Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar criticaron este lunes a la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, por apoyar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre el bloque y La Habana, y le pidieron poner fin al financiamiento del régimen.
La semana pasada, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, Kallas afirmó que el ADPC "no es una forma de ignorar nuestras diferencias, sino de abordarlas". Insistió, además, en que el acuerdo pretende "fomentar las reformas, fomentar el respeto a los derechos humanos y acompañar la modernización de la economía cubana, fomentando los valores europeos y protegiendo nuestros intereses", elementos que, sin embargo, no se han cumplido según las expectativas de la UE.
De esa forma, la estonia se mostró mucho más cerca de la política hacia La Habana seguida por su predecesor en el cargo, el socialista español Josep Borrell, de lo que esperaba una gran parte de la sociedad civil cubana.
Ante esta postura de la jefa de la diplomacia europea hacia La Habana, Díaz-Balart se mostró "horrorizado" en su página de Facebook y calificó el acuerdo de "fallido", al igual que la oposición, el exilio y la sociedad civil independiente cubanos. También miembros de la Eurocámara han pedido que el acuerdo sea suspendido o que su implementación se someta a revisión.
El representante por la Florida recordó en su post el incremento de la represión en Cuba desde 2016 y 2017 —años de la firma y entrada en vigor, respectivamente, del APDC—, que ejemplificó con la permanencia en prisión de cubanos que protestaron pacíficamente contra el régimen en julio de 2021.
Asimismo, el político republicano señaló la presencia de bases de espionaje chino a EEUU en Cuba, que el régimen "profundizó su entrenamiento militar y su relación de armas con Bielorrusia" y que miles de cubanos participan como mercenarios en la invasión rusa de Ucrania, como reveló recientemente la inteligencia de la nación agredida.
También cuestionó cuántos de los prisioneros políticos cubanos excarcelados —tras una negociación entre La Habana y el Vaticano— están nuevamente en prisión, en alusión a los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, a los que el régimen cubano revocó la libertad condicional el 29 de abril.
"La verdad es que el pueblo cubano languidece bajo una dictadura totalitaria con una economía comunista cerrada. El resto es propaganda. Continuar el PDCA, especialmente con sus ganancias inesperadas de asistencia al régimen, permite el statu quo a expensas del pueblo cubano", criticó el congresista, a la vez que elogió a los gobiernos de Suecia y Lituania, y a los europarlamentarios que han pedido la suspensión o la revisión del acuerdo.
En la misma línea, Salazar expresó en su cuenta de X su decepción por "el apoyo de la alta representante a políticas que ayudan y legitiman al régimen comunista cubano" y consideró "inaceptable" que "mientras el régimen encarcela a miles de disidentes políticos —incluidos José Daniel Ferrer, Félix Navarro y otros— y aplasta cada libertad básica en la Isla, la UE continúe enviando recursos económicos que fortalecen a la dictadura".
La congresista también se refirió a la presencia de mercenarios cubanos en las tropas invasoras rusas y resaltó que "el dictador Díaz-Canel aparece junto a Vladímir Putin, reforzando una alianza antioccidental que amenaza la seguridad global".
"La UE debe poner fin al PDCA y dejar de financiar la tiranía", demandó la política cubanoamericana. "Cada euro que llega al régimen de La Habana fortalece un sistema que socava la democracia, desestabiliza la región y exporta represión".
Mantener el acuerdo convierte a la Unión Europea "en cómplice del sufrimiento del pueblo cubano y de la creciente amenaza a los valores y la seguridad de Europa", recalcó.
La postura de la Alta Representante de la UE sobre el acuerdo recibió duras críticas de miembros de la sociedad civil cubana.
La semana pasada, la activista Carolina Barrero, del Movimiento Ciudadanía y Libertad, recordó en su cuenta de X que, en su forma actual, el acuerdo segrega a la sociedad civil independiente cubana, pues "no permite su participación oficial en el Diálogo de Derechos Humanos".
El acuerdo además "restringe" el acceso de la sociedad civil cubana a los fondos de cooperación destinados al avance de los derechos fundamentales, añadió Barrero.
"A ello se suma la ausencia de mecanismos eficaces de fiscalización sobre los fondos europeos canalizados desde 2016 hacia entidades estatales o vinculadas al aparato oficial", subrayó la activista.
El director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxis Cires, señaló que, contrario al calificativo de "constructivo" con el que la UE describe el acuerdo, este en realidad " no ha traído ni un resultado positivo para el pueblo cubano, ni en términos políticos, ni económicos ni sociales", en declaraciones al medio estadounidense Martí Noticias.
En su intervención ante el Parlamento Europeo, Kallas afirmó que el bloque quiere un cambio en Cuba, "pero, como en todos los países, la UE no tiene la capacidad ni el deseo de imponer un cambio".
También reconoció que en Cuba "persiste el retroceso" en materia de derechos humanos, lo que ejemplificó con las revocaciones de libertad condicional a Ferrer y Navarro.
Al reconocer la persistencia de violaciones de derechos humanos y, aun así, defender el acuerdo, la jefa de la Diplomacia Europea opta por ignorar que este contiene una cláusula relacionada con los derechos humanos, que contempla la suspensión en caso de violaciones graves y sistemáticas de los principios democráticos y las libertades fundamentales. Está recogida en el Artículo 85 y puede ser activado en situaciones de "especial urgencia".
La activación de esa cláusula, solicitada por la oposición y la sociedad civil independiente cubana, así como por europarlamentarios, lejos de significar una imposición de cambios en la Isla por parte del bloque, significa respetar lo que establece el acuerdo.
