El Gobierno de Pedro Sánchez en España reconoció que no puede prestar asistencia al preso político del 11J Mario Josué Prieto Ricardo, cubano con ciudadanía española condenado a prisión por el delito de sedición, debido a que sigue teniendo también la nacionalidad de la Isla.
Así lo indicó Madrid en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, después de que el opositor Partido Popular (PP) se interesara por el caso y por el apoyo que el Gobierno le está brindando después de la petición de ayuda de sus padres, los cuales enviaron en septiembre una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, suplicando ayuda.
Exteriores explicó que tanto la Embajada como el Consulado General en La Habana "han venido siguiendo el caso" y han realizado gestiones ante las autoridades cubanas "para aliviar su situación penitenciaria".
Sin embargo, aclararon que, dado que Prieto Ricardo también ostenta la ciudadanía cubana "no es posible prestar la habitual asistencia al detenido", algo que normalmente se brinda en los casos de los españoles encarcelados en el extranjero.
El motivo no es otro que el Artículo 36 de la Constitución cubana, el cual señala que "los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional (...) no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera", explicó Exteriores en la respuesta parlamentaria.
Con todo, aseguró que la Embajada en La Habana "está en contacto con la familia" del preso político. El joven, que residía en Estados Unidos, quedó atrapado en la Isla durante una visita a su familia tras el inicio de la pandemia de Covid-19.
El 11 de julio de 2021 participó en la manifestación contra el régimen en Holguín y fue detenido, si bien salió en libertad dos días más tarde, para volver a ser arrestado el 23 de julio. Posteriormente, fue condenado a 12 años de cárcel por sedición.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió en septiembre al Gobierno un informe jurídico de la situación de Mario Josué. Según esa ONG con sede en Madrid, en el juicio en su contra en ningún momento quedó probado el delito de sedición del que se le acusa y no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción, así como tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud del detenido.
En opinión del OCDH, el hecho de que las autoridades cubanas estén aplicando el "principio de ciudadanía efectiva, no impide que las autoridades españolas intervengan" en este caso, dado que "se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español". Así, sostuvo que "la presión de España podría ser determinante para obtener la liberación".
El Observatorio previno entonces de que Prieto Ricardo es paciente psiquiátrico y había llevado a cabo dos intentos de suicidio.
A estos se habría añadido uno más la semana pasada, cuando intentó suicidarse en el hospital en el que está recluido en Holguín a causa de los problemas de salud que ha presentado desde su entrada en prisión, según denunció su madre.
Prieto Ricardo habría intentado lanzarse desde un quinto piso del centro asistencial donde está, pero los militares que lo custodian y varias personas presentes lo habrían impedido, dijo la madre del preso político. En el hospital es atendido debido a que desde su entrada en prisión ha presentado mareos, fuertes dolores de cabeza y una considerable pérdida de la visión (más del 70% de un ojo).
Aparte de ello, el joven de 27 años presenta ''problemas de neurosis, trastorno de la personalidad e intento suicida'', habían advertido sus padres en cartas de reclamo al Gobierno español para que intercedieran por su liberación.
Pese a ello, "la Seguridad del Estado lo sigue tratando como un criminal, porque a la hora de hacerle las pruebas lo llevan esposado y rodeado por al menos siete guardias", comentó la madre, Niurka Ricardo Hidalgo.
En una carta enviada al Gobierno español, Ricardo Hidalgo había dicho que temía por la vida de su hijo. "Estoy segura de que mi hijo no va a aguantar mucho tiempo en esas condiciones, él sabe que está encarcelado injustamente", advirtió.
El abogado español que atiende el caso de Prieto Ricardo, Enmanuel Oliva, dijo a DIARIO DE CUBA que los funcionarios del Consulado Español en La Habana se niegan a ofrecerle información sobre las gestiones que han hecho ante las autoridades cubanas.
''Los funcionarios del Consulado español en Cuba se niegan a otorgarme un poder general para pleitos y otras facultades a mi favor, se niegan a inscribir en el registro civil consular la renuncia de Mario Josué a su ciudadanía cubana, todo ello en contra de lo que establece la legislación española", dijo el abogado Oliva.
Pueden "explicar" todo lo que quieran, pero aunque se tratara de un ciudadano español y no cubano (como el Carromero envuelto en la muerte de Payá), nunca van a confrontar de verdad a sus socios de negocios ni ponerse "pesados" con la dictadura cubana, que además les resulta afín.
Entró al manicomio con pasaporte cubano solicitado en México cuando andaba huyendo de la justicia estadounidense.
Así que nada puede hacer su abogado. Él mismo se puso la soga en el cuello por querer pasarse de listo.
Mejor se hubiera quedado en los EE.UU afrontando los cargos que se le imputaban e incluso, la condena no sería tan dura como la que le está aplicando el régimen.
Típica respuesta de los comunistas y camaradas.
¿ Oyeron .... Mulas, Mulitas y Mulones ... ?