El calvario en las prisiones cubanas es indetenible, según los informes mensuales del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que ilustran la debacle total de los centros penitenciarios, donde los reclusos viven hacinados en las peores condiciones. En tal sentido, la institución reportó al menos 94 eventos relacionados con personas privadas de libertad en agosto. "En 75 de estos se constató algún tipo de violación de derechos", indicó el texto.
De los 75 eventos violatorios, ocurridos en 31 prisiones y centros de detención de 11 provincias del país, "los más frecuentes fueron aquellos que implicaron hostigamiento y represión (50), negación de atención médica (30), condiciones de vida precarias (20) y problemas relacionados con la alimentación (12). Un mismo evento pudo incluir varias formas de represión", detalló el CDPC.
Las prisiones con mayor número de reportes fueron el Combinado del Este (La Habana), Cuba Sí (Holguín) y Boniato (Santiago de Cuba). La organización resaltó que "al menos 46 personas privadas de libertad (42 hombres y cuatro mujeres) fueron víctimas de violaciones a sus derechos, mientras que 14 denuncias aludieron a situaciones que afectaron de manera colectiva a toda la población de determinados penales".
Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los presos políticos, opositores y afrodescendientes, categorías que pueden coincidir en una misma persona. Así, en agosto, entre las víctimas de más violaciones de derechos estuvieron los prisioneros políticos Mario Alberto Hernández Leyva (Combinado del Este), Sissi Abascal Zamora (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río).
"Las enfermedades se propagan en ambientes insalubres donde escasean medicamentos para una población penal debilitada por la mala alimentación, que en muchos casos alcanza estados de desnutrición", denunció la organización de monitoreo, y sostuvo que "a esto se suma la contaminación del agua de consumo en la mayoría de los penales".
"La crisis alimentaria se agrava porque oficiales se apropian de las raciones destinadas a la población penitenciaria y, desde la Prisión Provincial de Guantánamo y Agüica, las autoridades restringieron la entrada de alimentos que llevan las familias. En esta última prisión, 11 personas se declararon en huelga de hambre en protesta por la mala alimentación y la falta de atención médica", agregó.
Durante agosto, varias personas, como el propio Castillo Pérez, Saylí Navarro Álvarez (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas) y Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato), sufrieron suspensión de visitas familiares. Por su parte, el joven Walnier Luis Aguilar Rivera (Combinado del Este) pidió a su padre que no asistiera a la prisión, actitud que su familia asocia a presiones de la Seguridad del Estado dentro del penal.
"Las golpizas y castigos corporales siguen siendo prácticas habituales. Frómeta Allen fue golpeado y arrastrado; Hernández Leyva (1580, La Habana) recibió una paliza por negarse a vestir uniforme de preso común", indicó el CDPC.
Debido a las pésimas condiciones carcelarias, en agosto ocurrieron al menos cuatro muertes en prisión, "reflejo de dos problemas estructurales en las cárceles cubanas: la deficiente atención médica y la indolencia institucional", denunció.
La organización detalló que "Anthony Bermúdez (La Condesa, Mayabeque), Ariel Hasdie López (Quivicán, Mayabeque) y Abraham Carmenates Hervás (Boniato, Santiago de Cuba) fallecieron por falta de asistencia sanitaria o negligencia. Kevin Caraballo (Nieves Morejón, Sancti Spíritus) murió durante una huelga tras autolesionarse (clavándose la cabeza) como forma de protesta para reclamar su inocencia".
Además, el CDPC identificó, total o parcialmente, a 13 responsables (2 mujeres y 11 hombres) involucrados de manera directa en la comisión de abusos: 11 funcionarios penitenciarios, una persona reclusa que trabaja bajo órdenes de las autoridades y un oficial de la Seguridad del Estado.
El régimen de Cuba mantiene, a día de hoy, a 1.185 presos políticos en sus cárceles, según la ONG Prisoners Defenders que, en su más reciente informe, resaltó que todos ellos sufren "sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
"En Cuba, la represión contra activistas y manifestantes pacíficos continúa intensificándose, dejando un rastro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al debido proceso. En el último mes hemos registrado un alto número de casos de ciudadanos detenidos, procesados y condenados arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, expresión, manifestación y reunión, la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar de libertad a miles de personas cada año", señaló el informe.
