La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México firmó un convenio de colaboración con la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, señalada por haber servido de instrumento para la represión del régimen cubano contra alumnos y profesores a lo largo de varios años.
Si bien la entidad mexicana indicó que se trata de un acuerdo "para impulsar educación, investigación, capacitación y conocimiento en favor de los derechos humanos y de la cultura de paz en México y Cuba", el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) rechazó el convenio y subrayó que, con él, la comisión mexicana "se convierte en un aparato de lavado reputacional".
"Defender los derechos humanos también es cambiar las condiciones que propician su vulneración", afirmó la presidenta de la entidad azteca, Rosario Piedra Ibarra. La frase, indicó el OCDH, "sería admirable si se aplicara a Santa Clara, a Camagüey y a Pinar del Río". "Aplicada como eslogan de un convenio con la institución expulsora, es el reverso exacto de su contenido: se premia a quien crea esas condiciones", enfatizó.
Asimismo, el OCDH advirtió que no se trata de un acuerdo de cooperación académica, sino de "una legitimación política de un sistema universitario que, durante décadas, ha utilizado la matrícula, la cátedra y el título como instrumentos de castigo ideológico".
"Los derechos humanos no son un club de afinidad. No se defienden solo cuando el victimario es del signo que no nos gusta. Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México no es capaz de decir eso frente a La Habana, no está defendiendo al pueblo. Está defendiendo una alianza", agregó.
En tal sentido, el OCDH exigió que la comisión "retire o condicione de manera pública y verificable cualquier convenio con universidades cubanas mientras esas instituciones no reconozcan, investiguen y reparen las expulsiones por motivos políticos".
Al propio tiempo, demandó que la comisión "publique los términos del acuerdo con la Universidad Central 'Marta Abreu' de Las Villas: objetivos, financiamientos, contrapartes y mecanismos de evaluación".
Asimismo, exigió a la comisión que convoque a las víctimas de la política universitaria censora y excluyente que lleva a cabo el régimen de Cuba.
Además, instó a los organismos internacionales de derechos humanos a que "dejen de tratar al régimen cubano como una anomalía 'compleja' y lo llamen por su nombre: un Estado que viola de forma sistemática derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la educación sin discriminación ideológica".
Al hilo de lo anterior, el OCDH remarcó: "Cuba no es un 'socio imperfecto' en materia de derechos humanos. Es un violador sistemático. Lo documentan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH, relatorías de la ONU, el propio registro de presos políticos y, durante años, los informes de este Observatorio. Pretender lo contrario no es 'mirada crítica del Sur'. Es alineamiento".
"Las instituciones internacionales y nacionales de derechos humanos no pierden dignidad cuando denuncian a un Gobierno incómodo. La pierden cuando eligen a sus víctimas según el mapa geopolítico del momento", señaló el OCDH y se refirió a la universidad villaclareña como "una de las instituciones cubanas con más casos de expulsión y hostigamiento por motivos políticos".
En tal sentido, por ejemplo, recordó que, en 2017, "esa universidad expulsó a la estudiante de Periodismo Karla María Pérez González por pertenecer a un movimiento cívico y ejercer la libertad de expresión, y a la profesora Dalila Rodríguez González mediante una resolución que invocó 'actitudes' incompatibles con el 'correcto actuar docente'".
"El rector Andrés Castro Alegría firmó esas decisiones. La Federación Estudiantil Universitaria del centro proclamó que 'el estudiantado universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras universidades'. Esa no es pedagogía de derechos humanos. Es la doctrina de 'la universidad para los revolucionarios' aplicada con sello institucional", añadió.
"El patrón no empieza en Las Villas ni en 2017", destacó el observatorio, al tiempo que recordó que varios estudiantes y profesores fueron expulsados de varias universidades en 2002 por firmar el Proyecto Varela. Sin embargo, las exclusiones en este ámbito las ha aplicado el régimen cubano casi desde sus inicios, con resonadas purgas en los años 60 y 70.
