El prisionero cubano Fidencio Pérez Diéguez falleció el pasado 12 de noviembre después de una huelga de hambre de 56 días, informa en su perfil de Facebook el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid.
La muerte, en la sala de penados del Hospital Amalia Simoni, de Camagüey, ocurre en "protesta por una condena de diez años de cárcel debido al robo de unos caballos en la localidad de Camalote (...), perteneciente al municipio de Nuevitas. El proceso era una represalia de los policías Mikel Desdín y Onel Sánchez Nápoles, este último, hijo del propietario de los animales hurtados", asegura el OCDH.
'"Las declaraciones del fallecido y familiares aseguran que había sido presionado para que identificara a los autores reales del hurto y, cuando no consiguieron una declaración inculpatoria, lo hicieron responsable del delito", añade la nota.
"Pérez Diéguez tenía antecedentes penales por causas anteriores relacionadas, pero en esta ocasión aseguró hasta su muerte que era inocente", dice el reporte.
Esta no es la primera vez que un preso común muere después de una prolongada huelga de hambre en busca de justicia. Andy Reyes Cruz, de 29 años, falleció en septiembre en un hospital en Sancti Spíritus después de 53 días sin ingerir alimentos. El joven, condenado a 28 años de cárcel, pedía una revisión de su caso.
El régimen cubano rara vez informa de las muertes de reclusos comunes por causas no naturales, a pesar de las denuncias de reyertas, malos tratos y vejaciones constantes que sufren a mano de las autoridades carcelarias.
El Gobierno cubano rechaza además, rutinariamente, que organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional o relatores de la ONU puedan visitar sus cárceles y verificar el tratamiento a los reclusos.
Aunque en julio de 2020 la representante permanente del régimen ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales con sede en Viena, Loipa Sánchez Lorenzo, expresó que en Cuba el tratamiento a personas privadas de libertad "se siguen determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad", las numerosas denuncias de torturas y malos tratos de presos políticos y comunes que han pasado por el sistema carcelario en la Isla en diferentes épocas desmienten la versión oficial.
