Los cubanos Luis Franklin Ruiz y Mario Benítez murieron en prisión en agosto, presuntamente por negligencia médica, recoge el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en su informe correspondiente al mes pasado.
Franklin Ruiz, un preso común de 52 años que se encontraba recluido en el centro penitenciario de Camagüey conocido como Kilo 7, habría sido hospitalizado tras sufrir un infarto el 22 de agosto. Cuatro días más tarde, fue enviado de regreso a la cárcel, donde falleció, según la denuncia del prisionero político Virgilio Mantilla Arango, que fue recogida por la ONG.
Benítez, de 55 años y preso común, se encontraba la prisión 1580, de La Habana. De acuerdo con una denuncia del activista Librado Linares, fue conducido al puesto médico con mucha fiebre y quedó a la espera de ser trasladado a un hospital, pero esto no sucedió y el recluso murió.
El Centro de Documentación de Prisiones afirma en su informe que algunas enfermedades que sufren los reclusos en las cárceles cubanas y provocan vómitos, fiebres, dolores de cabeza y desmayos "no son correctamente diagnosticadas". También expresa preocupación por "enfermedades colectivas como el dengue, tuberculosis, varicela.
Pese a la proliferación de estas enfermedades, las condiciones de hacinamiento resultan comunes en las prisiones, "al punto de que los reos tengan que dormir en los pasillos y en el suelo", describe la ONG.
A ello se suman "la pésima higiene de los locales, contaminación del agua de beber, filtraciones y el desbordamiento de aguas albañales, así como las plagas de roedores, cucarachas, chinches y otros vectores que propician estas situaciones".
Los presos que denuncian las violaciones de derechos humanos reciben amenazas, incluso de muerte, de acuerdo con el informe de la organización. En ese caso estaría el preso político por las protestas antigubernamentales de julio de 2021 Fernando Michel Bárzaga Mompié, recluido en la Prisión Provincial de Granma.
El también preso político del 11J Liván Hernández Sosa, quien se encuentra en el Campamento de trabajo forzado "Valle del Yabú", de Villa Clara ha sido amenazado con el regreso al régimen de mayor severidad.
Yanet Pérez Quevedo (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) ha sido amenazada con ser privada del derecho a llamar por teléfono.
Entre los presos políticos que denunciaron amenazas en agosto están el opositor Virgilio Mantilla Arango y el artivista Luis Manuel Otero Alcántara.
La situación crítica de la alimentación en las cárceles, presente en anteriores informes de esta ONG, así como en testimonios que han ofrecido los presos directamente mediante llamadas telefónicas, se repite en el reporte correspondiente a agosto.
"Además de las raciones por debajo de la norma, la mala calidad de la elaboración, el escaso balance nutricional y el robo de los alimentos, en el tema de la comida evidencia una deshumanización extrema o intención de humillación de parte de las autoridades penitenciarias, que con frecuencia sirven a las personas detenidas alimentos descompuestos o que no se consumen tradicionalmente en el país", refiere el documento.
Como ejemplo de lo anterior, relata que en la prisión Kilo 8, de Camagüey, la ONG cuenta que el 13 de agosto, a los presos se les dio una ración de pollo para "celebrar" el cumpleaños del difunto dictador Fidel Castro. La carne estaba podrida, afirma el informe.
"En estas condiciones de subalimentación los reclusos son obligados a realizar trabajos forzados durante largas jornadas, a veces sin pago y en áreas que son propiedad de los jefes de las prisiones", añade la ONG.
En agosto, el Centro de Documentación identificó a 74 presos como víctimas de alguna violación de sus derechos en las cárceles. De ellos, la mayoría (67) fueron hombres. Sin embargo, la persona que más acciones de hostigamiento sufrió, según el informe, fue la presa política Yilian Lucía Oramas García (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque).
El documento explica que esta reclusa debió recurrir "a una huelga de hambre que puso en riesgo su vida para impedir que le revocaran el régimen de menor severidad, como castigo por una llegada tarde al retorno al pase debido a la pésima situación del transporte interprovincial y que había informado previamente a las autoridades del penal".
Según el texto, fueron identificados "total o parcialmente" 19 personas (17 hombres y dos mujeres) implicadas "directamente" en la perpetración de violaciones de derechos humanos. Serían 18 funcionarios de prisiones y un agente de la Seguridad del Estado.
