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Comercio

Los inspectores, esa plaga que atenta contra el negocio privado en Cuba

La situación ha llegado a un extremo tal que obligó al periódico oficialista 'Trabajadores' a realizar un reportaje sobre el tema.

La Habana
Una mipyme en La Habana.
Una mipyme en La Habana. DDC

El sector privado de la economía cubana, desde su despegue a partir de los años 90, siempre ha debido afrontar diversos obstáculos que le dificultan su avance. Desde los altos impuestos que le imponen las autoridades, las trabas para poder contratar mano de obra, hasta las dificultades para adquirir las materias primas e insumos. Sin embargo, tal vez ninguno de esos contratiempos le ha sido tan adverso como el acoso sufrido de parte de los inspectores estatales.

Según el discurso oficial, la labor de los inspectores es necesaria para proteger a los consumidores, detectar ilegalidades y garantizar el cumplimiento de las normas. Siempre —claro está— que las inspecciones se realicen con transparencia, preparación, respeto y apego a la ley.

Sin embargo, la realidad indica que muchas veces la inspección transcurre de manera bien distinta. Ello se debe a la existencia de inspectores que no reúnen las condiciones morales para esta labor, a los bajos salarios que perciben, que no los estimula a realizar un buen trabajo, así como al ansia de multar y extorsionar más con tal de ganar dinero a toda costa.

Algunos inspectores, fundamentalmente los de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) llegan a un negocio privado, y tras consultar los documentos de trabajo del propietario del negocio, detectan una violación menor, y con argumentos no siempre comprensibles, la convierten en una multa muy elevada, que puede ascender a decenas de miles de pesos.

En ese momento, cuando el temor del propietario del negocio crece, en un tono íntimo el inspector desliza su macabra propuesta: "Claro, eso se puede arreglar".

Por supuesto, ese arreglo lleva implícita la entrega de una cantidad de dinero al inspector para que no actúe contra las supuestas violaciones detectadas. Y en caso de que el propietario no acepte el chantaje, puede ser amenazado incluso con el cierre de su establecimiento.

También se han dado casos de inspectores que han sido despedidos de su responsabilidad, pero al conservar el carné que los identificaba como tales, han continuado visitando a sus víctimas, y los han extorsionado durante un tiempo prolongado.

La situación ha llegado a un extremo tal que obligó al periódico oficialista Trabajadores a realizar recientemente un reportaje sobre el tema, en el que se recogen las múltiples denuncias de los propietarios de negocios privados que han sido maltratados por estos falsos veladores de la ley.

Aquí vemos la incertidumbre y la resignación de muchos emprendedores, que desean trabajar honestamente, pero que declaran su impotencia ante estos inspectores, que con frecuencia actúan con el visto bueno de sus superiores. Un trabajador por cuenta propia de la provincia de Sancti Spíritus, por ejemplo, se lamenta de que no sabe cómo enfrentar a los inspectores. Muchas veces le aplican varias multas en un mismo mes, cuando lo que está establecido es una sola visita de inspección al mes.

Y otra cuentapropista, esta del municipio habanero de Plaza de la Revolución, ya impotente para luchar contra los inspectores, ha terminado por adaptarse a su labor extorsionadora: "Yo sí les doy mi dinero porque necesito tener tranquilidad para trabajar. He incluido ese gasto en mi ficha de costo".

Si esa cuentapropista incluye en su ficha de costo lo que les paga a los inspectores, entonces su bien producido y su servicio prestado aumentan de precio. Y claro, es el consumidor el que paga finalmente por el chantaje de los inspectores.

El reportaje da cuenta también del paso de los inspectores por áreas de venta cono La Cuevita y el puente de la calle 100 y Boyeros. En esos lugares, por cada 10 kioskos inspeccionados, los inspectores se llevaban a sus bolsillos unos 10.000 pesos.

Si hubiese que buscar algún responsable de este calvario que han experimentado los propietarios de negocios privados, habría que señalar al Gobierno, con sus trabas y restricciones al sector no estatal, que han actuado como caldo de cultivo para las actuaciones deshonestas de los inspectores.

Todavía hoy, después de eliminarse el tope de precios, quedan en pie otras reglamentaciones, como el tener que justificar, mediante vales o facturas, la procedencia de las materias primas empleadas, además de la obligación de utilizar las cuentas bancarias fiscales para cualquier operación financiera, y también la necesidad de justificar la mayoría  de los gastos incurridos en la gestión de cada emprendedor.  

Como vemos, quedan todavía muchas directivas para que los inspectores sigan haciendo de las suyas.  

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