Las organizaciones independientes Archivo Cuba y Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) presentaron recientemente un escrito ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que abordaron las llamadas "misiones médicas" de La Habana, para lograr que el Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas reconozca explícitamente que los estados pueden ser "tratantes de personas".
"En los últimos años, el Plan de Acción Mundial y buena parte de las políticas contra la trata se han concentrado, con razón, en las redes criminales y en la complicidad de agentes estatales con organizaciones delictivas. Pero ¿qué pasa cuando el propio Estado diseña, administra y se beneficia de un esquema de explotación que encaja en la definición de trata con fines de trabajo forzoso?", indagaron María Werlau, directora de Archivo Cuba, y Joel Brito, representante internacional de ASIC, en un artículo publicado en el medio independiente Cubanet.
Los activistas recordaron que, durante décadas, La Habana ha exportado a otros países a miles de profesionales y técnicos, fundamentalmente del sector de la salud, mediante un esquema que se presenta como "cooperación" y "solidaridad internacional", pero realmente es "un gran negocio de exportación de servicios del Gobierno cubano que genera los principales ingresos que reporta oficialmente el Estado cubano".
"Es un negocio absolutamente carente de transparencia, por cierto", acotaron.
Werlau y Brito expusieron los "patrones reiterados de abusos" en las llamadas misiones, que han sido señalados en informes de la Relatoría contra la Trata de Personas y la Relatoría contra el Trabajo Esclavo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Gobierno de Estados Unidos y del Parlamento Europeo: Retención o captura obligada de entre el 50% y el 95% del salario que pagan los Estados receptores o empleadores; congelación de parte del sueldo hasta el regreso a Cuba, con riesgo de no cobrarlo si el profesional "incumple"; jornadas extenuantes, que pueden superar las 60 horas semanales; confiscación o control de pasaportes y títulos de estudio, restricciones a la libertad de movimiento y toques de queda; amenazas y acoso sexual; imposibilidad de libertad de movimiento en el destino y vigilancias extremas; censura a la libertad de expresión; prohibición de cualquier tipo de relación amistosa o sentimental con personas locales; prohibiciones contractuales de residir o trabajar posteriormente en el país de destino y separación familiar forzada durante años; sanciones penales de hasta ocho años de prisión por "abandono de misión" y estigmatización como "desertores" o "traidores" para quienes no regresan y represalias para sus familiares, y duros reglamentos disciplinarios.
"Cuando un Estado impone estas condiciones laborales abusivas, se apropia de la mayor parte del salario, amenaza con castigos penales y persigue a quienes intentan salir del programa, ya no hablamos de una relación laboral abusiva cualquiera. Estamos ante un cuadro que responde a los elementos de trabajo forzoso y a prácticas análogas a la esclavitud, reconocidas como tales por las normas internacionales", subrayaron los autores del texto.
La responsabilidad, añadieron, abarca a los gobiernos de los países receptores, que "no pueden alegar ignorancia cuando firman acuerdos sobre los cuales ya se conoce públicamente que permiten las violaciones de derechos descritas y, más aún, cuando permiten la aplicación extraterritorial de la legislación cubana que per se implica violaciones de derechos".
Werlau y Brito criticaron que, mientras se habla de trata de personas cuando es una organización criminal la que emplea los mecanismos expuestos, "el tema se vuelve tabú" cuando es un Estado el que los aplica.
"Esa doble vara deja a miles de personas en un limbo jurídico y político. No son tratadas como víctimas, no acceden a protección efectiva y, en muchos casos, hasta podrían ser devueltas a manos del propio gobierno que es su victimario", apuntaron.
"Nuestra contribución a la Reunión de Alto Nivel propone en concreto que el Plan de Acción Mundial y el grupo interinstitucional de la ONU contra la trata (ICAT) incorporen de forma explícita la categoría de 'trata cometida por Estados' y los 'esquemas estatales o paraestatales de exportación y explotación de trabajadores'", explicaron.
El objetivo es que se reconozca a quienes son explotados por entidades estatales como víctimas de trata, con acceso a asistencia, protección y reparación, sin discriminación. Por otra parte, se busca promover que los Estados receptores contraten de manera directa a los profesionales cubanos "con igualdad de derechos laborales respecto de sus pares locales".
"Asimismo, se debe exigir a la comunidad internacional investigar y sancionar la responsabilidad de funcionarios, empresas estatales y redes de complicidad interestatal involucradas en estos esquemas".
Los autores aclararon que lo que está en discusión no es "la necesidad de cooperación internacional en salud o en otros campos", pero señalaron que esta "no puede construirse sobre el silenciamiento de quienes sostienen los sistemas de salud con su trabajo y su cuerpo, sin derechos, sin voz y bajo condiciones de graves violaciones de derechos".
"La comunidad internacional ya ha reconocido que la trata, el trabajo forzoso y las formas contemporáneas de esclavitud son graves violaciones de derechos humanos", celebraron los activistas. No obstante, afirmaron que "resta aún admitir que esos crímenes también pueden ser política de Estado —lo cual vuelve muchísimo más grave la cuestión tanto desde el punto de vista moral, como del derecho internacional— y actuar en consecuencia".
CUBA, TERRITORIO ESCLAVO DE AMÉRICA. Los paìses que contratan médicos cubanos son cómplices de esclavitud.