La lista de prisioneros políticos suma al cierre del mes de febrero 1.066 condenados, 11 prisioneros más que en el mes de enero, expone en su último informe la ONG Prisoners Defenders (PD) con sede en Madrid.
"Todos los prisioneros políticos son torturados, como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos de este organismo por ello, que se materializaron en su informe posterior de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba", señala en su informe PD.
En la lista de esta organización continúan 34 menores, y de ellos 30 cumplen sentencia, mientras cuatro están siendo procesados penalmente.
"Buena parte de ellos se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan 'Escuelas de Formación Integral'", dice PD.
''En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba'', apunta esta ONG.
Entre los prisioneros de conciencia, PD destaca el caso de las 116 mujeres presas, incluyendo varias mujeres trans. "Todas las mujeres trans en prisión han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual", apunta el informe.
De la lista de esta organización, 210 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
Prisoners Defenders presentó el 2 de marzo una denuncia ante las Naciones Unidas con más de 400 casos de cubanos encarcelados "que demuestra con todo rigor jurídico la violación sistemática de derechos, con amplios patrones de violación de derechos fundamentales en todas las fases del proceso penal, desde la detención hasta la imposición de penas", dice PD.
"Las violaciones comunes encontradas en todos los casos son la ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad; la inexistencia de abogados defensores independientes; dependencia absoluta de los jueces del sistema penal respecto al poder político y procesos penales en el que se criminaliza y persigue sistemáticamente un abanico interminable de derechos fundamentales'', concluye este informe.
