El reguetonero cubano Gilberto Martínez Suárez, conocido como "Gilbert Man", salió recientemente de prisión con un pase, tras cumplir diez de los 17 años de cárcel a los que fue condenado por siete delitos. Ese permiso podría verse como evidencia de humanismo en el sistema judicial de Cuba, pero en realidad solo es aparente y selectivo.
El caso de Gilbert Man no es único y, de hecho, su salida temporal —que fue confirmada al medio independiente Periódico Cubano por un familiar y podría ser la antesala de su libertad condicional— ha transcendido solo por lo notorio que fue su proceso: en 2015, dos años después escapar a Cuba de la Justicia de Estados Unidos, fue detenido en un operativo del Ministerio del Interior (MININT). Un año después, fue hallado culpable de lavado de activos, falsificación fiscal, evasión de impuestos, sustracción de electricidad, cohecho, privación de libertad y actividad económica ilícita.
Sin embargo, el músico es solo uno de los muchos presos comunes cubanos que acceden a beneficios como los pases carcelarios. Cuando se concrete su libertad condicional, formará parte del 89% de las solicitudes que el sistema judicial cubano aprueba cada año, según estadísticas a las que DIARIO DE CUBA ha tenido acceso.
Ese alto porcentaje de excarcelaciones (de presos comunes) puede hacer suponer que los jueces de las salas de ejecución en Cuba son benévolos, pero en realidad, sus motivaciones no son altruistas.
Cuba, hundida en una profunda crisis económica que se traduce en apagones que duran más de la mitad del día y una crónica escasez de comida y medicinas, tiene la segunda tasa más alta de población penal del orbe, según informó en enero de 2024 la base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo World Prison Brief (WPB).
Por tanto, los pases y la libertad condicional —que reciben incluso asesinos, ladrones violentos, corruptos y agresores sexuales— responden a la necesidad de mantener cifras manejables de población penal y de evitar el colapso del sistema penitenciario de Cuba, mientras el régimen proyecta ante organismos internacionales la imagen de un sistema compasivo.
La otra cara de esa generosidad con los presos comunes es la negativa persistente de beneficios, cuando se trata de cubanos encarcelados por motivos políticos.
Las presas políticas y Damas de Blanco Sissi Abascal y Saylí Navarro, recluidas en el penal La Bellotex, de Matanzas, nunca han recibido los pases de los que sí disfrutan las presas por delitos comunes. Fueron condenadas a seis y ocho años de cárcel, respectivamente, por participar en las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021.
En febrero de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del artista contestatario y prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, con los argumentos de que no se habían alcanzado con él "los fines de la pena" y que no estaba "en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad".
Estos tres casos son ejemplo de las negativas de beneficios carcelarios a encarcelados por razones políticas. En Cuba hay unas 700 personas que cumplen prisión por motivos de ese tipo, estima Edel González Jiménez, experto legal de DIARIO DE CUBA y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
De ellas, al menos 650 cumplen condenas inferiores a ocho años y ya han extinguido más de la mitad de sus penas, lo que —conforme a los Artículos 89 del Código Penal (Ley No. 151/2022) y los artículos 31, 38 y 141 de la Ley de Ejecución Penal— les otorga derecho a la excarcelación, a recibir pases y otros beneficios carcelarios, apunta el jurista.
Sin embargo, menos del 10% de las solicitudes de esos reclusos son aprobadas, según las mencionadas cifras del sistema penal a las que DIARIO DE CUBA ha tenido acceso.
González Jiménez, quien trabajó por casi 18 años en el sistema judicial de Cuba, sostiene que los jueces de las salas de ejecución no deciden de manera independiente sobre las peticiones de libertad condicional de los presos políticos, cuyos expedientes están marcados con las iniciales CR (contrarrevolucionario).
Sin un informe favorable de la Seguridad del Estado sobre la persona encarcelada por motivos políticos, el juez no se atreve a otorgar el beneficio. Así ocurría cuando González Jiménez trabajaba en el sistema judicial y así continúa ocurriendo, según confirman fuentes desde Cuba a esta redacción.
"Los jueces no evalúan la legalidad ni la proporcionalidad del castigo cuando se trata de presos políticos y no aplican la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley, por lo que son cómplices activos de la discriminación", señala el experto.
