática deberá asumir que la seguridad social, la asistencia a los sectores vulnerables y los cuidados de los ancianos constituyen obligaciones esenciales del Estado. Propuso la creación de una red mixta de cuidados y la diversificación de las fuentes de financiamiento para sostener los servicios sociales. También alertó de que un futuro gobierno probablemente tendría que recurrir al endeudamiento para responder a las obligaciones acumuladas del sistema de pensiones, aunque consideró imprescindible mantener garantías mínimas de protección.
"Los derechos sociales necesitan recursos, infraestructura y financiamiento", resumió.
Un modelo mixto para la salud
Por su parte, el científico y empresario Remigio Cortés cuestionó la visión de que una futura Cuba deba sostener un sistema sanitario completamente gratuito. Explicó que la salud pública fue utilizada durante décadas por el régimen como un instrumento de influencia política internacional y de control interno.
Cortés defendió un modelo mixto en el que el Estado garantice atención médica digna a los sectores más desfavorecidos, mientras que el resto de la población pueda acceder a servicios privados mediante sistemas de seguros. Asimismo, destacó el potencial económico de la industria biotecnológica cubana y consideró que una Cuba democrática debería integrarse en las nuevas corrientes internacionales de medicina de precisión y antienvejecimiento.
También planteó la necesidad de un período de transición económica que facilite la reinserción del país en los circuitos financieros internacionales.
Una educación centrada en la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico
La crisis del sistema educativo fue otro de los asuntos abordados. El pedagogo Alejandro Martínez Marrero, director académico de la Fénix Business School de Madrid, dijo que la enseñanza cubana sufre una pérdida "abismal" de calidad.
Más allá de los problemas materiales, cuestionó un modelo educativo que, según dijo, ha acostumbrado a generaciones de cubanos a no elegir.
"Cuando un individuo no tiene la oportunidad de elegir, deja de ser libre", afirmó.
Martínez Marrero defendió una futura educación centrada en la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico y la formación cívica. Aunque consideró necesario eliminar los filtros ideológicos presentes en el sistema actual, advirtió que una transición no debería destruir todo lo existente.
"Hay que rescatar lo valioso, recuperar el profesorado y acompañar el proceso desde dentro y desde el exilio", señaló. A su juicio, la transformación educativa comenzará cuando los niños cubanos puedan expresar opiniones propias y ejercer su capacidad de elección.
"La Habana tiene su ADN intacto"
El urbanista y arquitecto Julio César Pérez Hernández presentó una propuesta de regeneración para La Habana basada en la recuperación del valor patrimonial y urbano de la capital. El experto defendió que, pese al deterioro físico acumulado, la ciudad conserva intacta buena parte de su estructura histórica y urbanística.
"La Habana tiene su ADN intacto", aseguró.
Pérez Hernández planteó la necesidad de una nueva legislación que permita construir un renovado panorama cívico y económico para la ciudad. Entre sus propuestas destacó la revalorización del suelo urbano, la ampliación de los espacios públicos y áreas verdes, la modernización del transporte y el desarrollo de nuevas infraestructuras de vivienda.
El urbanista sostuvo que la recuperación de La Habana podría convertirse en un modelo para la regeneración urbana del resto del país y defendió un cambio profundo de paradigma en la planificación urbana cubana, adaptado a la identidad y las necesidades reales de los ciudadanos.
Someter a las instituciones militares cubanas a mecanismos democráticos de control
La reforma de las instituciones de seguridad y defensa cerró el debate. La politóloga Laura Tedesco analizó experiencias latinoamericanas de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y defendió la necesidad de someter a las instituciones militares cubanas a mecanismos democráticos de control.
Entre las prioridades de una eventual transición mencionó la investigación de las violaciones de derechos humanos, juicios a responsables y la preservación de la memoria histórica. Destacó además la importancia de los trabajos de documentación y recopilación de testimonios realizados durante años por organizaciones de derechos humanos, que podrían servir de base para futuros procesos judiciales.
"La memoria es importante en cualquier nueva etapa de un país", afirmó.
Las intervenciones evidenciaron la magnitud de los desafíos que enfrentaría una Cuba democrática, pero también la existencia de propuestas concretas para reconstruir instituciones, recuperar servicios públicos y establecer mecanismos de control y rendición de cuentas ausentes durante más de seis décadas de régimen de partido único.
