La cuestión de las quejas y peticiones de la ciudadanía dirigidas al Gobierno cubano reviste cierto interés. Por un lado, porque el malestar de la población se manifiesta por cauces ajenos a los formales que se pueden utilizar para ello, y por otro, porque la ciudadanía muestra una absoluta desconfianza, e incluso temor, a presentar sus quejas y demandas ante el poderoso régimen comunista cubano, del que espera cualquier ejercicio represor.
En cualquier otro país del mundo estas circunstancias no ocurren. La gestión de quejas es un poderoso activo de las estrategias de marketing centradas en el consumidor, que triunfan en las empresas globales y mejor gestionadas. En Cuba, por mucho que la Constitución comunista de 2019 hable de un "Estado socialista de derecho", la aplicación de estos principios gerenciales a la actividad del sector estatal tiene poca relación con la acción de la ciudadanía en busca de respuestas oficiales a sus demandas. En el modelo comunista cubano, el Estado siempre tiene razón.
Surge así una situación anómala, en que las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades del régimen, que están "obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley", pero los ciudadanos desconfían de este tipo de opciones y rara vez utilizan los canales existentes, pese a que la Constitución comunista los califica de "derechos ciudadanos". Y esta situación no parece que tenga fácil arreglo.
El hecho de que exista un respaldo legal en la Constitución a las quejas de la población no garantiza que dicho precepto se cumpla con el mismo rigor y calidad en todas las instancias administrativas y estatales de la nación, donde se mantienen comportamientos calificados por la prensa estatal de "peloteo, trabas deliberadas, retraso excesivo en los trámites y respuestas superficiales y poco convincentes, cuando las mismas tienen lugar".
Teniendo en cuenta esta situación, los comunistas pretenden que desde el sector estatal se atienda al pueblo en sus demandas, y que mucho más que "un local adecuado, buen trato y estricto control estadístico, se sepa escuchar, explicar, ofrecer argumentos a la gente, y asumir compromisos serios, definiendo prioridades, siguiendo los asuntos, agilizando las gestiones y resolviendo los problemas". Un paradigma novedoso que está a años luz de lo que ha venido ocurriendo en Cuba desde hace décadas. En el régimen comunista cubano, la accountability brilla por su ausencia.
Desde el Estado omnipresente, y quizás pensando en otro país, se afirma que, si todo funcionase de este modo, entonces el número de personas que se dirigen a las instancias superiores del Partido y del Gobierno, o a los medios de comunicación masiva, como válvula de escape para desahogarse de las insatisfacciones por el tratamiento recibido en anteriores gestiones, simplemente no lo tendrían que hacer. De veras, sería bueno saber cuántas personas se comportan de este modo en Cuba. Conocer este dato podría ser sorprendente.
La prensa estatal dice que los cubanos "viven atrapados en una red de burocracia, desidia, corrupción de las capas intermedias, dificultades y obstáculos de todo tipo que, lejos de disiparse con el paso del tiempo, ha ido en aumento". Y aunque saben que esa red tiene su origen en el modelo económico de planificación e intervención central, acompañado de ausencia de derechos de propiedad y mercado que impide la libre elección, las posibilidades de hacer algo en defensa de sus intereses son nulas.
Según la misma fuente, los análisis realizados en distintas instancias administrativas del régimen que presentan el mayor número de quejas de la población, reflejan que esta actividad "no suelen tener el apoyo o la prioridad que demanda, y en cambio, acaban muriendo en complejos procesos burocráticos, dominados por la negligencia y malos procederes instalados en la organización".
Ante esta situación, el régimen declara su preocupación por el "fuerte daño" que "se hace a la credibilidad de las entidades cuando, por salir del paso ante determinada coyuntura, algunos cuadros y funcionarios hacen promesas, asumen compromisos o ponen plazos de ejecución, que ellos mismos se encargan de incumplir en una actitud de evidente falta de rigor".
Los comunistas, en vez de analizar por qué ocurren estos comportamientos e identificar sus razones profundas, están convencidos de que los problemas se deben resolver con la imposición de cambios radicales en las formas de comunicación y actuación. Es decir, una mayor exigencia hacia "los que se esconden en la falta de recursos para no dar respuestas claras a las demandas de la ciudadanía". Como si los recursos abundasen sin plantear los consabidos problemas a la población.
Tras este enfoque del problema, cuya solución parece complicada, las autoridades ponen el foco en las fisuras y brechas presentes en algunos sistemas de dirección, donde observan que los cuadros y funcionarios no acaban de interiorizar que satisfacer las necesidades de la ciudadanía es su principal misión social. La pregunta es ¿para qué nadie va a interiorizar nada si sabe que con ello su vida, su trabajo, sus retribuciones, sus relaciones sociales van a seguir siendo las mismas o incluso peores?
Por el contrario, quién observa que su vida profesional depende de decisiones políticas tomadas en instancias alejadas de su zona de influencia, y muchas veces, o casi siempre, alejadas de la realidad, tiene poco interés para motivarse en nada. Más bien, parece que el régimen ande dando vueltas a una forma como otra cualquiera de cesar a directivos que no se avengan a las directrices. Tal vez la forma más sencilla de cortar cabezas y colocar a los fieles. La cacería puede haber comenzado. Menos motivos para la responsabilidad.
