El decreto del Consejo de Ministros que busca arremeter contra lo que denomina "irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias", y que afectará a los agricultores que obtuvieron parcelas en usufructo y fabricaron en ellas viviendas u otras instalaciones para su trabajo, es uno más en "una cadena de errores devastadores para el pueblo cubano".
Así reaccionó la Liga de Campesinos Independientes al Decreto 105, publicado en la Gaceta oficial número 92 del 23 de septiembre, y que modifica el Decreto 350 del reglamento del Decreto-ley 358 "Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo".
El Ministerio de la Agricultura (MINAG) aseguró al respecto que "a raíz de la implementación del ejercicio de control a la posesión, uso y legalidad de la tierra, se detectó la existencia de irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias".
Por ello, indicó, el Decreto 105 del Consejo de Ministros busca "restablecer la legalidad quebrantada, al efectuarse estas construcciones sin observar las formalidades establecidas al efecto". La futura autorización de la legalización de bienhechurías se haría "excepcionalmente" y "siempre que cumplan con los restantes requisitos establecidos en la legislación vigente", añadió el MINAG.
Para Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes, "hoy sencillamente el campesino está tratando de tomar posesión de lo que siempre fue suyo, de sus familias, porque no es menos cierto que si un campesino trabaja una parcela de tierra y vive alejado de ella es imposible que pueda cuidarla, y más con el aumento del delito que hay actualmente en Cuba, donde se están robando prácticamente todo".
"Entonces el campesino tiene que vivir al lado del pedazo de tierra que trabaja, tener sus bueyes, sus animales, su tractor, tener todo lo que posea en ese pedazo de tierra. Resulta que le entregan la tierra, pero no les permiten que puedan construir allí, y esto es algo contradictorio", señala en diálogo con DIARIO DE CUBA.
El agricultor recordó que la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) lanzaron en 2020 la campaña "Sin Campo no hay País", que hasta hoy ha sido ignorada por el régimen de la Isla.
En esa iniciativa, los trabajadores del campo enviaron al Gobierno cinco demandas: libertad para la producción y distribución de sus productos; para fijar los precios de estos de acuerdo al mercado e importar y exportar directamente; eliminar por diez años "todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos" y la entrega de "títulos de propiedad permanentes a todos los productores agrícolas".
"Si algo se busca con la campaña es que la tierra sea del campesino que la trabaja, que se le dé el título de propiedad permanente, incentivarlo, motivarlo, que se sienta con sentido de derecho, de pertenencia, que lo que está haciendo es de él, para él, para su familia y para su pueblo. Pero con el Decreto 105 lo que se hace es desestimularlo", añade Ajete Abascal.
"Ya se está viendo hoy la desmotivación que tienen la mayoría de los campesinos por sembrar sus parcelas de tierra. La mayoría de estas tierras que hoy se les quitan cuando no cumplen con ciertas normativas se llenan de marabú, acaban siendo tierras yermas que no se siembran, y de ahí la gran hambruna que está viviendo el pueblo cubano. Todo ha sido una cadena de errores, una cadena devastadora para el pueblo, para Cuba, que hoy está en los niveles más altos de pobreza".
Ajete Abascal recuerda que el problema de la propiedad de la tierra era, según Fidel Castro cuando iniciaba su carrera política, uno de los principales dilemas de Cuba.
"Cuando se hace la Ley de Reforma Agraria, él insiste en que el campesino debía ser propietario de su tierra, cosa que después incumple con la Segunda Ley de Reforma Agraria, cuando le quita la posesión a los campesinos y se la entrega a entidades estatales. Luego sucede algo que acabó totalmente con los campos cubanos, cuando se sacó de ellos de forma totalmente ilógica a los campesinos, que eran los que trabajaban las tierras. Hoy vas a los campos cubanos y vas a ver en la tierra los pedazos de piso de lo que fueron viviendas en momentos determinados. Allí vivían familias enteras que fueron sacadas para los pueblos. Muchas comunidades creadas después de la mal llamada revolución, son hoy pueblos fantasma", enfatiza.
Pero el líder de la Liga de Campesinos Independientes señala otro elemento que asemeja la situación del campesinado cubano actual con la de los trabajadores del campo a fines de la década de 1950.
"Uno de los grandes flagelos que sufrió el campesino cubano antes de 1959 eran los desalojos de los campesinos de las tierras que pertenecían a grandes latifundistas. Hoy volvemos a lo mismo. Cuando a un campesino se le quita su parcela y sus viviendas son demolidas... es la misma situación por la que supuestamente se luchó. Es la gran paradoja de la revolución cubana: en vez de motivar al campesino, esto crea descontento".
"La agricultura cubana y la economía nacional, con todas estas medidas fallidas, va a empeorar, y habrá más hambruna y miseria. No sabemos a dónde llegarán. Nosotros seguimos insistiendo en las cinco medidas de la campaña 'Sin campo no hay país', que son las que van a resolver el problema de la agricultura cubana", finaliza.
El Decreto 105 del Consejo de Ministros llega después que el Gobierno decidiera a partir de 2008, con el propósito de aumentar la producción agropecuaria y ante la ineficacia de la explotación estatal de las tierras en Cuba, entregar parcelas por diez años a aquellas personas interesadas en hacerlas producir.
No obstante, como señalaron en los años subsiguientes economistas y expertos, esa norma dejó pendientes asuntos como las construcciones que en tales terrenos tendrían que hacer por fuerza los campesinos, tanto para guardar cosechas y aperos de labranza, proteger o criar animales, como para residir en el lugar de trabajo con o sin la familia.
La nueva medida se toma mientras las producciones agropecuarias en la Isla van en declive, según ha reconocido el propio Gobierno, y los cubanos sufren una crisis humanitaria marcada por una grave escasez de alimentos. Las autoridades han reconocido incluso su incapacidad para cumplir con las magras entregas de los productos que vende por la libreta de racionamiento.
Como analizara el historiador Dimas Castellanos en DIARIO DE CUBA, "el común denominador de esos decretos-leyes consiste en la ausencia de una reforma de la propiedad, pues constituye una flagrante contradicción que el Estado, incapaz de producir, conserve la propiedad, mientras los productores eficientes no pueden ser propietarios, sino usufructuarios", enfatizó.
