El III Foro DDC: "Para la Cuba de mañana" reunió en la mesa dedicada a discutir cómo hacer un país nuevo a investigadores y analistas que abordaron desde distintas disciplinas los desafíos de una eventual transición en Cuba, coincidiendo en un punto de fondo: el cambio político no puede entenderse sin una reconfiguración simultánea de las instituciones, la economía y la participación ciudadana.
Cambio, transición y democratización: el problema del "cómo"
El politólogo Juan Antonio Blanco, del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, planteó que el debate sobre el futuro político cubano está incompleto si no se responde a cuestiones básicas, como "¿cuáles son los 'gatillos' que podrían 'disparar' los acontecimientos?" y "¿qué fuerzas están en capacidad de hegemonizar ese momento?".
Según Blanco, "la transición comienza después del cambio", pero no existen —o al menos no son públicas— propuestas claras sobre cómo se produciría la caída del régimen ni el establecimiento de una autoridad transicional. En ese marco, subrayó interrogantes clave: "¿Cómo desplazar del poder a quienes hoy lo controlan?" y "¿qué se podría definir como período de transición en Cuba?".
El analista estructuró su intervención en tres niveles: cambio, transición y democratización, insistiendo en que cada fase implica actores, tiempos y agendas distintas.
"Las tres grandes ventajas para sacar partido llegando tarde son que tenemos una población transnacional, los de dentro y de fuera, con tejidos socioeconómicos, y que han estado interactuando", señaló.
Blanco invitó a "pensar no en reconstruir la Cuba de 1958, sino reinventar la nación de hoy".
El "andamiaje del cambio": derecho, Estado y límites al poder
Desde una perspectiva jurídico-institucional, el abogado exiliado cubano Edel González Jiménez planteó como pregunta central de su intervención "¿cómo desmontar un sistema totalitario sin provocar vacío institucional, caos normativo o captura del nuevo poder?".
Defendió que la transición cubana no puede limitarse a un relevo de élites, sino que exige "una transformación profunda de las reglas de funcionamiento del poder público", incluyendo separación de poderes, independencia judicial y controles efectivos.
Uno de los ejes más reiterados fue la necesidad de distinguir entre continuidad del Estado y continuidad del modelo político.
En palabras de González Jiménez, "no todo el aparato estatal debe desaparecer", ya que sería necesario preservar servicios esenciales para evitar el colapso social, pero sí es necesario ir desmontando progresivamente los mecanismos de control político e ideológico.
El abogado advirtió también sobre los riesgos de la propia transición: "quienes llegan al poder para desmontar un sistema autoritario pueden terminar concentrando nuevamente el poder en nombre de la transición". Por ello, defendió la creación de un "Estatuto o Ley Constitucional de Transición" con límites temporales, pluralismo político y garantías institucionales.
"Hay que hacer una ley fundamental transitoria, un sistema de garantías de provisionalidad, reglas mínimas de cómo debe funcionar un gobierno de transición. Debe tener fecha de caducidad. Tiene que desembocar en un proceso constituyente", advirtió González Jiménez, que también consideró esencial "desmontar las normas contrarias al derecho internacional".
Participación ciudadana: cuando los canales llegan tarde
Desde el ámbito del diseño institucional y la ciencia de los datos, Karla Velásquez, directora de proyectos de Cubadata, abordó la relación entre ciudadanía y autoritarismo en América Latina, con foco en Cuba.
Su tesis principal cuestiona la idea de que la ciudadanía reacciona tarde por apatía: "La ciudadanía no reacciona tarde porque le falte voluntad; reacciona tarde porque los instrumentos formales con los que cuenta fueron diseñados para la normalidad democrática, no para la emergencia democrática".
Velásquez identificó tres asimetrías que dificultan la acción ciudadana en contextos autoritarios: temporal (el régimen avanza más rápido que los mecanismos formales), informativa (colapso de fuentes confiables) y organizativa (diseños cívicos pensados para entornos abiertos).
A partir de investigaciones de Cubadata, introdujo el concepto de "infraestructuras emocionales en tensión", donde coexisten miedo y resistencia dentro de una misma persona, explicando así la aparente contradicción entre aspiraciones democráticas y falta de acción visible.
En el caso cubano, Velásquez planteó que el desafío no es de reforma sino de fundación: "no hay un sistema democrático previo que defender o restaurar; hay un sistema institucional concebido en clave opuesta". Por ello, la tarea es diseñar desde cero mecanismos de alerta temprana, participación en modo emergencia y descentralización cívica.
"Hay que comenzar a legislar entendiendo que hay un estado de latencia en la ciudadanía cubana", señaló, y consideró que "la solidaridad es un factor fundamental para la creación de una nueva Cuba".
Velásquez recomendó "vigilar los plazos para disminuir las asimetrías entre el Estado y la participación del ciudadano".
Elecciones libres y pluripartidistas
En su turno, Yaxis Cires Dib, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), expuso la necesidad de "llegar a una democracia con elecciones libres y pluripartidistas".
"Los intereses nacionales generales deben estar por encima de los intereses partidistas y particulares. Debe haber una ley de partidos que favorezca la inscripción de partidos, con controles para evitar la atomización", añadió
Sobre el orden constitucional, propuso que para la transición se tenga en cuenta la Constitución de 1940 "con adecuaciones".
Cires Dib opinó que "la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (ley Helms Burton), no debería verse como una imposición externa sino como alineación estratégica".
"Hay que disolver el PCC, no hay razón para aceptarlo como una institución, es una organización que ha actuado como una organización criminal", consideró.
Crisis energética y modelo económico: el límite material del sistema
Por su parte, el economista cubano Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University (Washington DC), advirtió en su intervención que la "crisis energética cubana no puede entenderse solo como un problema técnico o de escasez de combustible", sino como resultado de "un modelo económico incapaz de generar inversión sostenida, incentivos adecuados y credibilidad para atraer capital".
El economista destacó la "relación circular" entre apagones y estancamiento: la falta de energía reduce la actividad productiva y, a su vez, la debilidad económica impide modernizar el sistema eléctrico.
Torres advirtió que "las crisis prolongadas terminan reduciendo las capacidades futuras de recuperación", debido a la pérdida de capital humano, infraestructura deteriorada y caída de la confianza inversora. En este sentido, sostuvo que la solución energética pasa necesariamente por una transformación más amplia: "restaurar la viabilidad del sistema eléctrico depende de recuperar la viabilidad de la economía en su conjunto".
"No existen hoy en Cuba los recursos para atender el déficit de energía actual. Es necesaria la intervención de actores internacionales y también marcos sólidos legales para movilizar recursos", señaló.
Un consenso transversal: instituciones, no solo cambios políticos
Pese a la diversidad de enfoques, la Mesa País coincidió en una idea central: el futuro de Cuba no depende únicamente de un cambio político, sino de la construcción simultánea de nuevas capacidades institucionales.
Desde el diseño constitucional hasta la gobernanza económica y la participación ciudadana, los ponentes subrayaron que el desafío central no es solo iniciar una transición, sino evitar que esta derive en nuevas formas de concentración del poder o en colapsos institucionales.
Como síntesis implícita del debate, la pregunta que atravesó la sesión fue cómo hacer posible un cambio sin vacío, una transición sin captura y una democratización sin recaída autoritaria.
