Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis continúan encarceladas de manera provisional desde su detención el 15 de noviembre de 2024 en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Según un reporte de Martí Noticias, su caso permanece estancado.
Elba León Giraudis, hermana de Mileidis, denunció al medio que las dos activistas acaban de cumplir un año en prisión sin avances judiciales: "No han hecho juicio, ni dicen nada del juicio. No tienen petición fiscal y cuando llamamos a los abogados, muchas veces hasta se molestan. Ni ellas ni nosotros, sus familiares, tenemos ningún documento sobre el caso".
También cuestionó la actuación de la defensa: "Los abogados cuando los contratamos dijeron que ellos tenían que ir a la prisión y visitarlas y nunca han ido, supongo, porque no han querido".
Martí Noticias añadió que otros dos participantes en aquella protesta permanecen a la espera de juicio, pero en libertad bajo fianza: Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, esta última con una discapacidad física. Los cuatro están bajo investigación por presuntos desórdenes públicos y daños, aunque la Fiscalía de Mella aún no ha formalizado los cargos. Según el medio, los abogados reconocieron desde el inicio que la causa se complica cuando la Seguridad del Estado le imprime un carácter político.
El órgano acusador ha rechazado dos veces las solicitudes de cambio de medida para las dos mujeres, quienes siguen recluidas en la prisión provincial de mujeres de Oriente.
La protesta que dio origen al caso ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando vecinos de Palmarito de Cauto salieron a las calles golpeando calderos para exigir la restitución del servicio eléctrico. Fuerzas policiales y brigadas parapoliciales reprimieron la manifestación, y algunos manifestantes respondieron lanzando piedras; una de ellas impactó un vehículo policial.
De acuerdo con datos del centro de asesoría legal Cubalex, al menos 180 personas han sido detenidas en el contexto de protestas por apagones entre 2022 y septiembre de 2025. Su directora, Laritza Diversent, advierte que esta cifra es un subregistro, basado únicamente en denuncias recogidas durante los arrestos.
José Antonio Pompa depone la huelga de hambre
El preso político José Antonio Pompa López, de 50 años, puso fin a la huelga de hambre que sostuvo durante 30 días en la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas, informó Martí Noticias. El opositor, integrante del partido Cuba Independiente y Democrática y coordinador de Cuba Primero, había sido trasladado a ese penal a inicios de noviembre, tras lo cual su familia quedó sin información sobre su estado.
Las autoridades penitenciarias permitieron que su esposa, Suarmy Hernández, lo visitara esta semana para intentar persuadirlo de abandonar la protesta. Ella relató al medio que el encuentro se produjo después de que "el teniente coronel Jorgito" la atendiera y mandaran a buscar a la doctora.
La doctora le explicó que, aunque hasta ese momento los riñones no mostraban daños severos, después de tantos días en ayuno podrían comenzar a fallar.
Hernández describió el deterioro físico de Pompa López como extremo. "No camina, imagínate, como una persona de ochenta años. Lo vi muy deteriorado, parecía un cadáver". Según su testimonio, le habló frente a los guardias y oficiales: "Yo necesito que estés vivo, no muerto… Esta gente lo que quiere es que te mueras, y vivo vamos a hacer más cosas en contra de esta dictadura".
Durante la visita logró darle algo de comida. "Tenía como un paquetico de galletas… ahora esta galletica te la vas a comer", recordó. Un recluso le llevó un caldo y Pompa López accedió a tomar "dos cucharadas".
El activista fue condenado a ocho años de cárcel por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, sentencia confirmada por el Tribunal Provincial de La Habana en octubre, en un proceso que involucró también a Daniel Alfaro Frías y Lázaro Mendoza García. A inicios de 2024, Pompa había colocado un cartel en su vivienda con el mensaje "SOS. Mis hijos se mueren de hambre", después de haber sido despedido de su trabajo.
A pesar de que la sentencia ya es firme, Hernández aseguró que en el penal de Agüica le informaron que su esposo figura en el sistema como "pendiente". "Él fue sancionado ya, pero dicen ellos que en el sistema no aparece como que está condenado", señaló, en lo que consideró evidencias de nuevas irregularidades en el manejo del caso.
