En la mañana de este sábado 24 de mayo fue liberado el pastor Luis Guillermo Borja Navarro después de tres días de detención y la presión de numerosas congregaciones cristianas que denunciaron el caso.
Borja Navarro y su esposa, Roxana Rojas, fueron detenidos luego de testificar en un juicio en favor de su hijo, Kevin Lay Lauredio Rojas, a quien el régimen pide cuatro años de cárcel por escapar de la instalación en la que pasaba el Servicio Militar Obligatorio.
Los pastores acreditados por las Asambleas de Dios en la comunidad Mella Vaqueros, Isla de la Juventud, presentaron pruebas médicas para demostrar que su hijo no es apto para cumplir con el servicio por padecimientos psiquiátricos.
Tras presentar estas mismas pruebas en el juicio, la respuesta que recibió el matrimonio fue que sus argumentos no eran ciertos. Los pastores respondieron que era incorrecto llamar mentirosos a los testigos.
Borja Navarro dijo además a la fiscal que estaban actuando con injusticia y que les iba a tocar entonces enfrentarse a la justicia de Dios. De inmediato, la Fiscalía citó un supuesto artículo según el cual en el tribunal militar no se podía hablar de Dios ni de la justicia de Dios, porque para hacer justicia estaban ellos (el sistema judicial del régimen).
Por estas razones, los pastores fueron acusados de "desacato y desobediencia a la autoridad", y la Fiscalía pide para ellos ocho años de prisión. Están citados para un juicio en el tribunal militar el próximo 9 de junio.
Las Asambleas de Dios siguen luchando para que se anule el procedimiento para el que está convocado el matrimonio en junio, y para que se dé una solución a su hijo en el Servicio Militar Obligatorio. En un comunicado a raíz de la liberación de Borja Navarro, la congregación religiosa emitió un comunicado de agradecimiento y esperanza.
"Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, y a su justicia divina que resultó en la liberación de nuestro pastor injustamente encarcelado. Agradecemos a cada concilio e iglesias que usaron el arma más poderosa, la oración, y mostraron su apoyo, amor y simpatía cristiana. Agradecemos a todo el Concilio de las Asambleas de Dios, a cada ejecutivo, pastor, feligresía y al pueblo de Cuba en general que una vez más hicieron valer su voz en defensa de la justicia, la compasión y la empatía hacia una familia pastoral. Agradecemos a cada institución, organización, ministerio o entidad que se solidarizaron con la causa de nuestro pastor. Agradecemos a la autoridad competente por su comprensión ante lo que consideramos un reclamo justo. Confiamos en que se continuarán dando pasos hacia la solución definitiva de este caso", señaló el texto publicado por Luzvisión en Facebook.
La plataforma publicó un video del pastor liberado desde su casa junto a su esposa.
La objeción de conciencia —negativa a cumplir con un deber jurídico por motivos de conciencia— fue introducida en la Constitución cubana de 2019. Sin embargo, según reconoce un estudio publicado en la Revista Cubana de Derecho, "se trata de una regulación limitativa y negativa".
El Artículo 54 dice que "el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión". Sin embargo, acto seguido, aclara que "la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".
La propia Constitución, en el Artículo 4, dice que el sistema socialista es irrevocable y entiende que la defensa de la patria socialista es un deber supremo de cada cubano. Si un cubano no tiene ni siquiera el derecho a declararse "no socialista", ¿contra qué podría objetar si su conciencia está limitada por la ley? ¿Para qué sirve entonces que la Constitución mencione la objeción de conciencia si no se puede ejercer?
La familia de Lauredio Rojas teme que él atente contra su vida, pues durante varios años ha padecido problemas psiquiátricos. Suficientes eventos de suicidios y accidentes con jóvenes soldados cubanos como víctimas sustentan esta preocupación. La etiqueta #NoAlServicioMilitarObligatorio cobró fuerza tras las muertes de varios durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, y durante las explosiones en el almacén militar de Holguín en enero de 2025, donde nueve de los 13 fallecidos eran reclutas.
