Junio estuvo marcado en Cuba por un incremento de la represión en un contexto de empobrecimiento generalizado y creciente descontento ciudadano, destacó el grupo de asesoría legal Cubalex en un reciente informe en el que subrayó que, durante el sexto mes del año, documentó 238 hechos violatorios que incluyen 512 incidentes represivos, registrados en 47 municipios de todo el país.
Así, mientras "el Estado cubano mantiene un aparato represivo activo contra voces disidentes, mientras fortalece sus alianzas con otros regímenes autoritarios", dijo, al menos 159 personas —entre ellas activistas, periodistas independientes y ciudadanos sin afiliación política— fueron víctimas de hostigamiento, incluyendo detenciones arbitrarias, amenazas, traslados forzados y agresiones.
Como en meses anteriores, las organizaciones cuyos miembros sufrieron más actos de hostigamiento fueron las Damas de Blanco, el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y CubaDecide, aunque la mayoría de las personas que sufrieron vulneraciones de derechos no pertenecen a ninguna agrupación de la sociedad civil. Las poblaciones vulnerables más recurrentes entre las víctimas fueron los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
En tal sentido, los presos políticos Jorge Bello Domínguez, José Daniel Ferrer García y Roberto Pérez Fonseca fueron visiblemente reprimidos durante junio, en acciones que tuvieron continuidad durante los primeros días de julio. Además, la opositora Donaida Pérez Paseiro fue revocada arbitrariamente a prisión por no renunciar a su activismo político y exigir la liberación de su esposo, el también prisionero de conciencia Loreto Hernández.
"En las cárceles la situación es cada vez más alarmante. Se denunciaron torturas, falta de atención médica, hambre y trabajos forzados, mientras el Gobierno niega la existencia de presos políticos. Hubo al menos cinco muertes bajo custodia, tres de ellas en prisiones, con indicios de encubrimiento estatal", resaltó Cubalex.
"Mientras, en las calles, la protesta sigue siendo perseguida y reprimida con cárcel", agregó el grupo de juristas y ejemplificó que, "en La Habana Vieja, un hombre fue golpeado y arrestado tras subirse a una azotea y gritar que estaba cansado de vivir en la miseria, sin agua, luz ni medicamentos".
Asimismo, en Guanabacoa, al menos cinco personas fueron detenidas por su participación en una protesta durante un apagón, al tiempo que el periodista Henry Constantín fue encarcelado durante varios días en Camagüey por un post en Facebook del medio que dirige, donde replicaba una denuncia sobre las violaciones de un oficial de la policía política.
"La represión a la libertad de expresión también es palpable en las severas peticiones fiscales conocidas durante este mes, contra personas que ejercieron este derecho", destacó Cubalex y resaltó que este accionar "evidencia el uso del sistema penal como herramienta de represión y disuasión del disenso público".
De igual forma, "el régimen cubano amplió el uso arbitrario del delito de sabotaje para criminalizar a quienes comercializan recargas telefónicas fuera del sistema oficial de ETECSA, advirtiendo que esta actividad podría ser sancionada con penas extremas como cadena perpetua o incluso la pena de muerte".
"Paralelamente, estudiantes universitarios que protestaron contra el tarifazo fueron hostigados en sus viviendas y centros de estudio por agentes de la Seguridad del Estado, sufrieron amenazas de expulsión y citaciones policiales, muchas veces con violencia", añadió el informe de la organización jurídica.
Estos datos, publicados este viernes, cuatro años después del histórico estallido social del 11J en Cuba, evidencian que el régimen sigue sin tener respuesta para los reclamos populares y apela una y otra vez a la represión y el miedo como únicas vías para mantenerse en el poder.
A Díaz Canel se le nota el miedo en el rostro. ¡lo que le espera no es de amigo!