Cuba se pudre en sus almacenes

Según el Sistema de Inventario vigente en Cuba, para que un producto sea incluido dentro de la categoría de Lento Movimiento u Ocioso (ILMO), debe pasar seis meses sin movimiento comercial (lento movimiento). Si supera el año, será ocioso.

En 2016, la Isla acumulaba 24.700 millones de pesos en esa categoría. Para tener una idea de lo que esto significa, los ingresos anuales del Estado en ese año rondaban los 50.000 millones. Es decir, en ILMO había valor por aproximadamente el 50% del ingreso nacional.

Por ejemplo, de las 200 unidades presupuestadas que tiene Pinar del Río, en 2018 solo 27 certificaron no tener ILMO. En esa provincia se perdieron por obsolescencia 170.600 dólares en dientes para prótesis importados desde Colombia y Chile. ¿Será que todos los cubanos que los necesitan tienen prótesis? No parece, pero si lo fuera, ¿entonces para que se gastó ese dinero en dientes sin uso?

Estos inventarios no se refieren solo a mercancías acabadas, listas para la venta o el uso. De hecho, estas son solo el 30% del total reportado. En el resto hay muchos bienes de capital —los destinados a la producción de bienes o servicios— comprados, importados, pero nunca instalados, nunca puestos a producir.

Hay maquinarias, herramientas, equipos médicos, equipamientos de clima y otros incontables equipos que llevan años almacenados en Cuba, lo que representa una pérdida doble: el gasto monetario de la inversión más los productos y servicios no generados.

Estos ILMO demuestran lo increíblemente descoordinada que está la economía cubana. Son una cuantificación de las distorsiones acumuladas durante 61 años en una economía que se regula desde la política y no desde las señales que emiten los precios.

Una economía sin libertad de empresa o propiedad privada no genera las señales que indican cuáles son las verdaderas preferencias y necesidades de las personas. Eso es algo que solo los precios en su fluctuación libre pueden expresar. Si aumenta el deseo de las personas hacia algún producto, suben los precios de todo lo necesario para su producción, a la misma vez que disminuyen los asociados a los productos que dejan de ser demandados. Así es como los empresarios, persiguiendo el beneficio, van satisfaciendo las demandas de las personas.

Este es el único medio conocido para hacer una asignación adecuada de los recursos económicos, y siempre depende de la libertad de empresa y la propiedad privada.

En una economía donde un órgano central decide los precios de casi todo, ¿cómo saber lo que quiere realmente la gente? Pues no se sabe.

Cuando los soviéticos hacían sus planes quinquenales, para poner precios a los productos dentro de sus fronteras, se guiaban por los precios de alemanes y americanos —está documentado que usaban catálogos SEARS— para tener una idea del valor de las cosas.

Cuando Cuba abrió las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), el ministro de Economía dijo que los precios se pondrían según variaran los precios del área económica. Es decir, reconocen que la economía cubana no puede formar precios; por lo tanto, hay que fiarse de otros.

Las preferencias de los cubanos no son expresadas. ¿Pero eso qué importa? Para eso el Estado ya dirá qué y cuánto hay que consumir de cada cosa.

Sin embargo, sí que importa, y el Gobierno lo sabe.

En todas las reuniones gubernamentales, visitas a empresas, alocuciones sobre economía, se repite el mismo mantra: hay que lograr "el encadenamiento productivo" de las empresas nacionales; es decir, crear cadenas de valor.

Pero, aunque reconocen que hay un grave problema en esta descoordinación interna de la economía, lo que provoca importaciones innecesarias, interrupciones en la producción, falta de valor agregado en los productos finales, pérdidas por caducidad, retraso tecnológico… En resumen, ineficiencia e improductividad. Las autoridades cubanas siguen queriendo resolverlo con llamados políticos, imponiendo más control y presión sobre los funcionarios, sin entender —o reconocer— que es en la rigidez de los precios asociada a la planificación económica donde está el problema.

Aferrarse a la planificación central a expensas del resultado económico es sencillamente criminal; criminal porque es una decisión política, de poder. En la Cuba socialista, una pequeñísima élite impone su permanencia en el poder a expensas de la economía del país, es decir, del bienestar real de los ciudadanos.