La organización independiente Cubalex advirtió sobre un incremento de la represión en Cuba en un contexto de creciente crisis social, marcado por apagones prolongados, escasez de servicios básicos y un aumento sostenido de las protestas ciudadanas.
Según el monitoreo de la ONG, desde el pasado 6 de marzo se han registrado 17 días consecutivos de manifestaciones en distintas localidades del país, un dato que refleja la persistencia del descontento popular en medio del deterioro de las condiciones de vida.
Las protestas ocurren en un escenario de apagones que superan las 20 horas diarias, fallos en el suministro de agua, falta de alimentos y problemas de conectividad a internet, en una crisis humanitaria en desarrollo.
Cubalex documentó 55 detenciones vinculadas a estas protestas. De ellas, 23 personas habrían sido liberadas, mientras que 32 permanecen detenidas o en paradero desconocido, lo que eleva la preocupación sobre su situación.
Un ejemplo es el del adolescente Jonathan Muir Burgos, de 16 años, con problemas de salud, quien desde hace más de una semana permanece en prisión por participar en las protestas del 13 de marzo en Morón. Según dijo a DIARIO DE CUBA el director del Instituto Patmos, Mario Félix Lleonart, el joven sería trasladado a la cárcel de Canaleta, donde un motín fue violentamente reprimido recientemente, y ahí permanecería en prisión provisional a la espera de juicio.
La organización denunció un patrón de opacidad por parte de las autoridades, al no existir información oficial clara sobre el número total de arrestos, la identidad de los detenidos ni su estatus legal. Esta falta de transparencia, subrayó, incrementa la vulnerabilidad de los afectados y deja a sus familiares en un estado de incertidumbre.
Asimismo, alertó sobre la vulneración de garantías básicas del debido proceso, como el acceso a defensa legal, la posibilidad de comunicarse con familiares y la protección frente a abusos durante la detención.
El repunte de la represión se produce en paralelo al colapso sostenido del sistema eléctrico nacional, uno de los factores que ha intensificado el malestar social en la Isla. A los cortes prolongados de electricidad se suman interrupciones en el abastecimiento de agua y en las telecomunicaciones.
En este contexto, las manifestaciones han sido respondidas con detenciones y vigilancia, en línea con el patrón observado en episodios anteriores de protesta en el país.
Cubalex insistió en que protestar no constituye un delito y recordó que el ejercicio de este derecho no debe ser criminalizado, en un llamado que contrasta con la práctica de las autoridades cubanas frente a la disidencia.
