La prisionera política Taimir García, víctima también de la escasez de recursos médicos que vive Cuba

La prisionera política cubana Taimir García, condenada a cinco años de cárcel por protestar contra inspectores estatales en Las Tunas en 2021, necesita un kit quirúrgico para una operación de vesícula, publicó en Twitter de la opositora Martha Beatriz Roque Cabello

"Ella padece de varias enfermedades crónicas", explicó la opositora. Las personas interesadas en ayudar a García pueden contactar a su esposo, Holmis Rivas Carmenate en el número 56755607, que incluyó Roque Cabello en su publicación.

García es una de las muchas cubanas golpeadas por la escasez de medicamentos y recursos que vive el país. En las redes sociales abundan las publicaciones de residentes en la Isla que piden ayuda para conseguir una medicina, insumos para una cirugía o una visa humanitaria que les permita a ellos o sus familiares tratarse fuera de la Isla, que el régimen vende como una "potencia médica".

En el caso de la activista tunera se suma el hecho de su condición de prisionera política, cuyo delito es su oposición manifiesta al régimen cubano.

El pasado 6 de junio, Rivas Carmenate denunció las violaciones de derechos humanos contra su esposa en la prisión, pese a sus problemas de salud.

"Holmis Rivas Carmenate denuncia la situación de su esposa, la prisionera política Taimir García Meriño, a quien constantemente violan sus derechos a pesar de encontrarse en mal estado de salud, padeciendo varias enfermedades", publicó en Facebook el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos (OCDH), que compartió un video realizado por él.

En mayo, también había denunciado la falta de atención y de diagnóstico para los problemas de salud de su esposa en la prisión.

Rivas Carmenate estuvo entre los 50 familiares de presos políticos cubanos que, en abril, pidieron a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que exigiera al régimen de Miguel Díaz-Canel el cumplimiento de las resoluciones de condena a la represión en la Isla aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea utilizara el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana para conseguir la liberación de todos los encarcelados.

En una carta colectiva que el OCDH hizo llegar a la institución europea, los firmantes subrayaron que acudían a esa instancia "buscando solidaridad" en su "afán incansable por lograr la liberación de nuestros seres queridos injustamente presos".

A mediados de mayo de 2022, el Tribunal Municipal de Las Tunas hizo firmes las sentencias contra García y los también activistas Adrián Góngora y Damián Hechevarría. Los tres estuvieron cerca de un año en espera de juicio.

García recibió una condena de cinco años de privación de libertad, al igual que Damián Hechevarría, mientras Adrián Góngora fue sentenciado a dos años y seis meses en prisión.

Los delitos adjudicados por la Fiscalía a los activistas cubanos fueron "atentado", "desobediencia" y "desacato", según declaró entonces Rivas Carmenate al medio estadounidense Martí Noticias.

"Una vez más, se pone de manifiesto el odio, la represión en contra de los opositores pacíficos para así poderlos encarcelar y callarles su voz, pero, aun así, llenándolos de años en prisión, no podrán callar jamás tanta valentía, tanto honor que han ganado con su pueblo", expresó.

El proceso contra los activistas tuneros fue abordado en 2021 en la prensa oficial por el vocero del régimen Humberto López, quien los acusó de ser delincuentes comunes y aseguró que serían juzgados por el delito de propagación de epidemias.