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Presos políticos

Dos presos políticos cubanos anuncian huelgas de hambre tras ser encarcelados por criticar al régimen en sus redes sociales

El Gobierno los acusa de 'propaganda enemiga' debido al contenido de sus transmisiones.

La Habana
El preso politico cubano Moncho Pérez.
El preso politico cubano Moncho Pérez. Moncho Pérez/Facebook

El opositor cubano Ramón Pérez Conde, conocido como Moncho Pérez, fue condenado a 12 años de privación de libertad por el presunto delito de propaganda enemiga debido al contenido de las transmisiones en directo que realizaba en sus redes sociales, informó el medio de prensa independiente Cubanet.

El acta de la sentencia emitida por el Tribunal Provincial Popular de La Habana acusó al cubano de realizar transmisiones en directo con "contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista de derecho y justicia social cubano".

Aunque las directas realizadas por Pérez tuvieron lugar entre los meses de marzo y junio del pasado año, las autoridades cubanas lo acusaron de promover las protestas del 11 de julio.

Desde junio del 2021 el opositor se encuentra en la compañía seis de la prisión de Valle Grande, y tras conocer el resultado del juicio en su contra anunció que se plantará en huelga de hambre hasta su muerte.

También un cubano residente en Estados Unidos llamado Yuri Almenares González se declaró en huelga de hambre el pasado 16 de junio tras dos años en prisión sin juicio por realizar transmisiones en sus redes sociales criticando al régimen cubano, informó el medio independiente Cubanet.

Almenares González se encuentra actualmente en el cuarto piso, ala norte del edificio tres del Combinado del Este con cargos por el presunto delito de "propaganda enemiga de carácter continuado".

Otros reclusos del penal dijeron al medio de prensa independiente que Almenares González se rapó la cabeza y se vistió de blanco, en demanda de su liberación o de lo contrario un juicio justo.

Tanto Pérez como Almenares González dijeron que la Seguridad del Estado les propuso rebajas en sus sanciones en caso de que colaboraran con ellos, ante lo que se negaron.

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