Las leyes en Cuba se instrumentalizan para castigar, imponiendo penas severas con un claro propósito ejemplarizante: limitar y reprimir la libertad de expresión, afirma el grupo de asesoría legal Cubalex, y el caso del preso político Juan Carlos Pérez González, quien cumple una injusta condena de 15 años de privación de libertad, así lo demuestra.
"Siento que no voy a poder vivir en libertad de nuevo" escribió Pérez González desde prisión, en una carta a la que tuvo acceso Cubalex. En ella, el reo denunció que fue condenado sin pruebas, y aseguró que las acusaciones se basaron únicamente en una supuesta relación con personas en el exterior, quienes, según determinó el tribunal sin presentar hechos probatorios, le habrían enviado dinero para financiar actos "contra el Gobierno".
"Sin embargo, nada de eso se pudo demostrar en el juicio", destacó Cubalex. Asimismo, Pérez González indicó que el tribunal no permitió que declararan personas que podían probar su inocencia y que tampoco contó con una defensa efectiva, ya que su abogado no actuó con independencia.
Según la sentencia a la que tuvo acceso Cubalex, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara también condenó, en la misma causa, al preso político Serguey Cobos Ruiz a 18 años de prisión, por pintar frases antigubernamentales en espacios públicos y por supuestos actos calificados por las autoridades como sabotaje.
Ambos fueron sancionados por los supuestos delitos de "atentado", "sabotaje" y "propaganda contra el orden constitucional". "El tribunal justificó la imposición de penas de rigor alegando que actuaron con la intención de 'quebrar el sistema social erigido en la Constitución' y 'sembrar el descontento y desaliento en la población', 'aprovechando la crisis económica del país'", refirió Cubalex.
Pérez González padece diabetes y otras enfermedades crónicas. "Lleva dos años encarcelado en la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como El Pre, bajo condiciones que amenazan su salud y su vida", alertó el grupo de asesoría legal, al tiempo que sostuvo que "nadie merece ser condenado injustamente", por lo que el preso político exige ser escuchado, al tiempo que pide la revisión de su causa y un juicio justo.
Así, en medio de un descontento social creciente, el régimen ha convertido el encarcelamiento en su principal estrategia de disuasión. Se han aplicado medidas cautelares prolongadas sin juicio y condenas severas, con penas que oscilan entre los cinco y los 25 años, en muchos casos sin pruebas fehacientes o con testimonios policiales fabricados.
Los delitos más comúnmente imputados, de acuerdo con documentos judiciales consultados, son "sedición", "desórdenes públicos", "desacato", "atentado", "resistencia" y "ultraje a los símbolos patrios", muchos de ellos interpretados de forma arbitraria para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales.
"El delito de sabotaje, por su complejidad, lleva un plan de realización y un propósito especial de índole política que rebasa el simple vandalismo, así como cualquier evento o motivación dañina surgida al calor de un escenario de protesta o descontento social", subrayó el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez.
"En este caso, no ha de importar en exclusivo el resultado del daño, sino el propósito de la acción delictiva, cuestión en la que no se abundó, para en cambio dar espacio a la arbitrariedad, a la práctica de represión. Esta omisión esencial implica, de facto, contener el descontento político, económico y social en aumento a través del uso del Derecho Penal, obviándose las formas de prevención", añadió.
Según González Jiménez "estamos ante un mensaje claro" y este caso lo demuestra: "se impone la severidad en medio de una tensa situación política, económica y social. Aunque pueda leerse de otra manera, estamos ante un nuevo ingrediente para el caldo de cultivo del probable estallido social".
