La campaña "Cubanas en Resistencia" tiene como objetivo visibilizar las historias de mujeres que han sido privadas de libertad, así como de aquellas que son familiares de personas en prisión, activistas, opositoras y exiliadas. Busca destacar la actitud resiliente de estas mujeres frente a la violencia del Estado cubano debido a sus ideas políticas. En esta entrevista, Marthadela Tamayo, quien recibió en diciembre de 2024 el premio franco-alemán de los Derechos Humanos, aborda temas clave de su activismo, sus experiencias personales y los desafíos que ha enfrentado, resaltando su resistencia y compromiso con los derechos humanos en Cuba.
¿Qué experiencias personales la llevaron a involucrarse en la defensa de los derechos humanos en Cuba y cómo se sumó al trabajo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)?
Dentro de la sociedad civil cubana, ya hace casi 20 años, he venido trabajando, apoyando y animando diferentes proyectos que van desde el trabajo con mujeres, derechos electorales, y proyectos relacionados con el trabajo comunitario y la educación en valores, enfocados en la formación de niñas, niños y adolescentes. Principalmente, he trabajado como parte del CIR, junto a mis compañeros en el barrio, es decir, siempre desde esa Cuba profunda, desde los asentamientos poblacionales y barriales, o lo que en buen cubano se conoce como los "llega y pon".
Esa defensa de los derechos humanos fue lo que me generó el deseo de trabajar y luchar dentro de la sociedad civil. Después de ser expulsada de mi centro de trabajo en 2013 (más adelante explico esto), tuve la oportunidad de viajar a países como España y Estados Unidos, donde también recibí becas relacionadas con la formación de activistas cubanos. Esas experiencias estaban orientadas al trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad y marginalidad, como la población afrocubana.
Toda esa formación y el conocimiento adquirido a través de esas becas los llevé de regreso a Cuba, donde los desarrollé dentro del CIR y en el trabajo barrial. También me involucré en procesos de defensa de derechos electorales, como el proyecto de Consenso Constitucional en 2014, y posteriormente en el proyecto Otro 18, que buscaba específicamente reformas al sistema político y electoral cubano. Este último pretendía, entre otras cosas, presentar candidatos independientes a las Asambleas Municipales y abordar los temas de la observación electoral y el monitoreo ciudadano. Por primera vez, estos temas comenzaron a discutirse dentro de la sociedad civil, lo que obligó al Estado a reaccionar y a movilizar observadores propios, algo inédito hasta ese momento.
Antes de trabajar dentro del Comité de Integración Racial, también colaboré con otros grupos como la Alianza Democrática Oriental y el Partido Solidaridad Cubano, que en ese momento estaba liderado por Fernando Palacio, quien hoy dirige el Centro de Liderazgo y Desarrollo.
Usted ha mencionado que el racismo en Cuba está presente en el imaginario social y se ha construido desde una cultura de privilegio blanco. ¿Cuáles son las principales manifestaciones del racismo en la sociedad cubana actual?
El CIR desarrolló tres investigaciones enfocadas en la negación, represión y exclusión de los afrocubanos, la disparidad racial en el mercado laboral cubano y los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres afrocubanas en la etapa de la pandemia. Esto nos aportó datos para lo que constantemente mencionamos sobre el racismo en Cuba como parte del imaginario social, que se ha construido desde una cultura del privilegio blanco.
En ese sentido, investigamos sobre el barrio "El Tropical", una comunidad en situación de marginalidad en el municipio de San Miguel del Padrón. Desarrollamos encuestas y entrevistas examinando las propias percepciones de un grupo de mujeres afrocubanas pertenecientes a ese barrio. Ellas hablaron sobre la existencia de barreras que impiden su inserción en la economía. Exploramos la extrema precariedad que presentan, también porque en su mayoría provienen de otras partes del país, principalmente del oriente de la Isla y han llegado a La Habana en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para vivir. Sin embargo, solo consiguen participar en actividades informales, con una inestabilidad de supervivencia, porque solo adquieren empleos como trabajos de limpieza, trabajos de cuidadoras de baños, trabajos de vendedoras ambulantes.
Entonces, la población afrodescendiente es la que principalmente está en todos estos puestos, en contraposición con las que tienen ese privilegio blanco. Estas que son afrodescendientes viven en esa Cuba profunda, y tienen todo el peso de la jefatura del hogar, caminan largas horas en La Habana, trabajando como vendedoras ambulantes para poder llevar el sustento a sus hogares.
Nos basamos en el tipo de análisis de una investigación que se desarrolló desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y que habla sobre la pobreza extrema en Cuba y cómo esta afecta principalmente a las personas afrodescendientes. Nuestra investigación desde el CIR coincide con los aportes del OCDH. Ellos denuncian el racismo estructural en Cuba a través de resultados de encuestas donde demuestran que, por ejemplo, en el año 2024 la pobreza extrema en la Isla había escalado un 89%, y los hallazgos del informe evidencian cómo la falta de recursos afecta principalmente a las personas afrodescendientes.
El 68% de las personas afrocubanas encuestadas por el OCDH manifestaron tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir, frente a un 61% de la población blanca. Otro de los datos que aparece dentro del informe es que el 81% de afrocubanos dijo no recibir remesas, mientras que fue un 71% de las personas blancas quienes manifestaron estar en la misma situación. El 15% de afrodescendientes estaba en situación de desempleo frente a un 12% de otras poblaciones.
Coincidimos con la visión del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en ese sentido desde su investigación, y también apoyamos la visión del Instituto de Raza e Igualdad. Estas organizaciones piden al Estado cubano que reconozca estas desigualdades y que impulse acciones que permitan el auto reconocimiento de las personas afrodescendientes, y que se creen políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.
¿Cuáles han sido las principales agresiones físicas, violaciones y abusos psicológicos que has enfrentado por tu activismo?
Bueno, en estos largos años han sido varias las situaciones de amenazas, de acoso, de detenciones arbitrarias que como defensora de derechos humanos en Cuba he vivido. Se debe a esa violencia política que el Estado cubano ejecuta sobre las personas que queremos formar parte de la vida pública y política de nuestro país.
Insisto en que como mujer he sido víctima de toda esta represión, que se traduce, por ejemplo, en la expulsión en 2013 del centro de trabajo donde me desempeñaba, la escuela secundaria básica Rubén Martínez Villena, en el municipio Antilla de la provincia de Holguín. Soy licenciada en Educación con una mención en inglés, y primero me hicieron un análisis, me entregaron por escrito la notificación donde consignaba que estaba vinculada a personas desafectas y me sacaron de ahí.
No había habido quejas de los alumnos ni ningún otro tipo de problema. Cuando empezó el curso escolar siguiente ya me habían dado la baja del sectorial de Educación con una sanción de cinco años. Dijeron que yo había abandonado el puesto de trabajo, pero exigí que pusieran las razones verdaderas, y entonces consta que "no cumple con las conductas que un docente debe tener para enfrentarse a las aulas de la Revolución…".
Además de las detenciones arbitrarias, en esta última etapa se añaden los constantes cortes de internet cuando he participado o he firmado algunas peticiones, o cuando desde la sociedad civil se ha pedido a través de cartas que se realicen marchas por el cambio, o incluso durante los propios procesos de derechos electorales, en los que también he trabajado. Todo ello ha implicado una cuota de represión, pero actualmente, desde 2019 hasta la fecha, enero de 2025, tengo lo que el Estado nombra con un eufemismo y es la condición de "regulación". Significa que no puedo salir del país con el derecho de poder regresar. En la misma situación están mi esposo, Osvaldo Navarro, coordinador dentro del CIR del proyecto DI.VERSO, y otros activistas del CIR (Manuel Cuesta Morúa, María Elena Mir Marrero).
Al CIR, desde 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar, teniendo en cuenta todas estas arbitrariedades que desde hace ya casi 20 años hemos sufrido.
Ha presentado informes ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué resultados ha obtenido de estas gestiones? ¿Considera que la comunidad internacional está suficientemente informada sobre la situación de los derechos humanos en Cuba?
Hemos presentado varios informes a organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2016 y 2017, por ejemplo, desde el CIR presentamos las investigaciones "Negación, represión y exclusión de los afrodescendientes cubanos" y "Discriminación racial en el mercado laboral cubano". Ambas analizaron las desigualdades raciales desde el mercado laboral cubano, con resultados que se fundamentaron en el contacto permanente con la población negra y mestiza afrocubana en condiciones de exclusión y de marginalidad en la esfera laboral. La realidad de la Cuba contemporánea refleja la persistencia del racismo y la discriminación racial, así que pretendíamos, en alianza con otros grupos, enriquecer la comprensión colectiva del problema, para diseñar y adoptar soluciones eficaces que garanticen la equidad racial en Cuba.
También hicimos recomendaciones a la sociedad civil cubana y a los actores económicos tanto internos como externos, como adoptar acciones afirmativas que contribuyan a corregir esas asimetrías raciales, que siguen caracterizando el mercado laboral cubano y que se traduce en una subrepresentación de los afrocubanos en el sector económico y emergente. También, reforzar con acciones educativas de lucha contra la discriminación racial a todos los actores claves en el mercado laboral, especialmente a los empleadores del sector económico emergente; impulsar las denuncias y sanciones de actos de discriminación racial en el mercado laboral; priorizar el tema de las desigualdades raciales en las campañas masivas contra el racismo; garantizar la adopción del enfoque diferencial en políticas públicas para el empleo, la salud, la educación.
¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo en la lucha contra el racismo y la discriminación de género en Cuba?
El trabajo del CIR desde 2008 se ha enfocado en dos ejes principales: la discriminación racial y la discriminación de las mujeres. Nuestro objetivo ha sido, ante todo, promover la igualdad de derechos y oportunidades, sensibilizando sobre el avance de las mujeres, derechos que están refrendados en la Constitución de la República de Cuba.
Sin embargo, al analizar el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, presentado en 2021 por el Estado cubano, notamos que muchas mujeres activistas de la sociedad civil quedamos excluidas de sus propuestas. Una de las áreas que más nos llama la atención es la relacionada con el perfeccionamiento de la información estadística sobre quejas y reclamaciones con perspectiva de género, así como el estímulo a la investigación científica en temas de género. Otra área importante es el impulso a la participación de las mujeres en el sistema del Poder Popular, especialmente como delegadas de base, y la promoción de su presencia en espacios de toma de decisiones. Aunque el programa reconoce la necesidad de perfeccionar políticas que fomenten la promoción de la mujer, no aborda ni incluye el trabajo de muchas de nosotras que hacemos activismo independiente.
En este sentido, Cuba tiene una deuda pendiente con la sociedad civil, especialmente con las mujeres. Desde hace años hemos insistido en la necesidad de políticas públicas efectivas y de una ley integral de género que aborde la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, incluyendo el feminicidio, que aún no está reconocido como delito específico en el Código Penal.
Por otro lado, siempre hemos trabajado desde la perspectiva de la interseccionalidad, entendiendo que la discriminación se intensifica en la intersección entre género y color de piel. Las mujeres negras y mestizas enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad social, pobreza y menores oportunidades, tanto en el sector estatal como en el cuentapropista. La transmisión intergeneracional de la pobreza, la falta de acceso a oportunidades laborales y las condiciones de marginalidad afectan de manera desproporcionada a estas mujeres. Además, factores como la edad, el territorio y la condición migratoria agravan aún más esta realidad.
En resumen, el tema de la interseccionalidad y la deuda del Estado con las mujeres, particularmente con aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, son cuestiones urgentes. La ausencia de políticas públicas efectivas que realmente beneficien a la mujer cubana sigue siendo una de las principales luchas que continuamos denunciando y enfrentando.
Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel de las mujeres en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba? ¿Cómo ha influido su activismo en otras mujeres dentro de la Isla y en la diáspora?
Trabajo con mujeres dentro de la sociedad civil cubana, y creo que nosotras, como mujeres empoderadas y resilientes, debemos impulsar proyectos dentro de este ámbito. Esto lo veo reflejado en el trabajo que he desarrollado en el CIR, especialmente en el capítulo de derechos electorales que impulsamos desde 2016. Como parte de este esfuerzo, junto a otros activistas y miembros de la red de derechos electorales, he participado en la observación de distintos procesos, desde la reforma constitucional del 24 de febrero de 2019 hasta el referéndum del Código de las Familias en 2022. Más recientemente, entre septiembre y noviembre de 2024, observamos las asambleas de rendición de cuentas, participando en 45 de ellas, lo que nos permitió documentar de manera detallada la realidad de los derechos electorales en Cuba.
Este trabajo evidencia no solo mi aporte como mujer en estos procesos de transformación, sino también la capacidad de liderazgo que las mujeres tenemos dentro de la sociedad civil independiente. Además, he apoyado diversos proyectos femeninos como la Alianza Cubana por la Inclusión, fundada en 2019, donde un grupo de mujeres diversas exigimos al Estado cubano una Ley Integral de Género. Entre nuestras demandas fundamentales estaban el reconocimiento de los feminicidios, el abordaje de la violencia política que sufren muchas activistas y mujeres en Cuba, y la formación adecuada de los funcionarios públicos que manejan estas denuncias.
Asimismo, he colaborado con proyectos como la Red Femenina de Cuba, el Observatorio Alas Tensas y otros que no solo abordan el activismo desde el enfoque de derechos humanos, sino también desde una perspectiva cultural y artística. Todo este trabajo busca visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva.
¿Qué le da esperanza y la motiva a seguir adelante en su lucha? ¿Qué le gustaría que la comunidad internacional supiera sobre la resistencia de las mujeres cubanas?
A pesar de las adversidades y de la constante violación de derechos humanos en Cuba, así como de la arbitrariedad del Gobierno hacia activistas, periodistas independientes y artistas con posturas críticas al sistema, siento que debemos y podemos seguir avanzando.
Es fundamental continuar profundizando el trabajo como defensores de derechos humanos. Este es un momento clave, un tiempo en el que la articulación y las alianzas son el único camino para, desde dentro de Cuba, tejer climas de confianza y trabajar unidos hacia una misma visión: la libertad de Cuba. Y con esa libertad, la garantía de todos los derechos fundamentales: el derecho a asociarse, a formar grupos, movimientos y plataformas de manera libre; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a las libertades artísticas. Es vital seguir exigiendo que no haya más discriminación por género ni por raza, y trabajar por el cese de la violencia de género, la violencia social que afecta la tranquilidad ciudadana y, por supuesto, la violencia política.
Es igualmente importante seguir luchando por unos derechos electorales plenos y por elecciones justas, transparentes y plurales en condiciones de igualdad. Todo esto es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Desde el Comité de Integración Racial, con sus dos capítulos, DI.VERSO y la Red de Observación de Derechos Electorales, queremos que este trabajo sea conocido y reconocido por organismos internacionales y por todos aquellos que quieran lo mejor para nuestro país.
En cuanto al mensaje que queremos transmitir a las nuevas generaciones, siempre hemos creído que la clave está en la articulación con la ciudadanía, en el contacto cara a cara. La sociedad civil no debe perder el vínculo con sus vecinos, con el entorno barrial, que es un enfoque que siempre hemos defendido. No podemos perder el contacto con quienes viven a nuestro lado, en esa Cuba profunda.
Son ya 20 años de trabajo. Sé que cuando se dice esto muchas personas pueden cuestionar y preguntar "¿y qué se ha logrado?". La respuesta es simple: hemos logrado contar nuestras historias de éxito. A pesar de que no tenemos la libertad plena y que constantemente estamos luchando por el derecho a las libertades grupales porque creemos que las libertades individuales emanan de ahí, sabemos que hay grandes historias de éxito que contar, aún estamos aquí, intentando dar todo lo que tenemos. Y esa propia articulación desde los que estamos aquí, desde la diáspora, desde el vecindario, es lo que yo creo que nos va a llevar a un cambio total.
