¿Cómo terminó la historia de Argentina y su deuda con los 'fondos buitre'?

El origen de la tensa relación de Argentina con los "fondos buitre", o de capital riesgo, arrancó del default declarado tras la grave crisis de 2001. Pero es bueno seguir la dinámica de los hechos ocurridos.

En diciembre de ese año, tras una grave crisis económica, política y social tuvo lugar la renuncia del presidente argentino, Fernando de la Rúa, que fue reemplazado interinamente por Adolfo Rodríguez Saá, que declaró el cese del pago de la deuda externa porque no se podrán afrontar vencimientos del mes de enero de 2002.

La quiebra del país llevó a varios fondos de capital riesgo, entre ellos NML Capital, de Paul Singer, a recomprar la deuda a precios bajos, de modo que rechazaron toda renegociación y acudieron a los tribunales internacionales para obtener el pago de los títulos al valor original. Fue entonces que la NML Capital de Paul Singer se convirtió en el rostro visible de los fondos que negociaron con Argentina reclamando 1.300 millones de dólares, según el valor de los bonos que fueron adquiridos por 40 millones de dólares.

En enero de 2002, el Congreso de Argentina decretó el default en medio de una grave crisis económica, política y social que se mantuvo durante largo tiempo. A mediados de septiembre de 2003, el presidente argentino, Néstor Kirchner, acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo stand by a tres años para la deuda, de modo que el 22 de septiembre, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, propuso reestructurar la deuda externa con una quita del 75%, una propuesta que fue rechazada de inmediato por los acreedores.

Más tarde, en junio de 2004, Argentina ofreció reestructurar la deuda con una quita promedio de entre un 63% y 45% que igualmente fue rechazada por los titulares de los fondos de riesgo. Pese a ello, el 14 de enero de 2005 se lanzó la operación del primer canje y reestructuración de la deuda en situación de default, que no había cambiado. El 15 de abril finalizó el canje de deuda, que permitió a Argentina renegociar unos 81.800 millones de dólares, con una adhesión del 76,1% de los titulares de los bonos.

Un año después, en enero de 2006, Argentina saldó su deuda con el FMI con un pago anticipado de 9.530 millones de dólares. Además, en enero de 2007 Argentina y España acordaron reestructurar la deuda relacionada con un préstamo que España había concedido en marzo de 2001.

El 2 de septiembre de 2008, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que procedía a saldar la deuda de 6.706 millones de dólares con el Club de París utilizando las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El 15 de abril de 2010 se lanzó oficialmente la segunda operación de reestructuración basada en canje de deuda, con una quita promedio en esta ocasión, de entre 66,3% y el 50% que tampoco fue aceptada por los fondos de capital riesgo.  El 23 de junio de 2010 Fernández de Kirchner anunciaba el cierre del segundo canje. La aceptación alcanzó al 92,4% de los titulares de los bonos sumando dos canjes. Los titulares de los fondos que se consideraron mal tratados en ambas operaciones de reestructuración de la deuda decidieron acudir a los tribunales tras una década de espera. El más activo de los fondos, Singer, recurrió entonces a la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Argentina, a juicio en Nueva York

Dos años más tarde, en octubre de 2012, este tribunal sentenció que Argentina había discriminado a los fondos "buitres", de capital riesgo, así como a los titulares de los bonos que no participaron de los canjes de 2005 y 2010. En su sentencia, tan solo un mes después, en noviembre, el juez de Nueva York Thomas Griesa decidió que Argentina debía pagar el 100% de la deuda a los "fondos buitre" que no participaron en los canjes y decidieron recurrir a la vía judicial de EEUU.

En febrero de 2014, Argentina recurrió el fallo del juez de Nueva York ante la Corte Suprema de EEUU y el 16 de junio de ese año, la Corte Suprema de EEUU rechazó revisar la apelación de Argentina y el caso volvió al juez Griesa, que ordenó a Argentina cumplir con el pago de 1.330 millones de dólares más intereses, de una sola vez y en efectivo. Y además, debía hacerlo junto al próximo pago de su deuda reestructurada, que vencía el 30 de junio. La crisis de deuda alcanzaba su cénit. Argentina anunció de forma inmediata que no podía cumplir con el fallo.

Poco después, el 26 de junio Argentina depositó más de 1.000 millones de dólares para saldar un vencimiento de fecha 30 de junio correspondiente a su deuda reestructurada. Ante dicha actuación, se mantuvo el riesgo de que el dinero fuera embargado por orden de la Justicia estadounidense, a raíz de un reclamo de los fondos de capital riesgo que no aceptaron los canjes. A continuación, la Justicia estadounidense frenó el pago de la deuda reestructurada de Argentina, pero decidió no embargar el dinero depositado por el país para ese fin, tal como habían solicitado los titulares de los bonos que decidieron no participar en los canjes, entre ellos, los llamados "fondos buitre".

La crisis fue agravándose cada vez más, y el 30 de junio los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 no recibieron el pago tras el depósito realizado por el Gobierno argentino, que aseguró a todos que había cumplido con el pago. Comenzó entonces un periodo de gracia de 30 días para que Argentina cumpliera con el pago de la deuda reestructurada para no entrar en default, según las agencias calificadoras de riesgo.

Durante todo el mes de julio de 2014 continuaron las negociaciones entre Argentina y los fondos de capital riesgo para conseguir llegar a un acuerdo. Argentina aseguraba que no podía cumplir el fallo porque estaría incumpliendo la cláusula RUFO, que le impedía ofrecer mejores condiciones que las aceptadas por los bonistas en los canjes de 2005 y 2010. Los títulos de deuda argentinos en disputa, que habían sido emitidos en 1994, lo fueron bajo las condiciones de Fiscal Agency Agreement, un acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto, la famosa cláusula pari passu. De incumplirse, esto representaría demandas millonarias de los posibles perjudicados.

El 23 de julio, Fernández de Kirchner reiteró que Argentina "no va a entrar en default" porque ya había cumplido con los pagos de su deuda reestructurada, pese a que seguía sin haber acuerdo en el litigio con los "fondos buitre" que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Una semana después, Daniel Pollack, nombrado por el juez Thomas Griesa para mediar en la disputa que Argentina con los "fondos buitre" anunciaba que no se había alcanzado un acuerdo y que Argentina entraría en default. El país no lo aceptó y el ministro de Economía, Kicillof declaró: "Es una situación inédita, Argentina pagó". La credibilidad de la nación cayó en picado, mientras que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's declaraba la deuda en "default o incumplimiento selectivo" (categoría SD).

La solución al conflicto no llegó hasta 2016 cuando el Gobierno argentino alcanzó un acuerdo con los fondos, que fue refrendado por el Senado con 54 votos a favor y 16 en contra, lo que permitió a la nación sudamericana salir de la quiebra y acceder a continuación a los mercados de crédito internacionales.

Este acuerdo había sido uno de los principales objetivos que fijó Mauricio Macri al asumir en diciembre de 2015 la Presidencia de Argentina. Macri consideró que el acuerdo con las entidades financieras tenedoras de bonos argentinos, que en el pasado se habían negado a sumarse a pactos globales de canje y restructuración de la deuda, debería servir para que el país dejara de tener una valoración negativa en los mercados de capitales internacionales y dar así un impulso a una economía de crecimiento débil que es la tercera más grande de América Latina.

Por supuesto, los miembros del Gobierno anterior de Cristina Fernández (2007-2015) que habían estado en el origen de la grave crisis de deuda, criticaron el acuerdo calificado "de malo y extremadamente costoso", por el exministro de Economía Roberto Lavagna, que estaba a cargo del departamento cuando en 2005 se reestructuró parte de la deuda.

¿Qué supuso el logro de un acuerdo para pagar la deuda?

La primera consecuencia fue la recuperación del crédito internacional para Argentina y, asociado a ello, el uso racional y adecuado de la deuda —cuánto se toma prestado y para qué se usa— pasó a convertirse en una referencia para el Gobierno. De ese modo, el mejor acceso a la deuda sirvió para alejar nuevas crisis de deuda.

El acuerdo trajo consigo efectos muy positivos para la economía argentina, como el descenso de los tipos de interés, y quizás lo más destacado, la recuperación de la credibilidad internacional y la confianza en la economía argentina perdida durante el mandato de Cristina Fernández.

El resultado inmediato fue un aumento de las inversiones y las exportaciones que ayudaron a cerrar los niveles de la deuda externa. Otros efectos derivados del mejor acceso a los mercados de capitales internacionales fue la reducción del déficit público, que inicialmente fue fijado en el 7% del PIB, para lograr en un periodo de tiempo muy corto situarlo en el 2,3%, evitando al Gobierno argentino tener que asumir políticas de aumentos de impuestos o de reducción del gasto público.

Sin embargo, algunos analistas consideraron posible el riesgo de juicios por parte de los fondos de capital riesgo que sí habían aceptado la reestructuración de la deuda. Es decir, el logro de un acuerdo con parte de la deuda no excluía la posibilidad de nuevos litigios por parte de los fondos que así lo estimasen. El Gobierno de Macri no tenía más remedio que bajar a la arena y volver a negociar. Algunos economistas argentinos entendieron que el país tenía ante sí una formidable oportunidad para definir cuál debería ser su integración financiera estratégica en el mundo.

Una opción que se planteó por algunos fue dejar de emitir (deuda) bajo la ley de Nueva York. La razón era que los marcos financieros bajo la ley de Nueva York acaban siendo caros para deudores como Argentina, que tienen crisis de deuda estructural, por lo que el país debería acudir a la financiación con otros marcos que contemplasen, por ejemplo, legislación antifondos de capital riesgo.

Esta opción debería servir al Gobierno de Argentina para mejorar la imagen del país, haciéndolo más atractivo para las inversiones extranjeras. El secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, declaró entonces que su país dejaría de oponerse a dar préstamos a Argentina provenientes de bancos de desarrollo multilaterales gracias a los progresos y la positiva trayectoria económica del nuevo Gobierno.