Niños cubanos fueron victimas de ataques a la libertad religiosa perpetrados por el régimen durante 2024, de acuerdo con un informe de la organización Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés), publicado en mayo.
"Niños y niñas fueron objeto de abusos físicos y verbales en la escuela, debido a sus creencias religiosas", denunció la ONG con sede en Reino Unido.
La organización registró 624 incidentes distintos relacionados con la libertad religiosa o de creencias, y un total de 1.898 "vulneraciones documentadas".
En el periodo, el régimen cubano continuó negándoles a los presos políticos las visitas religiosas y el derecho a recibir materiales religiosos, en violación de las Reglas Mandela, señaló la organización.
De hecho, la mayor parte de las amenazas y actos de hostigamiento estuvieron contra grupos religiosos estuvieron relacionados con los cubanos encarcelados por motivos políticos.
De acuerdo con la CSW, "se amenazó y presionó a líderes religiosos para que expulsaran de sus congregaciones a familiares de presos políticos como parte de una política de aislamiento social".
"El Gobierno pareció especialmente decidido a perseguir a líderes religiosos y a quienes brindaban apoyo espiritual o material a las familias de presos políticos", destacó la OGN.
Sin embargo, incluso la labor humanitaria de las iglesias en un contexto de creciente miseria pareció molestar a las autoridades cubanas, según los hallazgos de la organización cristiana, que muestran una actitud del régimen que contradice la publicitada "vocación humanista" de la Revolución.
"Los líderes y sus congregaciones que intentaron responder a las crecientes necesidades humanitarias en diversas zonas de la isla durante 2024 fueron objeto de hostigamiento y multas", afirmó CSW. "En muchos casos, la ayuda que procuraban distribuir fue confiscada", añadió.
"A quienes el gobierno consideraba disidentes se les impedía de forma repetida y sistemática asistir a servicios religiosos, generalmente mediante detenciones arbitrarias de corta duración". Este ha sido el patrón empleado sistemáticamente por el régimen cubano durante años con la organización opositora femenina Damas de Blanco.
En el periodo, la ONG registró un incremento de las multas a líderes religiosos, "generalmente por dirigir actividades religiosas no autorizadas, celebrar cultos en lugares no habilitados para uso religioso o por ambas razones".
"Los líderes de grupos religiosos no registrados fueron acosados y amenazados repetidamente", de acuerdo con informe.
Sin embargo, pertenecer a un grupo religioso reconocido oficialmente en Cuba tampoco exoneró a los líderes de sufrir alguna forma de represión.
"Los líderes de grupos registrados fueron objeto de vigilancia intrusiva, sometidos a interrogatorios reiterados y otras tácticas de presión", apuntó la organización.
El informe CSW demuestran por qué Cuba fue ubicada como el país más peligroso para los cristianos en el continente americano, de acuerdo con la Lista Mundial de Persecución, publicada en febrero de 2025 y referida a los meses de octubre de 2023 hasta septiembre de 2024.
Sin embargo, el documento de Solidaridad Cristiana subraya que "grupos religiosos de todo tipo, incluidos afrocubanos, Testigos de Jehová, protestantes y católicos, tanto registrados como no registrados, entre ellos algunos pertenecientes al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), denunciaron violaciones".
La ONG destacó también que, a pesar de la represión perpetrada por el régimen, "las voces independientes o críticas, líderes religiosos de grupos tanto registrados como no registrados continuaron denunciando públicamente las violaciones a la libertad de religión o de creencia".
CSW también hizo recomendaciones al régimen cubano, como ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que La Habana ha ignorado previamente, cuando las ha recibido de otras organizaciones y organismos internacionales.
Otras recomendaciones fueron "emitir una invitación permanente a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluyendo al Relator Especial sobre la libertad de religión o creencia, así como a otros relatores temáticos de la ONU, para que visiten Cuba con acceso pleno y sin restricciones a todas las regiones del país" y "eliminar el requisito de registro obligatorio para los grupos religiosos o, en su defecto, adaptar los procedimientos y requisitos de registro a las mejores prácticas internacionales, asegurando que no sean discriminatorios".
Asimismo, recomendó la eliminación de la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) del Comité Central del PCC (Partido Comunista de Cuba) en su forma actual, "o reformarla para que funcione de manera transparente, dentro de parámetros legales claramente definidos y con mecanismos de apelación".
Varios hechos en los primeros cinco meses de 2025 apuntan a que el patrón represivo hacia la libertad religiosa exhibido por el régimen en 2024, así como en las décadas anteriores, no disminuirá y que, más bien, aumentará.
El más reciente fue el arresto y la petición fiscal de ocho años de cárcel para los pastores Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, por mencionar a Dios en un juicio militar.
Ambos pastores acreditados por las Asambleas de Dios en la comunidad Mella Vaqueros, de Isla de la Juventud, presentaron pruebas médicas para demostrar que su hijo, Kevin Lay Lauredio Rojas, no es apto para cumplir con el servicio por padecimientos psiquiátricos.
El joven escapó de la instalación en la que pasaba el Servicio Militar Obligatorio y el régimen cubano le pide cuatro años de cárcel.
La Fiscalía rechazó las pruebas y acusó al matrimonio de mentir. El pastor Luis Guillermo dijo a la fiscal que estaban actuando con injusticia y que les iba a tocar entonces enfrentarse a la justicia de Dios. De inmediato, el órgano acusador citó un supuesto artículo según el cual en el tribunal militar no se podía hablar de Dios ni de la justicia de Dios, porque para hacer justicia estaban ellos (el sistema judicial del régimen).
Por esa razón, los pastores fueron detenidos y acusados de desacato y desobediencia. Aunque fueron liberados, esperan la celebración del juicio, tras el cual podrían cumplir ocho años de cárcel.
En abril, el régimen cubano prohibió varias procesiones por Semana Santa, como ya había hecho un año antes.
