Las fuerzas represivas del régimen cubano despliegan una nueva ola de detenciones y amenazas contra periodistas independientes y opositores. A los arrestos breves de los periodistas Camila Acosta y Adelth Bonne Gamboa, así como al encarcelamiento hace más de un mes de Henry Constantin, se sumaron este jueves las detenciones de la periodista Yoani Sánchez y de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
En este contexto, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, destacó en su perfil de X que, con estos actos, "el régimen cubano muestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias porque teme la verdad". Además, enmarcó las detenciones en "la campaña continua del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente".
La repercusión del caso de Sánchez
Si bien tanto Estados Unidos como diversos organismos internacionales habían condenado la escalada represiva contra periodistas y opositores cubanos, el caso de Sánchez, una figura conocida internacionalmente por su posición frontal contra el régimen, encendió los pronunciamientos y elevó los niveles de exigencia a La Habana.
En tal sentido, Reporteros sin Fronteras denunció "un ataque al periodismo independiente en la Isla", mientras que Amnistía Internacional exigió al régimen "que respete la libertad de prensa y libere a las y los periodistas injustamente encarcelados".
"Las autoridades utilizan detenciones arbitrarias, vigilancia, amenazas y violencia de género para silenciar a mujeres periodistas, activistas y defensoras", remarcó.
Entretanto, el Comité para la Protección de los Periodistas destacó que la detención de Sánchez "forma parte de una represión generalizada contra los periodistas independientes. Las autoridades deben poner fin a estas detenciones y permitir que los periodistas informen sin temor a represalias".
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la escalada y subrayó que "el hostigamiento y la persecución contra quienes ejercen el periodismo independiente deben cesar".
A pesar de la repercusión internacional y de las exigencias de organismos de derechos humanos y del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades represivas del régimen cubano imputaron a Sánchez por el supuesto delito de "atentado contra el orden constitucional".
Tras ser liberada, la periodista independiente denunció "el dolor" que vio en los calabozos del régimen, así como "la total desprotección en la que viven los que no tienen visibilidad pública, a veces, ni siquiera tienen un móvil para denunciar lo que les ocurre".
Una escalada sostenida
En este contexto, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al ICLEP, denunció un aumento del 129,4% en las violaciones de la libertad de prensa en la Isla en apenas un mes.
La citada entidad detalló que "el cuadro de motivos se ordena en torno a tres ejes: la represión preventiva sobre figuras ya identificadas, la contención de los vínculos de la sociedad civil con actores internacionales y el castigo a la expresión cotidiana en redes sociales y en la documentación de la realidad".
"Informar no es un delito. Lo que es un crimen es secuestrar y es esposar a una periodista, ocultarla de su familia y amenazarla con la cárcel por grabar a quien la vigila. Cada vez que el Estado cubano golpea a un periodista confiesa que la verdad le resulta intolerable", remarcó el citado observatorio.
Estimo que el régimen se habrá dado cuenta que "tocar" a Yoani Sánchez fue un gran error, porque en minutos todo el mundo conoció que estaba privada de la libertad por el sólo hecho de informar las realidades de la isla.