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Represión

Alina Bárbara López y Jenny Pantoja ponen en jaque al sistema judicial cubano

La intelectual matancera cuenta detalles del caso a DIARIO DE CUBA. El experto Edel González Jiménez explica qué normas están siendo vulneradas en la causa contra ella y la antropóloga habanera.

Madrid
Alina Bárbara López Hernández (d) y Jenny Pantoja.
Alina Bárbara López Hernández (d) y Jenny Pantoja. Jenny Pantoja/Facebook

La historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida el 18 de noviembre, como ocurre cada mes desde que eligió los días 18 para exigir cambios de manera pacífica y en solitario. En esta ocasión, exigía al Tribunal Provincial de Matanzas, con un cartel, que celebrara el juicio correspondiente a la acusación contra ella y la antropóloga Jenny Pantoja. La vista oral estaba prevista para el 30 de enero y fue suspendida un día antes. La razón alegada fue una "reorganización de la actividad judicial".

Cuando han transcurrido casi diez meses sin que se haya fijado una nueva fecha para el juicio, cabe preguntarse no solo qué derechos de las imputadas y qué leyes está violando, sino también por qué.

De víctimas a acusadas

"El 18 de junio de 2024, Jenny y yo fuimos golpeadas, maltratadas por una oficial de la Policía, que es la que nos acusa. En el caso de Jenny, de atentado; en el caso mío, de atentado, desacato y desobediencia. En mi caso piden cuatro años y en el de Jenny, tres años (de privación de libertad)", explica López Hernández a DIARIO DE CUBA.

Sobre la oficial, la historiadora señala un detalle llamativo: "fue liberada poco tiempo después, pasó a la vida civil, cosa muy rara porque los policías que ya han trabajado los 25 años establecidos siguen, porque no los liberan. A esta mujer, que era relativamente joven y no tenía la edad de jubilación, la liberaron y pasó a la vida civil".

Tras la detención de este miércoles, López Hernández relata que la instructora que le levantó un acta de advertencia en la estación de Policía fue la misma que en otra ocasión le dijo que el juicio se celebraría "algún día, en algún momento".

Según López Hernández, esa oficial no es de la Policía, sino de la Seguridad del Estado.

El mismo día, Jenny Pantoja acudió a la sede del Tribunal Supremo Popular (TSP) para informar que el juicio suspendido hace casi diez meses aún no tiene nueva fecha.

El Artículo 158 de la Ley de los Tribunales de Justicia regula la supervisión y el control interno de la actividad judicial. Establece que este sistema debe garantizar la legalidad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva; exige prestar atención priorizada a las quejas y denuncias relacionadas con el servicio judicial; y atribuye al TSP el control de la calidad del desempeño judicial de todos los tribunales del país. Por consiguiente, tiene responsabilidades legales concretas de supervisión respecto de situaciones como la que enfrentan Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.

Según relató Pantoja en una publicación de Facebook, el funcionario que la atendió le dijo con mucha amabilidad que "no ha ocurrido suspensión temporal de celebraciones de juicios en ningún tribunal del país, a ninguna instancia".

Ahora el máximo órgano judicial de Cuba dispone de 30 días hábiles para examinar los hechos y responder a la inquietud de las acusadas.

El régimen no puede cumplir sus propias leyes 

El experto en temas legales de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez, quien acumuló 15 años de experiencia dentro del sistema judicial cubano, recuerda que el Artículo 94 de la Constitución cubana reconoce el derecho de toda persona a tener un proceso judicial sin dilaciones indebidas.

"Esta garantía exige que los órganos judiciales desarrollen el procedimiento dentro de plazos razonables y eviten demoras que carezcan de justificación objetiva", explica.

"Considero que la situación presenta indicios importantes de vulneración del Artículo 94.g de la Constitución", dice el jurista y cita el Artículo 39 de la Ley del Proceso Penal, que establece: "Los actos señalados para determinadas fechas no pueden suspenderse si no es por causa justificada".

"El Tribunal Municipal debió, salvo causas excepcionales y bien justificadas, disponer en la misma decisión de anulación la fecha del nuevo juicio. Esto visto desde el matiz de una inspección de un proceso penal 'imparcial' ha de calificarse como una infracción judicial", advierte González Jiménez.

"La coincidencia de actividades judiciales, la sobrecarga de trabajo o las necesidades de organización interna pueden exigir ajustes excepcionales. Sin embargo, el tribunal tiene la responsabilidad de planificar su actividad y adoptar soluciones que eviten perjudicar innecesariamente a quienes esperan una decisión judicial", sostiene el abogado.

"La falta de una explicación suficiente y la ausencia de un nuevo señalamiento durante casi diez meses no resultan reveladoras de una práctica arbitraria, pero sí conforman una práctica indebida, preocupante cuando las acusadas permanecen sometidas a medidas cautelares restrictivas de libertad", señala.

López Hernández tiene una medida de reclusión domiciliaria. Además, tiene prohibido salir del país. Por ese motivo no pudo asistir en mayo al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), celebrado en París, pese a que es presidenta de la Sección Cuba de la Asociación.

"En mi opinión, la permanencia de ambas acusadas durante un período tan prolongado bajo restricciones cautelares exige una revisión inmediata de su necesidad", afirma el jurista.

Para González Jiménez, "la ausencia de una motivación suficientemente transparente, la duración extraordinaria de la paralización y la falta de solución al problema permiten plantear razonablemente la hipótesis de una intervención de instancias superiores".

"Un antecedente revelador" y un "Estado anómico"

González Jiménez recuerda que en 2023 se suspendió otro juicio contra López Hernández, quien estaba acusada de desobediencia por no acudir a una citación de la Seguridad del Estado. "Pero la dilación no fue tan grosera", señala el jurista.

El juicio, previsto inicialmente para el 16 de noviembre, se celebró 12 días después. La académica fue condenada a pagar una multa. Nunca lo hizo. Un día descubrió que el importe de la multa le había sido retirado de su tarjeta en MLC. "Tuvieron que ir como ladrones a cobrar la multa".

Tres años después, debería ser sencillo para el régimen cubano —que controla los tribunales, aunque las leyes establezcan la independencia de estos— lograr una nueva condena contra la historiadora, esta vez a una pena de prisión.

Pero López Hernández no es una alguien a quien las autoridades pueden presentar como una delincuente común. Es una intelectual reconocida internacionalmente. Las acciones represivas en su contra hasta ahora han generado críticas dentro y fuera de Cuba. El costo político de encarcelarla sería alto. La propia académica señala la contradicción en la que se encuentra el régimen, que se ve obligado a violar sus propias leyes.

"Para ellos era muy engorroso ocuparme un cartel que decía que respeten la Ley del Proceso Penal. Ellos siempre alegan 'propaganda'", dice López Hernández y recuerda que una vez le incautaron un cartel con una frase de Antonio Maceo: "Mendigar derechos es cosa de cobardes" fue considerada una frase contra el orden constitucional.

"Ahora yo los puse en una situación muy difícil. ¿Cómo me van a incautar como propaganda contra el orden constitucional un cartel que pide respeto para la Ley del Proceso Penal, que es parte del orden constitucional? La legislación que ellos se dan está llena de brechas por las que pueden ser atacados. Eso es un Estado anómico. Los funcionarios desprecian las leyes".

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4 comentarios

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Profile picture for user Plutarco Cuero

El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina (2003 / 2.ª ed. 2006)

Profile picture for user Ana J. Faya

Yo les deseo a estas dos valientes cubanas que puedan lograr sus objetivos. Pero ese régimen viola sus propias leyes, más cuando se trata de opositores, y deberán prepararse para cualquier arbitrariedad.

Profile picture for user Balsero

Imaginen la pesada maquinaria burocrática cubana, si siempre ha sido lenta y dilatante, como lo será ahora, que ni saben que pasará la semana que viene. Más aún en el sector judicial, que teme ser objeto de enjuiciamientos por legitimar la violación sistemática de los DDHH.

Profile picture for user Mascara Negra

"ponen en jaque al sistema judicial cubano"...JA,JA,JA.... La mafia cartel terrorista toda la vida ha hecho lo que le ha dado la gana y NUNCA pasa nada....JA,JA,JA....que estara fumando esta gente??