Las víctimas de una salvaje agresión transfóbica el pasado 20 de junio recibieron respuesta oficial de la Fiscalía Municipal de Cárdenas, Matanzas, sobre la queja que presentaron por la negativa de la Policía del municipio a radicar una denuncia contra sus agresores.
La respuesta reconoce el derecho de las víctimas a la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
El episodio de violencia machista ocurrió cuando un grupo de jóvenes, sin razón alguna, la emprendió a pedradas y botellazos contra seis jóvenes trans que se reunían en las calles Tenería y Ruíz, de Cárdenas. Como resultado del ataque, tres chicas resultaron lesionadas y, cuando se dirigieron a la unidad municipal de la Policía, los agentes policiales se negaron a radicar la denuncia.
Aunque los fiscales municipales realizaron gestiones que culminaron con la radicación de la denuncia por la Policía, estaba pendiente la respuesta oficial del escrito de queja de las víctimas, que llegó mediante comunicación firmada por la fiscal municipal de Cárdenas, Yeney Santana Santander, y a la que DIARIO DE CUBA accedió.
En dicha comunicación, la fiscal informa que se radicó el atestado 14554 de 2023 por el delito de lesiones contra dos acusados, cuya identidad se omite respetando el derecho de presunción de inocencia.
En la propia comunicación fiscal se reconoce que el atestado fue elevado a la Fiscalía Provincial de Matanzas para su dictamen. Igualmente se explica que el delito de lesiones del artículo 348 del Código Penal vigente establece un marco sancionador de uno a tres años, aunque "en este caso al tratarse de hechos motivados por la discriminación de sexo, orientación sexual, identidad de género, aumenta en un tercio ambos límites, conforme a lo dispuesto en el artículo 350 1 inciso b."
Sin embargo, el desarrollo del proceso penal dista mucho de ser satisfactorio para las víctimas de las lesiones. Roxana Montejo Suárez, de 22 años de edad, una de las lesionadas, expresó: "No sabemos nada del curso de la denuncia, la instructora no nos quiere dar ninguna información, solamente dice que ella nos llamará, pero no nos llama. Incluso me han comentado en la calle que les pusieron una multa a los atacantes, pero no sabemos si es verdad."
Yeni Marlen González Díaz, de 38 años, otra de las víctimas dijo que no quiere "repetir todos los malos ratos" que pasó en la unidad de la Policía. "Ahora, con la nueva instructora, ir allá es por gusto, se niega absolutamente a dar la más mínima información del proceso penal".
"No sabemos nada de nada, si habrá juicio, si los multaron… solo nos dice que esperemos. Sin embargo, ya pasaron más de los dos meses del término legal de la denuncia y nada. Lo único que puedo contar en este tiempo es que recibí citación de la fiscal para darme respuesta escrita a la queja".
"Nosotros no vamos a desistir de la justicia, esperaremos hasta que alguien nos dé una respuesta definitiva", finalizó la víctima.
Consultado un especialista del Derecho sobre el caso, señaló que en el nuevo Código Penal, Ley 151 de 2022, "por primera vez se hace mención a la violencia por motivos de género y se incorporan nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación y la violencia en todas sus formas, aunque no se incluyó expresamente la figura del feminicidio".
"Sería muy positivo que este asunto llegara a los tribunales para sentar un claro precedente de protección a las minorías por identidad de género y lanzar un mensaje de impunidad cero a la violencia machista, homofóbica y transfóbica", opinó.
Las feministas cubanas llevan años exigiendo una ley integral contra la violencia de género, sin que el régimen las escuche. Mientras, aumentan los crímenes machistas en la Isla, que suman ya 55 en lo que va de año, incluyendo un transfeminicidio, el de Samira Lescar, ocurrido en julio pasado.
Quizás Mariela trate de tirar un golpe periodístico y se interese por estés persones,en tanto la otra presa política con VIH se pudre en prisión y se le niegan llamadas y visitas....
En Cuba no hay Estado de Derecho para nadie, si a eso se le suma la homofobia, transfobia y todas las fobias contra ese grupo humano, ahí están los resultados. Esa discriminación comienza con los agresores y atraviesa todo el tejido social, incluidos policías, agentes del Minint, Minfar, etc.