El Gobierno de España implementará un "mecanismo de apoyo a personas defensoras de derechos humanos" de América Latina y el Caribe, pero se desconoce cómo funcionará en las tres dictaduras de la región, especialmente en Cuba.
El proyecto fue presentado en la Casa de América de Madrid por Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La primera de sus "tres líneas de actuación" incluye un fondo de emergencia, "orientado a dar protección, en su propio territorio, a estas personas y a sus familias cuando se encuentren en situación de especial necesidad por amenazas a su propia vida o integridad".
España prevé apoyar, al menos teóricamente, a las redes comunitarias de la región, "reforzando sus capacidades a favor de los derechos y promoviendo grupos estables de acompañamiento".
Por último, aprobará "una línea de becas para la continuación de estudios universitarios, máster y pasantías para personas que ejercen profesiones relacionadas con los principios del Estado de Derecho y la democracia, con especial atención a periodistas y personas defensoras de la libertad de expresión".
"El mecanismo es un instrumento regional, que no está orientado a la elaboración de estrategias por país, sino a la protección y apoyo a las personas defensoras en América Latina y el Caribe, independientemente de su lugar de origen", dijo a DIARIO DE CUBA un portavoz de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El organismo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, evitó aclarar si se aplicará en el caso de Cuba, donde hay más de mil presos políticos y los activistas sufren la peor situación de derechos humanos de la región.
No obstante, la AECID asegura que el programa recién comienza, y aún están por desarrollarse las vías de aplicación y apoyo descritas en la presentación. En el caso de algunos países, que no mencionó, España trabajará "con discreción".
En teoría, al mecanismo de apoyo "podrá acogerse cualquier persona que se ajuste a la denominación de 'defensora de los derechos humanos según las Naciones Unidas' o que, por su trabajo 'a favor de los principios del Estado de Derecho' se encuentre en situación de riesgo".
Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España y participante en el evento, dijo a este periódico que las becas de formación están pensadas para que los beneficiarios regresen a sus países y contribuyan al desarrollo.
Sin embargo, lamentó que algunos regímenes, como el de Cuba, "impiden a las personas volver a su país, y se quedan en un limbo".
"Tampoco podemos ir a Cuba a organizar un seminario abierto a cualquier tipo de periodista", cuestionó Bauluz.
El único informe de violaciones mencionado por el Gobierno español en la "nota de concepto" del mecanismo corresponde a la organización irlandesa Front Line Defenders, que no coloca a Cuba entre las prioridades de derechos humanos en las Américas.
El documento abre su capítulo regional describiendo en profundidad la situación de los activistas en países como Colombia, Brasil, El Salvador, Honduras, Perú, Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.
Luego aparece el nombre de Cuba, mencionado un par de veces sobre la aprobación del nuevo Código Penal y el impacto de las reformas legales en las libertades de reunión, asociación y expresión.
"La libertad de información está en peligro en todo el mundo. Los testimonios de personas defensoras nos indican que la amenaza no viene solo de los gobiernos: también de actividades económicas como la extracción de recursos naturales", explicó el director de la AECID en la presentación del programa.
