A un año del proceso de excarcelaciones selectivas en Cuba, Amnistía Internacional (AI) y la plataforma Justicia 11J coincidieron en denunciar que el régimen no ha garantizado la libertad plena de las personas presas por motivos políticos y que el ciclo represivo continúa bajo nuevas formas de control.
En una declaración publicada este lunes 19 de enero, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas de conciencia y mencionó de forma expresa los casos de Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez (Maykel "Osorbo") y Luis Manuel Otero Alcántara.
"Las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia. No deben pasar ni un día más en prisión", afirmó Ana Piquer, directora regional de AI para las Américas.
La organización subrayó que el proceso anunciado el 14 de enero de 2025 estuvo marcado por la opacidad, la ausencia de criterios públicos, el uso de condiciones arbitrarias y un impacto psicológico "devastador" en las familias. Además, señaló que no existió reconocimiento estatal de los abusos cometidos ni garantías de no repetición.
Según AI, aunque al menos 211 personas fueron excarceladas por motivos políticos, algunas fueron forzadas al exilio y otras regresaron a prisión, lo que evidencia la persistencia de prácticas autoritarias.
Por su parte, el informe Ni libres ni todos: Naturaleza coyuntural y condiciones represivas de las excarcelaciones en Cuba, elaborado por Justicia 11J, documentó que entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2025 fueron beneficiadas al menos 212 personas sancionadas por razones políticas. El 90% de las excarcelaciones ocurrió en los primeros seis días, y el proceso se reactivó semanas después sin explicación oficial, lo que refuerza, según la organización, su carácter discrecional y político.
Justicia 11J precisó que en ningún caso se trató de libertades plenas: todas las personas excarceladas quedaron bajo beneficios penitenciarios revocables, con restricciones de movimiento, vigilancia policial y amenazas de retorno a prisión como mecanismo de control.
La plataforma, que surgió como grupo colaborativo durante el Sin evidencia directa, el régimen condena al artista contestatario Nando OBDC a cinco años de cárcelSin evidencia directa, el régimen condena al artista contestatario Nando OBDC a cinco años de cárcel para documentar las detenciones y desapariciones forzadas en ese contexto, registró durante 2025 más de 80 incidentes de hostigamiento posterior a las excarcelaciones y la reencarcelación de al menos seis personas sin cometer nuevos delitos.
El informe destacó además que el 98% de las personas excarceladas cumplía sanciones vinculadas al 11J, con condenas que en muchos casos oscilaban entre cinco y 15 años. La plataforma denunció que el Estado cubano ignoró estándares internacionales, como las Reglas de Bangkok, al mantener en prisión a mujeres con responsabilidades de cuidado y a personas vulnerables por edad o salud.
Tanto Amnistía Internacional como Justicia 11J consideraron que las excarcelaciones no cerraron el ciclo represivo, sino que lo desplazaron "de la cárcel a la excarcelación vigilada", y reiteraron que mientras exista una sola persona presa política o de conciencia en Cuba, persiste una grave violación de derechos humanos.
En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó en sus redes sociales que el jefe de misión, Mike Hammer, se reunió en Miami con la miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Rosa María Payá y el líder opositor exiliado José Daniel Ferrer, y que uno de los temas abordados fue la situación de los presos políticos cubanos y sus familiares, en una nueva señal de la atención internacional sobre la represión en la Isla.
