El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) entre el régimen cubano y la Unión Europea es objeto de críticas por parte de la sociedad civil dentro y fuera de la Isla, así como de legisladores de América Latina y Europa. Las críticas suelen centrarse en la represión del régimen contra activistas, periodistas independientes, artistas y ciudadanos comunes. Sin embargo, es importante recordar que el acuerdo también establece que los Estados miembros de la UE tienen el compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en las relaciones mercantiles que establecen con terceros Estados y ello alcanza a las empresas que operan en su territorio.
Las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá son dos empresas que operan en territorio de la UE y poseen instalaciones turísticas en Cuba. Ambas tienen regulaciones en materia de derechos humanos.
El Grupo Iberostar cuenta con un Código de Ética, que incluye el respeto a los derechos humanos. En este acápite, asegura que rechaza "cualquier manifestación de acoso, abuso de autoridad, prostitución, violencia o cualesquiera otras conductas que generen un entorno de trabajo intimidatorio u ofensivo para la dignidad y los derechos personales de sus Colaboradores".
Pese a lo que afirma en su Código de Ética, el Grupo ya ha tolerado al menos una manifestación de acoso y abuso de autoridad contra un trabajador de una de sus instalaciones en Cuba.
En septiembre de 2022, un joven que participó en las protestas que estallaron el 11 julio de 2021 en la ciudad de Camagüey contó que fue sometido a un interrogatorio por agentes de la Seguridad del Estado en el Hotel Coral Level de Iberostar.
"Yo fui un joven que salió el 11 de julio. Ellos vinieron ese viernes, me llevaron para la unidad (de Policía) de Garrido. Me amenazaron con mi familia. Me dijeron que mis padres podrían perder su trabajo por estar vinculados conmigo. Me dieron a firmar un documento, donde ponía que yo accedía a trabajar con la Seguridad del Estado", contó Jesús Javier Basulto, de 23 años.
Trabajar para el órgano del Ministerio del Interior (MININT) no solo implicaba que Basulto no enfrentara ningún proceso judicial por su participación en las protestas, sino que conservaba su plaza en el Hotel Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, inaugurado en diciembre de 2021, donde él había sido ubicado tras graduarse de la Universidad.
Su situación cambió cuando se negó a continuar colaborando con la Seguridad del Estado, por lo que fue citado a una entrevista con oficiales de este órgano, que terminó siendo un interrogatorio, y se realizó en las propias instalaciones del hotel del Grupo Iberostar, en abril de 2022.
En el interrogatorio, que el joven consiguió grabar, un agente de la Seguridad del Estado le dijo que si no colaboraba no puede continuar trabajando en el hotel, después de lo que hizo, en referencia a las protestas, porque el hotel era propiedad de las Fuerzas Armadas. Si le habían permitido continuar allí, había sido como una "concesión".
A Basulto, le dijeron que no podía seguir trabajando en el hotel porque fue "un joven que salió el 11 de julio".
Al admitir esa actitud de la Seguridad del Estado en el Hotel Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, el Grupo violó su compromiso de no aceptar "discriminaciones por razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición".
En su código, Iberostar también se compromete a cumplir las leyes vigentes en el lugar donde desarrollen su actividad y quizás podría escudarse en ello ante un requerimiento de la Unión Europea. El Artículo 42 Constitución cubana también prohíbe la discriminación por raza, color de piel, orientación sexual, edad, etc. Pero no prohíbe la discriminación por ideología u opiniones políticas.
Al acatar las leyes del régimen cubano, Iberostar acepta incumplir su propio código en materia de derechos humanos y va en contra de lo establecido por la UE.
En el mismo caso se encuentra Meliá, que a inicios del presente mes anunció la puesta en marcha de cuatro nuevos hoteles en Cuba. Esta cadena hotelera cuenta con una "Política de Derechos Humanos", aprobada el 30 de julio de 2018, cuyo objetivo es "proteger, respetar y corregir el posible impacto de su actividad empresarial en materia de derechos humanos, y para hacer realidad este compromiso pone su esencia familiar, valores y comportamiento corporativo al servicio del respeto de los destinos, las personas y sus derechos fundamentales".
Entre otros textos universales, la política integra los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Los compromisos que Meliá dice adquirir mediante su política incluyen evitar "cualquier actuación contraria como la explotación laboral (…)", "facilitar la libertad de asociación y la negociación colectiva" y "ofrecer condiciones de trabajo y retribución dignas y justas".
Nada de esto se cumple en Cuba, donde los empleados nacionales de empresas extranjeras no son contratados por estas directamente, sino a través de entidades estatales que se quedan con la mayor parte de los salarios pagados por las empresas y deciden cuál es la "retribución digna y justa" para los trabajadores.
En Cuba no existe la mencionada libertad de asociación. Los trabajadores cubanos no pueden constituir sindicatos legales libremente, fuera de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que responde a los intereses del régimen. En esas circunstancias, la negociación colectiva real y libre es una quimera.
Pero el que hizo la ley hizo la trampa y Meliá incluye entre sus compromisos el "estricto cumplimiento de la legislación laboral aplicable conforme a las leyes del país donde esté operando". Esto parece exonerar a la cadena hotelera de cualquier incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Pero, aunque Meliá podría justificar el incumplimiento de su propia política sobre derechos humanos con las leyes de la Isla, en su informe de gestión de 2021 sobre los años 2019 y 2020, la empresa excluyó los hoteles que opera en Cuba de su autodiagnóstico de gestión en materia de derechos humanos.
¿A qué responde esta exclusión? ¿Será que la empresa española está consciente de que las leyes cubanas son incompatibles con el respeto a los derechos humanos?
¿Ha verificado la UE el cumplimiento, por parte de las empresas que operan en su territorio, de lo que establece el PDCA?
Si el compromiso de la UE con el respeto a los derechos humanos es real tiene que pedirles cuentas a las empresas que operan en su territorio y tienen negocios con el régimen cubano, que violan tanto sus propias reglas como las que plantea el acuerdo de diálogo.
----------La construcción o remodelación de un hotel, al gobierno le cuesta poco porque usa mano de obra esclava. El servicio del hotel también le cuesta barato porque los meseros, las mucamas, etc., reciben un salario ínfimo.