Las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres han denunciado como "injusto" y "políticamente motivado" el proceso judicial que el régimen lleva adelante en su contra, y han manifestado su decisión de no acatar sanciones que consideran "lesivas a su dignidad".
En una declaración firmada el 1 de junio de 2025 y publicada por el laboratorio de pensamiento cívico Cuba X Cuba, ambas mujeres confirmaron que la Fiscalía ha solicitado penas de cuatro años de prisión para López Hernández —acusada de desobediencia, desacato y atentado—, y tres años para Pantoja Torres, acusada de atentado. Las sanciones podrían ser "sustituidas por trabajo correccional sin internamiento", pero las acusadas han rechazado esa opción, calificándola como un intento del Estado cubano de maquillar una condena política con "apariencia benévola".
"No aceptaremos otra decisión que no sea la total exoneración de las acusaciones que se nos hacen", afirman ambas, y agregan que se negarán a cumplir trabajo correccional.
La motivación de su rechazo se basa en tres argumentos. Primeramente, consideran que aceptar cualquier sanción sería admitir acusaciones falsas que, a su juicio, pretenden castigar el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y manifestación pacífica. "Este proceso judicial espurio busca enviar un mensaje de sumisión al pueblo cubano y neutralizar en la práctica la Constitución de 2019", señalan.
López y Pantoja explican que no quieren privilegios frente a los cientos de personas presas por motivos políticos en Cuba. "Aceptar una pena menor tras acusaciones tan graves sería aceptar un tratamiento de favor que otras y otros no han tenido. Nos negamos a ser cómplices de un sistema judicial elitista, racista y antipopular".
En tercer lugar, denuncian que la propuesta de sanción alternativa responde a un cálculo político del Estado, que intenta evitar el costo internacional de encarcelar a dos figuras conocidas, con respaldo nacional e internacional. "Estamos dispuestas a exponer ante el mundo la falta absoluta de ciudadanía plena en Cuba".
Las intelectuales aseguran que seguirán agotando todos los recursos legales dentro del país, pero reiteran su decisión firme de no aceptar condenas de ningún tipo. Subrayan que, aunque no desean ir a prisión, están dispuestas a asumir ese riesgo por la defensa de los derechos humanos.
"No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica para interpelar a un gobierno que los ignora y aplasta. Tampoco deseamos ir a prisión; pero estamos dispuestas a correr los riesgos necesarios para hacer válido el ejercicio de nuestros derechos", escriben. Y cierran su declaración con un llamado a la solidaridad nacional e internacional, no solo por su causa, sino por la de todos los presos políticos en Cuba.
Estas dos señoras van a darle un fuerte dolor de cabeza al régimen.
Ahora es muy importante generar estrategias que contribuyan a la visualización del caso.
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