Mientras Washington presiona y los regímenes de Caracas y Managua excarcelan presos políticos, en las cárceles cubanas permanecen casi 1.200. Así lo documentó la ONG Prisoners Defenders, que en su informe más reciente al respecto subrayó que, a lo largo de 2025, se incorporaron 134 presos políticos a los registros de la organización, "confirmando que la persecución y la privación de libertad siguen siendo herramientas centrales para silenciar la ciudadanía y el ejercicio de derechos fundamentales".
"Solo durante el mes de diciembre se registraron diez nuevos presos políticos en Cuba, y cinco salieron de la lista por cumplimiento íntegro de condena, lo que eleva el total a 1.197 prisioneros políticos documentados", detalló la ONG.
De los diez nuevos presos políticos que entraron en diciembre a las cárceles del régimen, siete son hombres y tres mujeres, "la mayoría del oriente del país y la mitad de ellos acusados por el presunto delito de 'Propaganda contra el orden constitucional'", indicó el informe.
"Este mes, como tantos otros desde 2021, hemos verificado cómo la mayor parte de los nuevos presos y presas de conciencia y políticos en Cuba poco tienen que ver con organizaciones disidentes o políticas. Las autoridades tratan de desdibujar las pretensiones de estas personas inocentes, que solo protestan por la miseria y la ausencia de servicios básicos, como si fueran capaces de desestabilizar el sistema político cubano", dijo la organización, y destacó que "este proceder representa la confirmación de una debilidad política extrema frente a los más humildes ciudadanos de la Isla".
Al tiempo que enfatizó que, en 2025, "la represión política en Cuba no solo se mantuvo: se intensificó", Prisoners Defenders sostuvo que "el impacto humano de estas cifras es especialmente grave: entre las personas identificadas hay 128 mujeres y 32 menores de edad".
"Además, entre los encarcelados hemos documentado 464 casos con patologías médicas graves y 42 personas con trastornos de salud mental, todos ellos sin el tratamiento médico adecuado, una realidad que agrava la extrema vulnerabilidad de quienes están privados de libertad y evidencia el maltrato y la falta de atención dentro del sistema penitenciario", agregó.
Por otra parte, la organización sostuvo que la cifra de militares cubanos muertos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro sería superior a 60, y no 32 como dijo el régimen de La Habana. Se trata, dijo, de un "hecho verificado por Prisoners Defenders mediante fuentes internas en Venezuela".
Asimismo, "tras la excarcelación de algunos de los presos políticos en dicho país, vamos conociendo cómo las torturas eran diseñadas y ejecutadas por agentes de Cuba. El régimen de La Habana "no solo practica la tortura como política de Estado, sino que ha exportado los conocimientos, la doctrina y las metodologías represivas a Venezuela, particularmente en el ámbito penitenciario", enfatizó.
"La similitud entre los testimonios venezolanos y los patrones de tortura documentados en Cuba no es casual ni anecdótica. Se trata de métodos idénticos en su ejecución, finalidad y lógica represiva, aplicados de forma sistemática por los aparatos de seguridad e inteligencia cubanos con total impunidad, también en Venezuela", recalcó Prisoners Defenders.
"Si en el proceder del chavismo sobre las excarcelaciones estamos detectando exactamente el mismo proceder que el ejecutado por el régimen cubano hace un año, es lógico pensar que las autoridades cubanas siguen teniendo una importante influencia en las fuerzas represivas bolivarianas, aún hoy día", insistió.
En este contexto, una declaración firmada por decenas de activistas de la sociedad civil cubana expresó: "Mientras otros regímenes de la región se mueven —por cálculo, por presión o por conveniencia—, Cuba continúa beneficiándose de una tolerancia internacional inadmisible, sostenida por décadas de propaganda y por la falta de una respuesta política firme y coherente frente a la magnitud de la represión".
El texto, promovido por la activista Anamely Ramos, enfatizó: "Por ello, hacemos un llamado claro y urgente a las organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos, a las redes de activistas regionales, a los gobiernos democráticos, a los medios de comunicación, a los cuerpos diplomáticos, a los organismos multilaterales y al Vaticano para que impulsen, en el marco del derecho internacional, cambios a nivel sistémico orientados al prevalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos".